Crímenes sin castigo: 82 % de causas queda impune en Ecuador
2021/01/2205:53H.
Crímenes sin castigo. Eso explica las razones por las cuales los afectados se niegan a presentar denuncias. Ante la evidencia de que no habrá sanciones, crece la corrupción.
La impunidad es probablemente uno de los principales factores de ruptura de la ley, de abuso de autoridad o de delincuencia. Son públicas las numerosas violaciones de los derechos humanos, el aumento de secuestros, atracos o asesinatos cometidos incluso por personajes de la vida política y económica; sin embargo, estos delitos permanecen impunes, como reflejo de que la justicia no opera.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “impunidad es la inexistencia, de hechos, de derechos, de responsabilidad penal por parte de los autores de conductas delictivas”, sin embargo, no se reduce a lo jurídico, pues también involucra diversas condiciones sociopolíticas que la alimenta, como la corrupción.
De manera general, la impunidad es la falta de castigo o respuesta por una infracción, los elementos se concretarían en relación a los delitos cuando las víctimas o sus familiares no tienen acceso a la justicia; por tanto, no pueden conocer la verdad de lo sucedido, no tienen acceso a la reparación de los daños y a estar protegidos contra la repetición de estos hechos. Por tanto, el derecho a la justicia se concreta en el acceso a recursos judiciales efectivos que permitan “… obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes”. En este derecho se considera subsumido el derecho a la verdad.
La impunidad en la que se hallan implicadas las mismas autoridades, sumada a su incapacidad para detener los crecientes niveles de corrupción, genera en la población un estado de indefensión y desconfianza que difícilmente puede recuperarse.
A propósito de la corrupción la periodista guatemalteca Marta Altolaguirre afirma “Cuando en una sociedad los desvergonzados triunfan. Cuando los abusadores son admirados; cuando ya no hay principios y solo impera el oportunismo; cuando los insolentes mandan y el pueblo los tolera; cuando todo se vuelve corrupto, pero la mayoría guarda silencio; cuando tantos “cuándos” se unen, quizá sea hora de esconderse; hora de interrumpir la batalla; hora de dejar de ser Quijote”.
La letra del tango “Cambalache” de Discépolo parecería expresar el sentimiento de corrupción que anida en muchas personas: “Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador ¡todo es igual! ¡Nada es mejor! ¡Lo mismo un burro que un buen profesor! No hay aplazaos ni escalafón; los inmorales nos han igualao. Si uno vive de la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón…”.
Una mirada en Ecuador
Sin duda la corrupción en Ecuador es uno de los problemas económicos, éticos y sociales que más oprime.
La lista de casos de corrupción en Ecuador es larga entre los más importantes están: Odebrecht, Petroecuador, Petrochina, INA Papers, aportes ilegales a la campaña de Alianza PAIS, etc.
La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos de corrupción y los agrupó en 20 casos, que conmocionan al país. En todos están investigados funcionarios del correísmo y de la actual administración. De hecho, solo Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas están señalados en 26 expedientes. Entre esos constan, por ejemplo, peculado, delincuencia organizada, cohecho, concusión,tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas, asociación ilícita.
El más reciente estudio del Barómetro de las Américas, titulado “Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018/19”, subraya que los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada y admiten haber sido afectados por alguna forma de inmoralidad.
A pesar de la gravedad del problema Ecuador es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe. En el que más ciudadanos afirmaron haber sido afectados directamente por la corrupción, con un 26,6 por ciento, solo superado por Bolivia (38), México (32,2) y Paraguay (28,3). En contraste con lo que sucede en estos países, los habitantes de Uruguay, Chile y Costa Rica son quienes menos resultan afectados por la corrupción, con un 5,9; 6,8 y 8,3 por ciento, respectivamente.
El 88 por ciento de encuestados cree que por lo menos la mitad de los políticos está involucrada en actos corruptos; incluso el 31,5 por ciento estima que todos son corruptos.
Casi la mitad de los encuestados (45,7 por ciento) cree que la corrupción en Ecuador es un problema generalizado. Esta percepción, dice el documento, “podría explicarse por los casos que se han ido conociendo desde que RafaelCorrea dejó el poder”.
Los escándalos de corrupción vinculados a ese Gobierno, que se han destapado durante los últimos años, han contribuido a que las percepciones de corrupción política aumenten, dice el informe.
Pero la corrupción no solo es una percepción que gira en torno a la política. El 26,6 por ciento de los encuestados para el estudio del Barómetro de las Américas asegura haber sido afectado por alguna forma de corrupción durante el último año.
Paradójicamente uno de cada cuatro ecuatorianos considera que, “como están las cosas a veces es justificable el pago de un soborno”. Y para mayor contradicción, quienes fueron víctimas de corrupción son quienes más dispuestos están a tolerar las prácticas corruptas.
Además, según el estudio, aquellos que se consideran interesados en la política nacional están dispuestos a tolerar la corrupción.
Desde 2001 (a partir del 13 de julio) al 31 de diciembre de 2007, se han recibido 971 mil denuncias y se han desestimado 143 mil, por tanto, el sistema debió investigar 828 mil de ellas. De estas, se brindó alguna respuesta (se emitió un dictamen, conversión, procedimiento abreviado, llamamiento a juicio, sobreseimiento o sentencias) en 142 mil ocasiones, lo cual representa un 17 por ciento de las denuncias, resolviéndose efectivamente (conversión, procedimiento abreviado, sobreseimiento y sentencia) un 3,4 por ciento.
Las sentencias representaron menos del 1,5 por ciento del total de denuncias no desestimadas, de las cuales 9.300 eran condenatorias (81 por ciento) y 2.170 absolutorias (19 por ciento). En apariencia, no se ha dado respuesta alguna a 685 mil denuncias, es decir, la criminalidad impune se presentaría en un 82 por ciento de las denuncias no desestimadas.
Reflexiones finales
Si bien el azote de la corrupción en la región ha contribuido a que los ciudadanos empiecen a dudar de la eficacia de las estructuras vigentes para combatirla, los datos del Barómetro muestran una realidad preocupante: los ecuatorianos seguimos siendo tolerantes a la corrupción. De hecho, uno de cada cuatro ecuatorianos justifica pagar una coima; es decir, hay una cultura de tolerancia a la corrupción si obtenemos un beneficio con ella. Así se vuelve mucho más difícil combatirla y seguramente acabar con esa práctica tomará mayor tiempo del que pensábamos.
Corrupción e impunidad son fenómenos indisolubles; causa y efecto en reciprocidad, la agudización de una genera la profundización de la otra. En sentido contrario, el combate a la corrupción es también un combate a la impunidad, y en la medida que esos actos de corrupción sean prevenidos, investigados y sancionados, el nivel de impunidad disminuirá en la misma proporción.
En este contexto es comprensible la desconfianza de la población en la administración de justicia, en especial en las entidades responsables del orden y la paz social. La
justicia se aplica en forma discriminada, lo que explica la profunda desconfianza que la población tiene en la administración de justicia como institucionalidad pública.
La generalizada corrupción y la impunidad demuestran que el sistema judicial no está impartiendo justicia, que la tolerancia, pasividad y resignación de la población son, en buena medida, cómplices y encubridores.
En definitiva, la corrupción y la impunidad arrasan los principios éticos y la sociedad queda inerme ante grupos de poder. Su persistencia además destruye el tejido ético
de la colectividad. Los principales causantes y cómplices son el sistema judicial y los poderes políticos y económicos.