Secretaria de juzgado anticorrupción, bajo la lupa por enriquecimiento ilícito
Sus ingresos anuales de funcionaria judicial llegan a 13 mil dólares. Sin embargo, desde 2020 en sus cuentas y operaciones financieras empezaron a aparecer indicios que no cuadraban. En plena pandemia, Keyla Calderón precanceló un crédito hipotecario de USD 28. 992 por una vivienda, compró un terreno de USD 60 000 y cambió de automóvil dos veces, hasta tener una camioneta Great Wall.
Calderón es funcionaria judicial desde 2015 y por esas distorsiones entre sus ingresos y sus gastos deberá enfrentar una nueva fase de un proceso penal en su contra.
Un tribunal anuló un fallo de primera instancia, en el que la jueza Fabiola Vega, de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, inicialmente la sobreseyó por un presunto enriquecimiento ilícito. Firmaron el fallo de nulidad los jueces Miguel Costaín (ponente), Carmen Vásquez y Beatriz Cruz, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Guayas.
Calderón fue auxiliar de abogacía, en sus primeros pasos en la Función Judicial. Luego fue ayudante judicial. Pero en 2022, tras la conformación de las nuevas salas especializadas en corrupción y crimen organizado, se incorporó como secretaria de juzgado y unidades judiciales, en Pichincha.
El repentino crecimiento en el patrimonio de la funcionaria, a partir de 2020, llamó la atención del Consejo de la Judicatura. En 2021, el organismo, entonces presidido por Fausto Murillo, formalizó una denuncia en su contra.
La investigación fue por asociación ilícita, incluidos indicios de oferta de tráfico de influencias. Luego, el caso cambió a enriquecimiento ilícito. Durante el proceso, se interpusieron medidas cautelares que incluyeron su comparecencia a Recursos Humanos de la Fiscalía en Guayaquil, la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias, hasta un monto de USD 88.000.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas, como informes y partes policiales de 2021 y 2022 con datos sobre la acusada, el informe del resultado de investigaciones y peritajes y un reporte tributario del SRI. Según la Fiscalía, estos eran elementos de convicción con los cuales se probaba la participación de la procesada en el delito investigado.
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LA CONEXIÓN CON LOS BUCARAM Y LOS ISRAELÍES
A la lista se sumó un parte policial, del 11 de septiembre de 2020, sobre un mensaje de correo electrónico que llegó desde el usuario [email protected]. El texto indica: “Buenos días soy Rocky, el motivo porque escribo es porque sé quién es la funcionaria del Consejo de la Judicatura que se nombra en el audio que salió en las redes sociales donde habla Abdalá Bucaram con uno de los israelitas; se trata de la funcionaria Keyla Beatriz Calderon Bello” (sic.).
Esto se refiere al caso que se conoció en agosto de 2020, por supuestos delitos en la venta de pruebas para detectar covid-19. Inicialmente estuvieron involucrados los israelíes Shy Dahan, Oren Shienman, así como Abdalá y Jacobo Bucaram.
Los dos últimos fueron sobreseídos, a pesar de que se hicieron públicos audios de conversaciones entre los Bucaram y Dahan. En esos diálogos el expresidente le ofrece sacarlo de prisión con sus abogados y por sus nexos con funcionarios judiciales. Días después Dahan fue asesinado en la Peniteciaría del Litoral.
Ese correo electrónico fue descartado como prueba, porque según la defensa de la funcionaria la pericia de audio y video no pudo determinar con exactitud si era la voz de Calderón o no, “pues no reúne los parámetros técnicos necesarios para la experticia”.
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La defensa dijo que en la investigación se realizó un cotejamiento de voz, sin su autorización, “utilizando audios, donde ella intervino como secretaria encargada, pues ejerce las funciones de Ayudante judicial, que siempre perteneció al Guayas y no a Santa Elena (...). Se determinó que ese audio no era susceptible de ser periciado y que la voz no corresponde a mi defendida, por lo que no tuvieron cómo culparle del presunto delito de tráfico de influencias y se pusieron a analizar sus cuentas. Ella junto con su hermana y mamá, adquirieron un terreno y fue puesto a nombre de mi defendida, quien es la hija mayor y tenía estabilidad laboral para operar”.
La pericia en contabilidad y auditoría realizada por Vinicio López, de la Contraloría, determinó que en 2020 aumentó notoriamente el saldo en una de sus cuentas en el Banco del Pacífico. Eso le permitió precancelar su crédito hipotecario en junio de ese año y comprar un predio en la urbanización El Condado de Vicolinci, en septiembre.
Código Vidrio buscó la versión de Calderón, por medio de correo electrónico dirigido a las direcciones que constan en el proceso judicial; no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
La defensa de Calderón citó un informe pericial realizado por William Erazo, del Consejo de la Judicatura, quien concluyó que sus ingresos provenían de su trabajo en la entidad. Además, resaltó que llegaron de una economía solidaria en conjunto con su madre, Betty Bello y su hermana, Diana Vargas.
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DECLARACIONES PATRIMONIALES CON INCONSISTENCIAS
Las declaraciones patrimoniales que Calderón subió al sistema de la Contraloría son confusas, con patrones cambiantes.
En 2018, su patrimonio ascendía a USD 11.382 y tenía un auto Chevrolet de 2016. En 2020 aparecen dos declaraciones. En una registró USD 24.203 y en otra, 62.947. Para entonces, constaban entre sus propiedades dos autos: un Toyota de 2019 y un Ford de 2013. Y en 2022, sus declaraciones también variaron, pues pasaron de USD 88 035 a 24 540. En 2023, el valor bajó a 17 139.
Esas variaciones responden a los pasivos, pues en 2022 solo constaban obligaciones con el Consorcio del Pichincha y tarjetas de crédito. En 2023, sus activos suman USD 97.085, por una casa, un terreno y una camioneta Great Wall del año. Y aparecen más pasivos: préstamos personales a su madre por USD 30.000 y a un abogado por 10.000 (Wilmer Pesántes Yánez), además de tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario, por USD 35.000, y la deuda con Consorcio del Pichincha.
En primera instancia, la jueza Vega decidió sobreseer a Calderón porque consideró que los elementos que entregó la Fiscalía no eran suficientes y fueron desvirtuados con los argumentos de la defensa. Su fallo incluyó la revocatoria de todas las medidas cautelares. Sin embargo, la Fiscalía apeló.
El 23 de junio pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas se instaló y consideró que en el fallo de la jueza Vega se omitió el pronunciamiento sobre elementos de cargo y descargo fundamentales en la investigación. Entre ellos, el tribunal presidido con el juez Costaín citó los valores que Xavier Mogro depositó a Calderón y que fueron justificados como una devolución de un viaje a Europa que la funcionaria no habría podido realizar, debido a la pandemia. De acuerdo con el dictamen que anuló el sobreseimiento, el informe del perito señaló dos depósitos inusuales que Mogro se hizo a sí mismo, antes de transferir el dinero a la procesada. No se conoce el origen de ese dinero.
Este fallo también plantea dudas sobre una compra-venta de un vehículo entre Calderón y su hermana. No hay documentación suficiente que certifique esa transacción; tampoco se encontró “una explicación clara sobre los supuestos préstamos que habría adquirido la madre de la procesada con los cuales se trató de justificar el pago de contado que hizo a un préstamo con el BIESS.
Para el Tribunal, hace falta más claridad y evidencias sobre el presunto enriquecimiento ilícito y los orígenes de algunas de las transacciones. En resumen, para los jueces existen incongruencias en el sobreseimiento dictado a su favor inicialmente. Ahora, otro juez deberá pronunciarse sobre el caso.
