Más de 450 niños fueron asesinados en menos de un año en Ecuador: "es el espejo más crudo del sicariato"
Ecuador registra un incremento del 171 % en homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes, alertó la Defensoría del Pueblo, tras la masacre ocurrida en el Guasmo, al sur de Guayaquil, en la que cuatro niños, de entre 5 meses y 7 años, fueron víctimas de un ataque armado.
"Este incidente, reflejo de un aumento alarmante en los actos de sicariato y violencia, subraya una emergencia de seguridad nacional", señaló la institución.
Por su parte, el Ministerio del Interior, señala que la cifra de muertes de menores en el país es inferior a la reportada por la Defensoría. Según cifras de este ministerio registradas hasta el 30 de septiembre de 2023, 244 menores entre 1 y 17 años han sido víctimas de muertes violentas en todo el país.
Al calificar la cifra como "inaceptable", la entidad defensora de derechos humanos detalló que unos 455 niños y adolescentes fueron asesinados entre enero y septiembre en el país. Por lo que exigió una intervención inmediata y efectiva del Estado.
"Una masacre que se convierte en el espejo más crudo del sicariato en Ecuador, cuya expresión se refleja en la tasa de homicidios más alta en esta zona del país con esta modalidad", se enfatizó.
La situación en la provincia de Guayas "es particularmente grave", donde se registra la mayoría de casos, agregó el texto.
Lea también: Murió la mamá de los niños asesinados en el Guasmo: estaba embarazada y nunca supo lo ocurrido con sus hijos
En vista de aquello, la Defensoría del Pueblo anunció que, en uso de sus atribuciones de protección y tutela de derechos, ha exhortado:
Al Gobierno Nacional, a gestionar de manera urgente los recursos necesarios para una efectiva estrategia nacional de combate a la delincuencia organizada incluyendo, de ser necesarias, reformas normativas y de política pública que garanticen el enfoque de seguridad humana y el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia.
Recuperar y fortalecer los equipos de inteligencia del Estado a efectos de prevenir futuros actos de violencia.
A la Policía Nacional, al tiempo de reforzar los procesos de investigación tendientes a la identificación, detección y captura de los autores de estos asesinatos, impulsar protocolos de prevención de la violencia en los barrios y comunidades del país.
A los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de la Mujer y Derechos Humanos, a articular la intervención inmediata de equipos técnicos necesarios y especializados para garantizar el acompañamiento psicosocial a la familia de las víctimas.
A la Gobernación del Guayas que, bajo los lineamientos de política pública en materia de seguridad del Gobierno Nacional, desarrolle planes de intervención territorial que permitan reducir los índices de muertes violentas especialmente de niños, niñas y adolescentes.
A la Fiscalía, disponga de manera urgente las medidas necesarias para la consecución de la investigación penal y se garantice la no revictimización de los padres y familiares; además, incluir la disposición de evaluación del riesgo que pudiese presentar el entorno familiar de las víctimas.
Por su parte, la Defensoría se comprometió a vigilar de cerca las acciones del Estado desde su rol y competencias constitucionales.
"Estas cifras no son solo estadísticas; representan vidas jóvenes perdidas, como las de Jordana, Briana, Adiel y Aitana, y sus padres Rosa Elvira y Jhordan, víctimas recientes de esta ola de violencia", resaltó la institución.
