Funcionarios, exfuncionarios y empresario son vinculados por presunto peculado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo
Cinco personas, entre funcionarios y exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, y un representante de una compañía proveedora, fueron vinculadas al caso que se sigue por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos y prótesis de hombros para de dicha casa de salud. El perjuicio al Estado sería de 1’455.462 dólares.
Fiscalía inicio una investigación a mediados de julio de 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la CGE, por el presunto perjuicio en un contrato de adquisición de insumos y prótesis de hombros para la Unidad Técnica de Traumatología del hospital, en el periodo corresMipondiente al año 2019.
Una vez recaudados los elementos de convicción necesarios, Fiscalía solicitó –el 17 de agosto de 2022– la audiencia de formulación de cargos contra Susana Sumpy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (funcionarios de la casa de salud) y Julia M. P. (contratista), a quienes se les dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante Fiscalía. Además, dictó la prohibición de enajenas sus bienes por un monto de 350.000 dólares a cada uno.
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Mientras que, en la audiencia de vinculación desarrollada el pasado viernes 14 de octubre en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal César Suárez Pilay presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado (CGE) y el informe contable que determina un perjuicio económico de alrededor de 1’455. 462 dólares por un contrato para el área médica de la casa de salud.
Además, el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), versiones de los auditores de la CGE, copias certificadas del contrato remitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el acta de entrega-recepción de las prótesis, los requerimientos solicitados para el área de Traumatología, la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos) y la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
También, informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística e investigativo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, ambas de la Policía Nacional, entre otros.
La jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, acogió el pedido de Fiscalía y vinculó al proceso a Carlos Arturo V. F., Hayro Adalberto D. V., Julio Alejandro R. M., Andrés Alexander L. H. y Jorge Josué H. A.
La magistrada dictó prisión preventiva para el ex jefe de compras públicas de la casa de salud, Jorge Josué H. A., mientras que para los demás dispuso la presentación los 15 y los 30 de cada mes, ante el Fiscal de la causa.
Además, resolvió la prohibición de enajenar bienes por 350.000 dólares para cada procesado.El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
