Extorsionadores se identificaron como miembros de un cártel mexicano para atemorizar a comerciantes
Cuatro personas fueron procesadas por el delito de secuestro extorsivo contra comerciantes. La primera víctima fue contactada en el local comercial que administraba, ubicado en el centro de Quito.
Un hombre le ofrecía mercadería a crédito y afirmaba tener convenios con una distribuidora en Colombia. Le indicó que para completar estos negocios debía viajar hasta la ciudad fronteriza de Ipiales. La víctima se movilizó con un amigo y siguiendo las instrucciones llegaron hasta Tulcán, provincia de Carchi.
En esa ciudad se hospedaron en un hostal y al día siguiente fueron conducidos hasta una vivienda donde se encontraron con personas encapuchadas y vestidas con uniformes militares, que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Cártel Jalisco Nueva Generación de México.
Los delincuentes les obligaron a entregarles las claves de las aplicaciones de los diferentes bancos y –mediante amenazas e intimidación– se consignaron 5.000 dólares. Los liberaron al tercer día en un sitio cercano a una gasolinera. En ese lugar se encontraron con otra comerciante, también víctima de los sospechosos, quienes usaron la misma modalidad para abordarla y le pidieron la cantidad de 10.000 dólares.
La Policía Nacional fue alertada sobre el hecho y varios agentes de las unidades especializadas acudieron al lugar. Luego de tener conocimiento sobre características de los secuestradores, actuaron en flagrancia y detuvieron a los cuatro procesados.
Con base en los elementos presentados por Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Tulcán dictó prisión preventiva a Alexis Rafael M. V., Vincent Josafat L. A., Donny Wladimir R. C. y José David P..
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó varios elementos entre los que constan las versiones de las víctimas, los informes psicológicos que determinaron la afectación emocional que sufrieron los comerciantes, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.
