China Andes Petroleum renegocia extensión de plazo, en medio de críticas por posible cementerio de desechos
No hay plazo que no se cumpla. Inexorablemente, tres contratos hidrocarburíferos con inversiones chinas en territorio ecuatoriano llegan a su fin. Uno de ellos, el convenio de Andes Petroleum para la operación del bloque 62 en Tarapoa, se encuentra en “análisis de negociación para extensión del plazo”, según confirmaron fuentes del Ministerio de Energía, a revista Vistazo. Este acuerdo se termina en 2025.
El segundo es el contrato de PetroOriental, que opera los bloques 14 y 17 en la Amazonía ecuatoriana. “El Ministerio de Energía y Minas aún no cuenta con una propuesta oficial de la compañía” para una eventual negociación, según el Ministerio, en respuesta a la inquietud de esta redacción. Estos contratos también terminan en 2025.
Finalmente, capitales chinos –entre otros, de origen privado- integran el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El contrato para la construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación del Servicio Público del Transporte de Hidrocarburos, en su cláusula 4.1, fijó un plazo de vigencia de 20 años, desde el inicio de operación.
Tal plazo acaba de vencer este 21 de enero, según explican fuentes del Ministerio. De hecho, la fecha inicialmente prevista para la finalización era el 11 de noviembre de 2023. Sin embargo, los eventos de “fuerza mayor” ocasionados por la erosión regresiva del Río Quijos y sus afluentes, ocurridos a partir del siete de abril de 2020, motivaron que el Viceministro de Hidrocarburos concediera a la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) un plazo adicional de 71 días, 19 horas y 58 minutos adicionales. El tiempo fue contabilizado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La fecha de finalización, según este conteo oficial fue el 21 de enero de 2024, a las 19 horas y 58 minutos.
Según el Ministerio de Energía, “no se ha tenido una propuesta oficial por parte de la Compañía de Oleoducto de Crudos Pesados LTDA, para una posible extensión contractual”. Y al precisar cuál es el estado, menciona que “actualmente este Ministerio desarrolla el proceso de Transición previsto en el Contrato de Autorización, el cual contempla que el Estado y la compañía deberán subsanar cualquier discrepancia de orden técnico y legal dentro del contrato vigente, previo a la entrega del Estado”.
¿Fueron beneficiosos los contratos para el Estado? Esta alianza pidió al Ministerio la cuantificación en cada caso. La operación de Andes Petroleum en el bloque Tarapoa dejó un beneficio estimado oficialmente en 4.125 millones de dólares, entre 2011 y octubre de 2023, cita el Ministerio.
La operación de PetroOriental en los bloques 14 y 17 dejó un beneficio para el Estado de 1.417 millones de dólares, entre 2011 y octubre de 2023, según la fuente.
De su lado, el contrato de autorización del OCP prevé un beneficio por participación del Estado ecuatoriano en las cifras de transporte, asegura la autoridad oficial: éste rubro ha generado ingresos por más de 27 millones de dólares. Aparte, hay otras contribuciones: 280,8 millones por aranceles e IVA incluidos en la construcción del oleoducto. Además, las obligaciones contractuales del OCP por impuestos fueron de 17,6 millones. Está pendiente el cierre del ejercicio fiscal de 2023, para el impuesto a la renta. Y hay proyectos de responsabilidad social ejecutados en cuatro provincial, 11 cantones y 39 parroquias, según puntualiza el Ministerio. Desde 2001 se generaron más de 700 proyectos y apoyos puntuales; de ellos, más de 45 millones se invirtieron en los proyectos de responsabilidad social.
Ahora bien, las operaciones hidrocarburíferas chinas en Ecuador tienen detractores. Colectivos de la sociedad civil que han monitoreado desde hace más de seis años el desarrollo de estos proyectos, incluyeron en sus informes a varios de ellos, con serias observaciones.
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Cuestionamientos
China está atravesando el Cuarto Examen Periódico Universal. Se trata de un proceso de evaluación, en el marco de mecanismos previstos por Naciones Unidas, que parten de principios de obligaciones extraterritoriales de los Estados. “Un Estado que ha reconocido en su jurisdicción una empresa tiene la obligación de agotar esfuerzos para que este agente económico no vulnere derechos por fuera de sus fronteras”, explica Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional de Amazon Watch. Esta organización internacional integra el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, CICDHA. El informe sobre “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina: casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela” analiza 28 proyectos en total. De ellos, ocho se realizan en Ecuador.
“China tiene la habilidad de adaptarse al contexto internacional bastante rápido. Como sociedad civil era muy complejo llegar con reclamaciones, ni siquiera las embajadas responden a los oficios, desde traducir, encontrar un lugar, hay distancias geográficas, idiomáticas y condiciones políticas que devienen en una diplomacia económica indebida. Buscamos mecanismos de las Naciones Unidas, en esta caso el Tercer Examen Periódico Universal de China, en 2018”, explica la experta. Este instrumento evalúa a un estado cada cuatro años y medio. China ratificó el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. En ese contexto, la primera evaluación de 2018 estableció observaciones en 18 proyectos en cinco países. Para el Cuarto Examan Periódico Universal se monitorearon 28 proyectos, en nueve naciones.
Según la experta, las recomendaciones que acogió China luego del Tercer Examen “no fueron suficientes; las observaciones le dicen a China que desarrolle mecanismos de responsabilidad jurídica a las empresas, esto no había ocurrido, a veces las empresas tienen un poder de influencia superior a los Estados; son generalmente sujetos de derechos, pero cuando vulneran derechos de terceros logran una arquitectura de impunidad, porque derivan la responsabilidad al Estado y no a la empresa”. En marzo de 2023, se emitieron nuevas observaciones para China, referentes al cambio climático y a su financiamiento directo, el cual “debe evaluar la situación de cada país para evitar un sobreendeudamiento, este es un guiño a Ecuador”.
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Andes y el bloque 62, Tarapoa
La operación de la petrolera Andes en Tarapoa está incluida en el informe presentado para el Cuarto Examen Periódico. Las actividades impactan en las comunidades de la cuenca del río Waiya, en las parroquias de Tarapioa, Cuyabeno y Aguas Negras, del cantón Cuyabeno. Indígenas de nacionalidades Siekopai, Siona y Kichwa viven los efectos, al igual que campesinos mestizos. Según el informe, la operación vulnera el derecho a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación, al territorio y a la vida.
Andes Petroleum está conformada por capitales de China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC).
Según el informe de monitoreo, Andes Petroleum opera 14 pozos y es responsable del 22 por ciento de la producción en 2023. Participa en el holding que conforma el OCP. “Entre 2014 y 2016 la empresa ejecuta varias actividades de exploración del sector oeste del bloque Tarapoa (WBT) y la construcción de seis plataformas, vías de acceso y la perforación de 18 pozos exploratorios”.
“En mayo de 2017 monitores comunitarios indígenas Siekopai denuncian contaminación en las fuentes de agua, la presencia de manchas de hidrocarburos, espuma, aceite, olores fuertes de químicos y alta turbidez del agua. En otras zonas, comunidades indígenas denunciaron que la petrolera Andes Petroleum construye un cementerio de desechos tóxicos sin socializar los estudios de impactos ambientales y sin tener la licencia ambiental”.
De acuerdo con ese informe, la afectación llega a 500 habitantes de las comunidades de Paz y Bien; 200 habitantes de la comunidad La Libertad; 500 habitantes de la comunidad Jesús del Gran Poder; 500 habitantes de Poza Honda y 500 habitantes de Nueva Santana.
Según las comunidades Sotosiaya y Waiya la construcción de la plataforma TSW-E requirió la excavación de canales profundos, “sin la consulta previa a las comunidades”. La obra impactó en la hidrografía de la zona: “El desvío del agua del esterio AriPocoya, tributario del río Pocoya y Waiya, provocó la sequía casi total de estero”. El siete de agosto de 2017 la empresa habría impedido el ingreso de monitores al sitio”.
Además, en noviembre de 2012, Sinopec (contratada por Andes) inició trabajos de exploración sísmica 3D, con la colocación de explosivos por el territorio de la comunidad Siekopai de San Pablo de Kantesiyá. “La empresa instaló un campamento de trabajadores petroleros dentro de la comunidad, lo que alteró la vida en la comunidad: disparó el consumo de alcohol, provocó que violencia sexual y de género presentes se disparen”.
En octubre de 2017, Andes “realizó la construcción de un cementerio de desechos tóxicos de cortes de perforación de al menos 30 piscinas, sin un estudio de impacto ambiental o licencia ambiental. La obra se construye a 500 metros del centro educativo César Borja; a 800 metros de la planta de tratamiento de agua potabe y a 300 metros de aluentes de agua que alimentan el río Waiya.
El bloque Tarapoa reportó una producción de 23.228 barriles de petróleo por día, a 2023, según el Ministerio.
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Beneficios al Estado ecuatoriano por la operación de Andes Petroleum hasta 2023
Los beneficios que ha recibido el Estado Ecuatoriano a través de la distribución de los ingresos por las exportaciones de crudo del bloque Tarapoa operado por Andes Petroleum desde el año 2011 a octubre de 2023, son los siguientes:
Andes Petroleum es un consorcio conformado con las inversiones de China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec).
Inició sus operaciones en 2006. Para 2015, las autoridades de la época estimaban que había producido un promedio de 52 mil barriles diarios de petróleo, con la aplicación de nuevas tecnologías. A ese año había incorporado 130 millones de barriles a las reservas totales, perforando 22 pozos exploratorios. Las autoridades ecuatorianas de esa época elogiaban “la confianza de empresas chinas”, según palabras del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Y.
