Gobierno refuerza medidas para garantizar suministro de agua y advierte a quien intente paralizar servicios
Ante el anuncio de movilizaciones y el creciente clima de tensión, el Gobierno decidió este jueves tomar acciones para asegurar el suministro de agua en las provincias más afectadas.
El Ministerio de Ambiente y Energía dispuso una serie de acciones con el objetivo de asegurar el suministro continuo de agua potable, para riego y saneamiento en todo el territorio ecuatoriano.
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En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera de Estado recordó también, en el marco una convocatoria de paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que la paralización de un servicio público conlleva una pena privativa de libertad de uno a tres años.
El Ministerio estableció este jueves contacto directo con las juntas administradoras de agua a nivel nacional, a cuyos representantes instó a mantener operativos los sistemas de distribución y a garantizar el suministro del líquido vital en sus jurisdicciones.
Además, se ha desplegado personal técnico especializado en todas las provincias del país, con miras a monitorear de forma constante las redes de abastecimiento, identificar a tiempo cualquier irregularidad y reportarla de inmediato.
Crece el clima de tensión
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) convocó a una movilización hacia la ciudad de Latacunga, capital de esta provincia andina, donde el presidente Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a comienzos de esta semana, con el objetivo de despachar desde allí.
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Ante el anuncio de estas movilizaciones y el creciente clima de tensión, el mandatario decidió este jueves ampliar a ocho el número de provincias bajo estado de excepción, argumentando una “grave conmoción interna”. Además, impuso un toque de queda nocturno en cinco de ellas —incluida Cotopaxi—, que regirá desde las 22h00 hasta las 05h00.
El movimiento indígena ha protagonizado anteriormente dos levantamientos sociales, en 2019 y 2022, que obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir sus intentos de eliminar el subisidio el diésel.
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