Un juez ordenó prisión preventiva para Roberto Cristóbal A., servidor público del Ministerio de Educación, luego de que la Fiscalía formulara cargos en su contra por la presunta oferta de realizar tráfico de influencias. La medida fue informada este miércoles 14 de octubre.
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La tarde del martes 13, la Fiscalía lideró allanamientos en tres inmuebles ubicados en Iñaquito, Chillogallo y San Juan, en Quito. Durante las diligencias se levantaron teléfonos celulares y documentos relacionados con la investigación previa, iniciada en mayo de 2026.
Los indicios recabados apuntarían a la participación de funcionarios públicos que presuntamente ofrecían puestos de trabajo en instituciones educativas a cambio de dinero.
Investigan presuntos cobros por cargos y títulos académicos
José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, dio más detalles sobre el presunto esquema de corrupción que vincula a un funcionario.
Gracias a una alerta ciudadana recibida en abril de 2026, la Secretaría General de Integridad Pública, con apoyo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, inició la investigación.
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Según Neira, la persona investigada habría recibido entre USD 1.000 y USD 10.000 de varios ciudadanos a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios.
Luego del análisis, la Secretaría General de Integridad Pública presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se desarrollen las diligencias.
Según la posible dinámica del esquema, un ciudadano acordaba con el principal investigado el pago por la obtención de un título académico. Tras realizarse la transferencia, el dinero era retirado y entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.
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Neira indicó que los hechos se investigan bajo la hipótesis de un presunto delito de cohecho. Advirtió que el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal sanciona tanto a los funcionarios que reciben o aceptan beneficios indebidos como a quienes los ofrecen, entregan o prometen.
Asimismo, enfatizó que este caso evidencia la importancia de contar con canales y alertas de posibles actos de corrupción.
"Un cargo público no se compra. Un título académico no se negocia. La función pública no está en venta. No ofrezcas, no pagues y no aceptes dinero indebido", concluyó el funcionario.
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