La Fiscalía allanó al Municipio de Francisco de Orellana en el marco de una investigación por presunta falsificación y uso de documento falso.
El procedimiento se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles, 26 de agosto, como un “acto urgente” con el fin de recabar indicios relacionados con el caso.
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Agentes policiales irrumpieron en varias zonas del cabildo e incautaron computadores, teléfonos celulares y documentación.
Por el momento, el Ministerio Público no ha dado detalles sobre la investigación. Únicamente, se limitó a comentar que el proceso inició en febrero de 2026, tras la denuncia presentada por un concejal.
Municipio reacciona al allanamiento
El Municipio de Francisco de Orellana informó que la investigación está relacionada con una “presunta irregularidad en la documentación de un proveedor dentro de un proceso de contratación”.
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Agregó que brindó todas las facilidades para el desarrollo de las diligencias efectuadas en la institución.
“Desde el inicio del procedimiento, se colaboró de manera abierta y oportuna con la Fiscalía y la Policía Nacional, entregando la información requerida y permitiendo el cumplimiento de las actuaciones investigativas, en estricto respeto a las competencias de las autoridades”, dice el comunicado.
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¿Cuál es la sanción por falsificación de documentos?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que es un delito la falsificación o modificación de documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica.
Quienes incurran en estos actos pueden enfrentar pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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