Una investigación por presunto maltrato animal derivó en la detención de Federico Mentasti, de 54 años, en la localidad de Pilar, Argentina. La intervención policial se ejecutó tras la difusión de videos grabados por vecinos y la denuncia presentada por la agrupación proteccionista Colmillitos al Rescate junto al abogado especializado en derecho animal, Marcelo Chumbita.
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Mentasti promocionaba sus servicios como "licenciado en comportamiento animal" y etólogo a través de la firma EducABLE K9, ofreciendo asesoramiento para perros con problemas de conducta. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que dicha acreditación profesional no está probada en el expediente y solo consta en los dichos del propio imputado.
Hallazgos durante el allanamiento en Del Viso
Durante el operativo de urgencia realizado en la vivienda del acusado, efectivos de la Policía Bonaerense hallaron el cuerpo de un perro raza dogo en el fondo de una piscina. El animal presentaba un estado avanzado de desnutrición, además de ataduras de tanza en el hocico y las patas, y una correa ajustada al cuello.
En la misma propiedad, las fuerzas de seguridad y activistas de las organizaciones Colmillitos al Rescate y Soplo de Vida lograron rescatar a otros siete perros —entre ellos un Schnauzer y un Pitbull— que permanecían en condiciones de hacinamiento y con signos compatibles con agresiones físicas. En el sitio también se incautaron elementos como palos, que fueron sumados a la causa como evidencia.
Situación judicial y debate por la legislación
El imputado fue trasladado a la Comisaría 4ª de Pilar y se negó a declarar durante la audiencia de indagatoria ante el fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1. Aunque no registra antecedentes penales, la querella señaló que existen denuncias públicas y quejas en redes sociales contra Mentasti desde 2017 por hechos similares ocurridos con animales dejados a su cuidado.
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Actualmente, los siete perros rescatados se encuentran bajo custodia judicial y reciben evaluación veterinaria antes de poder ser entregados en adopción. El caso reabrió el debate en el Congreso argentino para reformar la Ley 14.346, cuyas penas actuales (de 15 días a un año de prisión) hacen que este delito sea excarcelable, por lo que organizaciones civiles exigen un aumento en las sanciones.
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