Presentan pruebas en juicio político contra tres vocales y la expresidenta de la Judicatura
En el pleno de la Asamblea Nacional inició ayer el juicio político en contra de Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, por incumplimiento de funciones. Este jueves 1 de septiembre, a las 10h00, se reinstala la sesión.
Ayer se expusieron las pruebas de cargo por parte de los asambleístas interpelantes Viviana Veloz (UNES) y Luis Almeida (PSC); y de descargo.
Veloz inició su intervención señalando que el juicio político tiene como objetivo que la justicia recupere su "autonomía e independencia". En sus argumentos precisó que el Consejo de la Judicatura incumplió sus funciones al no llamar a concurso de méritos y oposición para cubrir el déficit de 400 jueces y fiscales.
Mencionó que a través de 100 pruebas documentales y testimoniales demostró que la evaluación de jueces y conjueces estuvo llena de falencias, ilegalidades e irregularidades, así como en la selección de fiscales provinciales.
Además, afirmó que hubo violación a la seguridad jurídica en el proceso de evaluación de 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, realizado en 2019. La norma dice que se debe evaluar por tercios, cada tres años, pero se lo hizo a casi su totalidad, es decir no se respetó el debido proceso ni se lo hizo en el momento oportuno, señaló Veloz.
La asambleísta enfatizó que no existe la figura de conjueces temporales a la que acudieron los actuales vocales del Consejo de la Judicatura para llenar las vacantes que se produjeron con la separación de los jueces que no superaron la fase de evaluación. Y que se incumplió el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial al no tomar en cuenta el banco de elegibles, subrayó.
De su parte, el parlamentario Luis Almeida habló de una serie de incumplimientos del Consejo de la Judicatura.
Mencionó que el vocal Morillo manejó el sistema de administración de sorteos y citaciones donde desaparecían demandas. Indicó que el Parlamento debe liberar a la justicia. Hago mías las expresiones y moción de la legisladora Viviana Veloz, indicó Almeida, al señalar que hace falta la evaluación de jueces a nivel nacional.
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VOCALES DE LA JUDICATURA
En su defensa, Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, expuso las normas y resoluciones que facultarían a este organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Dijo que el Consejo se encargó de evaluar a los jueces con el apoyo de un comité de expertos que brindaba asistencia técnica, pero jamás delegó esta competencia.
La evaluación a los jueces se lo hizo de forma técnica y objetiva para remover a aquellos funcionarios que no alcanzaron un puntaje de 80%, es decir, jueces incompetentes que no estaban capacitados para administrar justicia, enfatizó.
Murillo señaló que para no suspender el sistema nacional de justicia, porque el 80% de jueces no superó las pruebas de evaluación, nombró a conjueces.
Sobre el nombramiento de fiscales provinciales, dijo que se declaró la nulidad de ese concurso, porque la Contraloría observó que el sistema no daba seguridad ni transparencia.
De inmediato expuso su defensa el vocal Juan José Morillo, quien subrayó que no existe argumento alguno que demuestre el incumplimiento de funciones. Precisó que el Consejo de la Judicatura realizó un proceso de evaluación al amparo de lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Mencionó que debido al incremento de patrimonios injustificados el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría realice un examen especial del patrimonio de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Después, Maribel Barreno se refirió a las siete acusaciones de los interpelantes. Entre otros, aspectos, justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó sus facultades.
Aseguró que la nominación de conjueces temporales se hizo para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación; y, en razón de que estaba agotado el banco de elegibles por efecto de la resolución emitida por Gustavo Jalkh en el 2018.
Al finalizar su intervención, los vocales solicitaron archivar el juicio político.
