Ecuador decidió endurecer las medidas comerciales contra Colombia al incrementar la denominada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones provenientes del país.
Esta medida, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, forma parte de una estrategia vinculada a la seguridad fronteriza y al combate contra el narcotráfico y otras economías ilegales.
Inicialmente, la tasa fue fijada en un 30% y empezó a regir desde el 1 de febrero. Sin embargo, tras evaluar la situación en la frontera norte y considerar insuficientes las acciones del lado colombiano, el Gobierno ecuatoriano resolvió elevar este recargo hasta el 50%, con vigencia desde el 1 de marzo.
Ahora, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ha anunciado que Ecuador aumentará el arancel de seguridad sobre las importaciones colombianas en un 100% a partir del 1 de mayo.
Argumentos del Gobierno ecuatoriano
El Ejecutivo sostiene que esta medida responde a la falta de cooperación efectiva por parte de Colombia en el control de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Según las autoridades, estos problemas generan altos costos en seguridad para Ecuador, lo que justificaría la aplicación de este tipo de gravamen adicional.
La tasa de seguridad se aplica sobre el valor de las mercancías en el proceso de importación, lo que incrementa significativamente el costo de los productos colombianos en el mercado ecuatoriano. Esto ha tenido un impacto directo en el comercio bilateral, reduciendo el intercambio y generando preocupación en sectores empresariales.
Tensiones y respuesta de Colombia
La decisión ha provocado tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Colombia ha rechazado la medida y ha respondido con acciones similares, como la imposición de aranceles a productos ecuatorianos, lo que ha intensificado el conflicto comercial entre las dos naciones.
En este contexto, el caso ha sido llevado ante la Comunidad Andina (CAN), donde se evaluará si la medida ecuatoriana cumple con las normas del bloque. Mientras tanto, la disputa continúa afectando tanto a empresas como a consumidores en ambos países.
