El Consejo de Estado francés anuló el decreto que financiaba la renovación de bosques y frenó uno de los programas ambientales más ambiciosos de Europa. El 15 de julio de 2026, el tribunal tomó la decisión tras una demanda de la asociación ambiental Canopée, que cuestionaba la falta de consulta pública previa.
Los montes franceses afrontan una crisis silenciosa: los árboles mueren a un ritmo acelerado por plagas, sequías severas, incendios descontrolados y la pérdida de capacidad para absorber carbono. El Gobierno había propuesto plantar mil millones de ejemplares antes de 2032, con una meta intermedia de 467 millones para 2026, como respuesta urgente a esta emergencia forestal.
Por qué la Justicia detuvo el programa
El decreto aprobado en mayo de 2025 establecía ayudas públicas para renovar las masas forestales y constituía la herramienta central del plan. El Consejo de Estado consideró que el mecanismo podía afectar al medio ambiente y, por eso, exigía una consulta pública previa que no se realizó antes de aplicarlo.
La anulación no cancela la meta de mil millones de ejemplares, pero deja sin efecto el principal instrumento financiero para lograrla. Esto abre un vacío regulatorio mientras el Gobierno busca alternativas para continuar con la iniciativa forestal.
La controversia sobre métodos de renovación
Organizaciones ambientalistas cuestionan que el programa financie talas seguidas de replantación, incluso en zonas donde árboles sanos aún permanecen de pie. El debate expone divisiones profundas sobre la mejor forma de restaurar los montes franceses frente a la crisis climática.
En 2026, el Senado francés señaló que aún faltan datos sobre cuántos árboles fueron plantados o regenerados, por lo que sigue sin saberse si Francia podrá alcanzar los mil millones previstos para 2032. La incertidumbre refleja la complejidad de ejecutar un programa de esta magnitud, cuestionado por su viabilidad y sus métodos.
