La madre, la esposa y primos de Alvarez habrían participado en una estructura destinada a proteger activos y bienes presuntamente obtenidos mediante la supuesta comercialización ilegal de combustibles.
Son más de 40 bienes, valorados en casi USD 14 millones, que evidencian tres patrones: control territorial, sistemas de vigilancia y compras por montos inferiores a su valor real.
