Minería ilegal sostiene la economía de grupos armados en Colombia: más del 80% del oro que sale del país es de origen criminal
Por: Bianca Padró Ocasio
A medida que sube el precio del oro en el mundo, los grupos armados en Colombia se disputan los territorios de minería ilegal, una fuente cada vez más importante de financiamiento a actividades criminales y terroristas. Una investigación de OjoPúblico –en base a documentos reservados de la fiscalía colombiana, a los que accedió como parte de la serie investigativa Narcofiles– revela cómo la extracción ilegal de oro sostiene la economía del crimen, generando asesinatos y desplazamientos mientras más se expande. Uno de los documentos señala que en varias regiones del país la minería ilícita representa más del 50% del total de la economía de los grupos criminales.
A los 25 años, Rosa Amalia Mendoza parecía haber vivido varias vidas. Había sido integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero abandonó las armas y se desmovilizó luego del Acuerdo de Paz con el gobierno en el 2016. Después de ese cambio fundó una organización para los derechos humanos de los campesinos en el departamento de Bolívar, al norte de Medellín. Se enamoró y tuvo una hija. A los 25 años, un 25 de diciembre de 2020, a eso de las 4 de la mañana, Rosa Amalia Mendoza fue asesinada.
Una serie de documentos secretos de la Fiscalía de Colombia –a la que OjoPúblico tuvo acceso como parte de la serie investigativa NarcoFiles– revela que este crimen fue considerado un “hecho detonante” en la disputa por el territorio y el negocio de la minería ilegal que hasta hoy mantienen distintos grupos armados y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Luego de dejar las armas, Rosa Amalia continuó viviendo en el municipio de Montecristo, su lugar de nacimiento y el mayor productor de oro en Bolívar. Históricamente, las FARC dominaban el negocio de la minería ilegal en esa región, en paralelo con estructuras del Ejército de Liberación Nacional.
Sin embargo, tras el Acuerdo de Paz y sin una presencia significativa del gobierno, los exguerrilleros como Rosa Amalia quedaron expuestos a los conflictos entre Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), deseosos por dominar el lucrativo negocio de la minería ilegal.
Su muerte fue el resultado de una declaración de “guerra abierta” por el control territorial de las rentas ilícitas de la minería ilegal, entre el Frente de Guerra Guillermo Ariza (del ELN) y el Frente 37 de las disidencias de las FARC. En enero de 2021, el ELN se atribuyó el asesinato de Rosa Amalia y la acusó de continuar colaborando con su antigua organización.
Los grupos armados de Colombia tienen entre sus principales fuentes de financiamiento –como detallan los documentos a los que se accedió para esta investigación– la minería ilegal. A pesar de que las autoridades reconocen que un alto porcentaje del oro tiene origen ilícito y que la disputa por el negocio ha agudizado la violencia, el mineral termina incorporándose al comercio global.
Solo en el 2022, Colombia exportó 70 toneladas de oro, por un valor de USD 2,9 mil millones, de acuerdo con los datos de exportaciones analizados por OjoPúblico. Pero desde hace tiempo se conoce que una enorme cantidad de lo producido y exportado tiene un origen criminal.
La Organización de Estados Americanos señaló en un informe de 2022 que más del 80% del oro que sale de Colombia es de origen ilegal. También menciona que en los últimos años, se ha consolidado como la actividad ilícita más rentable de los grupos armados, complementando las actividades del narcotráfico.
Al mismo tiempo, otro informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado este año, señala que el 85% de la explotación de oro aluvial se concentra en tres departamentos: Chocó (40%), Antioquia (37%) y Bolívar (8%). En este último caso, el 70% del oro aluvial que se produce es ilícito.
La zona de Bolívar, donde vivía Rosa Amalia, es una de las áreas más pobres del país, pero también es una de las más ricas en oro y otros minerales valiosos como el coltán. Además, constituye una zona estratégica por su ubicación y vías, para el traslado de droga.
OjoPúblico tuvo acceso a documentos reservados y secretos de la Fiscalía de Colombia que exponen cómo la minería ilegal en Colombia se ha convertido en los últimos años en la industria ilícita más preocupante para el financiamiento del terrorismo y los grupos armados.
Uno de estos documentos –que corresponde a un informe de la Policía Judicial del 2022– señala que en varias regiones del país, incluyendo el sur de Bolívar, la minería ilícita representa “más del 50% del total” de la economía de los grupos criminales.
En Colombia, los informes reservados detallan que en las zonas de minería ilegal operan el ELN y disidencias de las FARC, denominadas actualmente Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
Estos mismos territorios son disputados también por el Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones del narcotráfico más grandes de Colombia. La banda criminal, que se autodenomina las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), está conformada por exparamilitares, exguerrilleros y otros grupos que buscan controlar todas las actividades ilegales del país.
Este grupo, que surgió de los residuos paramilitares, se financia de las economías ilegales que distinguen cada región, incluyendo las comunidades en las fronteras de Ecuador y Venezuela, ha reportado La Silla Vacía.
Oro ilegal y financiamiento del terrorismo
A través de decenas de documentos reservados, OjoPúblico constató cómo las autoridades en Colombia persiguen el financiamiento de estos grupos armados, los límites de la trazabilidad del oro colombiano y sus nexos con acciones terroristas.
“Los delitos más relevantes en cuanto a amenaza de lavado de activos y financiación del terrorismo continúan siendo la extracción ilícita de yacimiento minero (llamada también minería ilegal), de la cual se aprovechan estas redes trasnacionales para llenar sus arcas con dineros ilícitos que posteriormente tratan de lavar mediante empresas fachadas distribuidas a lo largo y ancho del país”, dice el análisis de un informe de inteligencia del 2021, a partir de una investigación por lavado de activos.
El financiamiento de actividades criminales con el oro ilegal se viene agudizando en los últimos meses en parte porque el precio de la coca ha caído a nivel nacional, mientras que el del oro ha subido.
Un análisis de El Espectador constató que el precio de la pasta de coca en una zona del Cauca cayó 30% en un año. Por estos cambios los agricultores de la hoja de coca en Colombia han perdido ganancias significativas.
Elizabeth Dickinson, una investigadora senior en la organización sin fines de lucro International Crisis Group, dice que hay una conexión clara entre la crisis del precio de la hoja de coca y los conflictos sobre áreas mineras, como en la zona de Bolívar.
“Es una zona donde tienen una fuerte presencia el ELN, pero en los últimos meses los AGC [Clan del Golfo] han entrado muy fuerte ... buscando tomar el control de la minería. Eso tiene que ver más que todo con sus fuentes de financiación, como la coca no está dando tanto, les toca buscar otras fuentes”, señala Dickinson.
La forma en que entran los grupos armados al negocio ilícito funciona de diversas formas. Dickinson señala que el ELN ha tenido como fuente de financiación histórica a la minería ilegal, pero otros grupos, como el Clan del Golfo, están luchando por territorios que han sido históricamente dominados por las FARC y el ELN.
Según Iván Díaz, de la firma de asesoría de seguridad ORCA Risk Corp. y exmiembro de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic) de Colombia, el Clan del Golfo es un grupo que gana fuerzas en el contexto de la desmovilización de las FARC a través del Acuerdo de Paz del 2016. Para 2020, se le considera la estructura armada ilegal más grande de Colombia.
“Creció tanto que además ya comenzó a enfrentarse al ELN y lucharle por zonas específicas. Y el tema de la minería es muy atractivo para ellos, porque mueve casi el triple dinero de lo que se mueve en el narcotráfico”, señaló Díaz. “Sin embargo, digamos que FARC y ELN siguen siendo los hegemónicos en términos del control minero en Colombia”.
Documentos secretos de la fiscalía colombiana a los que accedió OjoPúblico dejan en evidencia que una de las mayores fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales es el cobro de extorsiones a mineros de la zona, muchos de ellos informales, o cobrar por dejar entrar maquinarias e insumos, como retroexcavadoras y gasolina.
En noviembre de 2021, un miembro del Frente 37 de las FARC confesó en un interrogatorio con fiscales que incluso cobran cupos a empresas legales de oro que operan en Bolívar.
“Los grupos armados como el ELN o como la antigua FARC, llegaban al minero y le prolongaban un impuesto de guerra. El impuesto era por porcentaje y usted sacaba según el gramaje. Por ejemplo, 1.000 gramos de oro en el mes, le daba 5% al ELN y 5% al FARC, según lo que usted produjera. Eso se le colocaba a todo minero, empresarios grandes y mineros artesanos. Cuando ya las FARC se desmoviliza, el ELN empezó a cobrar el 5% de las FARC, entonces ahora cobraba un 10%”, declaró el exmiembro de las FARC durante el interrogatorio.
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