La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró este miércoles que se investigará a quiénes reportaban información de las cámaras de videovigilancia de Quito que pasaron esta semana a control de la Policía Nacional y señaló que, si se detecta un presunto uso indebido, el Gobierno podría acudir a la Fiscalía General del Estado.
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El pronunciamiento ocurre dos días después de que el presidente Daniel Noboa confirmara que el Ejecutivo tomó el control del sistema que hasta entonces era operado por el Municipio de Quito.
Según Morillo, desde que la Policía asumió el manejo de las cámaras se puso en marcha una revisión para conocer las condiciones en las que se encuentra todo el sistema.
Morillo remarcó que la información obtenida mediante estos equipos debe estar destinada “únicamente” a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de identificar responsables en caso de encontrarse irregularidades, la funcionaria indicó que el Gobierno actuará conforme avance la recopilación de información.
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Morillo recuerda denuncia por presunto espionaje en Segura EP
La ministra comparó la situación con las investigaciones alrededor de Segura EP, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, donde ella misma presentó una denuncia ante la Fiscalía.
Morillo señaló que esa acción buscaba determinar la existencia de una presunta “red de corrupción” y una supuesta “red de espionaje” dentro de la empresa municipal.
El mandatario Daniel Noboa había asegurado el lunes que su Gobierno tomó el control de la videovigilancia de Quito para ponerla “al servicio de la Policía Nacional y de la seguridad de los quiteños, no de redes de espionaje”.
Previamente, el ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó el funcionamiento del Centro de Cámaras del COE Metropolitano y anunció que su cartera asumiría su control para integrarlo a las operaciones de la Policía.
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Reimberg también señaló que las cámaras funcionan mediante servicios de la empresa Telconet que, según afirmó, se encuentran “fiados” y sin regularizar desde enero de 2026.
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