Grupos ambientalistas se reunieron en los exteriores de la Embajada de Brasil en Quito, para exigir al Gobierno de Brasilia, la aplicación de "medidas urgentes".
La DPE admitió su falta de actuación frente a una denuncia presentada por Yasunidos y su silencio frente a la negativa de las autoridades ecuatorianas de aceptar la consulta popular.
El colectivo Yasunidos acudió la Corte Constitucional para solicitar la modificación de la pregunta cinco propuesta por el Gobierno para la consulta popular.
