"Señor Juez temo por mi vida": Las declaraciones de Abraham Muñoz en audiencia por venta de medicinas del IESS | Vistazo

"Señor Juez temo por mi vida": Las declaraciones de Abraham Muñoz en audiencia por venta de medicinas del IESS

Redacción Lunes, 13 de Julio de 2020 - 12:39
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Por la presunta venta de medicinas para tratar la Covid-19 que fueron donadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el juez de Garantías Penales Marco Guerra dictó prisión preventiva contra Abraham Muñoz, su hermano Moisés, dos funcionarios y un exdirector del Hospital del Guasmo por un presunto delito de delincuencia organizada y dispuso su traslado al centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. Los procesados fueron detenidos durante un operativo de la Fuerza de Tarea multidisciplinaria, la noche del sábado 11 de julio.
 
"Señor Juez temo por mi vida", dijo Abraham Muñoz, entrenador y parte del círculo de amigos cercanos a Daniel Salcedo (investigado por peculado, fraude procesal y lavado de activos), al dar su declaración durante la audiencia de formulación de cargos, además, aseguró que en estos últimos días ha sido amenazado de muerte.
 
"Fui a un PAI policial ya que el día viernes llegó un agente Noe de la Vega y me llevó a mi domicilio para precautelar mi vida, anoche tuve otro atentado, ya que vecinos me comunican que le están tomando fotos a mi casa, por lo que opté por ir a casa de mi hermano", sostuvo Muñoz.
 
Y agregó: "también recibo mensajes que me dicen que en la cárcel me van a matar, todas estas amenazas vienen desde el acontecimiento del accidente del señor Daniel Salcedo, han clonado mi WhatsApp, mis fotos, incluso publican fotos donde dicen que soy homosexual, señor Juez temo por mi vida, ya recibí amenazas de que al llegar a la cárcel van a asesinarme".
 
En la misma diligencia, la abogada de Muñoz, Soraya Franco, argumentó que la detención de su defendido fue ilegal, por lo que solicitó se declarara la ilegalidad de la detención.
 
"Esta defensa debe acotar que se deja constancia de la situación que está viviendo, ya que esto se ha transformado en un show mediático", resaltó la defensora de Muñoz.
 
Fiscalía investigó de oficio, desde el 8 de julio de 2020, una presunta comercialización ilegal de medicamentos para control y prevención para pacientes infectados por coronavirus, entre ellos, ampollas Actemra, que habrían sido donados por una casa farmaceútica al IESS, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
 
Según las investigaciones, Abraham Muñoz y su hermano ofertaban los insumos médicos por redes sociales a elevados costos. Por ejemplo, por las ampollas inyectables que tienen un valor de 200 dólares, pedían entre 1.000 y hasta 2.000 dólares, luego publicaban en sus redes sociales el dinero obtenido de las transacciones realizadas. La Fiscalía también indagó a quienes fueron los funcionarios de le entidad de salud estatal que habrían entregado los medicamentos al sospechoso y sus allegados.
 
Entre los meses de marzo y abril, cuando la pandemia ocasionó el colapso sanitario en Guayaquil, varios ciudadanos, desesperados por conseguir medicamentos que ayudaran a combatir el virus, contactaron a Muñoz, debido a que él ofrecía ampollas de ACTEMRA, también conocida como Tocilizumab, mismas que fueron utilizadas en el IESS para reanimar a pacientes con el SARS-CoV2.
 
“Cuando salí de alta, yo llamé a Muñoz e incluso le pedí una rebaja, entonces vi sus fotos y me llamó la atención el dinero que ganaba, y medicamento que estaba en cartones que decían IESS”. Julieta Sagnay, una de las sobrevivientes de la COVID-19, contó a Vistazo la odisea que pasaron ella, familiares y amigos para adquirir el fármaco.
 
 
En la audiencia, que se desarrolló entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes 13 de julio de 2020, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo de Guayaquil, el fiscal César Suárez presentó los elementos de convicción que determinarían la participación directa de los ahora procesados en la venta irregular del medicamento para el tratamiento de la Covid-19.
 
La instrucción fiscal del presunto delito de delincuencia organizada, con pena privativa de libertad de siete a diez años, durará noventa días.