Entrevista: "Hay falta de solidaridad compartida del Gobierno", según Jorge Cevallos, presidente de la ASETEL
Carolina Farfán viernes, 28 agosto 2020 - 10:25
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El sector de telecomunicaciones tiene una cartera en mora del 50 por ciento en la actualidad. La medida implementada del Gobierno, de que no se corte el servicio por no pago, les plantea un escenario complejo.
¿Cuál es la situación actual del sector?
Hay un bajón económico, con una situación financiera que es grave por temas de liquidez, por decisiones, a nuestro entender, mal implementadas y comunicadas.
Una medida que buscaba facilitar o evitar que se queden sin comunicación quienes por alguna razón se quedaron sin empleo, tuvieron que cerrar sus negocios o por algún tema en particular, se hizo una medida extensiva a todo el mundo, es decir, que nadie debía pagar, pese a que muchos sí tenían esa capacidad de pago. Esta medida del Gobierno provocó que explote la cadena de pagos de la industria, afectando a los proveedores y a los empleos.
¿Afectó la inversión que se daba en el sector?
Por supuesto, que es lo que más se requiere ahora para darle conectividad a quienes no la tienen y mejorar las condiciones para quienes sí están conectados. Es una situación que venía desde años atrás, que nos muestra que no es una industria boyante como antes. Muchos de los servicios prestados son gratuitos por las propias aplicaciones, es decir, hay reducción de ingresos para las empresas, entre esas los mensajes de textos y las llamadas, incluidas las nacionales.
Entonces, hay más necesidades de inversión para mejorar la conectividad, pero al mismo tiempo se tienen menos ingresos por los servicios prestados, y una política pública que sigue privilegiando la obtención de recursos para el fisco por encima de promover la inversión y el desarrollo de la estructura de las telecomunicaciones.
¿Cuál es esa condición financiera?
En algunos casos ha llegado al 76% de reducción en los ingresos. Algo se mejoró en la flexibilización de la pandemia, ya que algunos usuarios fueron a pagar directo a los locales. Pero la mora es casi del 50% en el sector, en algunos casos llegó a más del 60 por ciento. Hay que llamar a los usuarios que tienen capacidad de pago para hacerlo, porque se está rompiendo esa cadena de pago con los proveedores. Y por otro lado, entender que opciones de refinanciamiento que van hasta 12 meses sin intereses. Ahora, nuestra experiencia es que facturas de más de tres meses impagas se tornan prácticamente incobrables. Tenemos ya casi seis meses con clientes que no han pagado por esa decisión del Gobierno, y eso afecta en la capacidad de inversión de la empresa.
¿Hay comprensión desde el Gobierno?
Creemos que hay una falta de solidaridad compartida del Gobierno. Mientras a las empresas se les impide que cobren por los servicios prestados, o aplicar los mecanismos naturales para impulsar el pago, que es el corte del servicio, la situación es realmente compleja. Aparte el Estado no ha dejado de cobrar los impuestos y las cargas regulatorias del sector. Hemos llegado al ridículo que nosotros facturamos a los usuarios por los servicios, incluyendo IVA e ICE, pero no está cobrado, la poca liquidez que tienen las empresas debemos dársela al Estado.
Hemos pedido diferir el pago del uso del espectro, pago de cargas regulatorias, de estos mismo impuestos… Pero no ha habido un sentido de solidaridad compartida. Venimos desde hace más de tres años pidiendo que el costo del uso del espectro que cobra el Estado siga parámetros internacionales, pero esto no ha llegado a un buen término. Nos dijeron que esperemos hasta que salga la política de servicio universal; salió eso y no se avanzó en nada.
El Estado debió cambiar el reglamento desde enero, cuando entró en vigencia la Ley de Simplificación Tributaria, que modificó el artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, estableciendo nuevos parámetros. Es un proceso que está en deuda el Gobierno, y esperamos que sea un liberador de recursos, para destinarlos a la inversión, sobre todo a donde no hay acceso a ese servicio.
¿Qué dicen desde el Gobierno?
Que a nivel jurídico están atados de pies y manos, y no pueden hacer nada. Es una lástima que no llegáremos a consensos, tanto con el Gobierno como con la Asamblea, para cambios profundos. En lugar de eso, se empeoró. Por ejemplo, se que en vez de pagar las millonarias sumas al Estado, se comprometan a invertir esos recursos al desarrollo de conectividad. Esto no fue entendido por la Asamblea, y en lugar de eso cargaron con más impuestos para cargar ICE a los planes postpagos. Es incomprensible cómo se le carga un impuesto a los consumos especiales a un servicio que se ha calificado como un servicio público, clave en momentos como este. No facilitamos esa conectividad, sino que se castiga hasta en un 27% con IVA e ICE en las facturas.
¿Hubo cambios de tipos de planes?
Sí, y fue un cambio importante de usuarios de postpago a prepago, por un tema de presupuesto. (NdR: Cifras de Arcotel, a junio pasado, muestran que las líneas pospago llegaron a 4,1 millones por debajo de las 4,4 millones de noviembre del año pasado. Esa reducción es casi el incremento que han tenido los planes prepago).
