Tribunal sentencia a cinco años de prisión al expresidente del CPCCS, José Carlos Tuárez, por asociación ilícita
Carolina Farfán lunes, 17 agosto 2020 - 01:46
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Tribunal sentencia a cinco años de prisión al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, como autor directo del delito de asociación ilícita, por ofertar cargos públicos.
Este lunes 17 de agosto de 2020 en la audiencia de juicio, el Tribunal Penal del Guayas dio a conocer su resolución. Además, se informó que en una próxima diligencia se emitirá el dictamen sobre la situación legal de los otros tres procesados, Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. S., quienes se encuentran con medidas cautelares de presentación ante la autoridad.
El expresidente del CPCCS fue acusado como miembro principal de una presunta organización delictiva dedicada a ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero, misma que fue desarticulada en el operativo “Emperador”, el 28 de noviembre de 2019.
Según la Fiscalía, se ofertaban cargos públicos a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares.
Incluso, en la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada el 24 de julio pasado, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de 45 elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre estos, las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras.
En su intervención, el fiscal argumentó que José Carlos Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.
Antes de esta audiencia, doce procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento para postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.
El 28 de noviembre de 2019 se inició un proceso penal contra 32 detenidos en el operativo “Emperador”. La acción fue liderada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Unidad de Anti Secuestro y extorsión (Unase) de la Policía Nacional y se ejecutó en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras una investigación de cuatro meses, por parte de la Unidad de Administración Pública en Guayaquil, por un presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.
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