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Tribunal acoge recurso de Fiscalía e incrementa pena privativa de libertad a exasambleísta Norma Vallejo por concusión

jueves, 7 enero 2021 - 12:58
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Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acogió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado, contra la exasambleísta Norma Vallejo, como autora del delito de concusión.
 
En la audiencia, realizada este jueves 7 de enero de 2021, los magistrados resolvieron incrementar la sentencia de un año de pena privativa de libertad a dos años, tras la solicitud del fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
 
El pasado 14 de julio de 2020, el tribunal de la CNJ, conformado por los jueces Dilza Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez, sentenció a la exasambleísta a un año de pena privativa de libertad, como autora directa del delito de concusión, tras considerar que se comprobó su culpabilidad.
 
También le impusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados y el pago de una reparación integral de 9.050 dólares a favor de los acusadores particulares y la diferencia, de 14.100 dólares, deberá ser entregada al Estado, en un plazo no mayor a ocho días luego de ejecutoriada la sentencia.
 
Asimismo, se dispuso la publicación del fallo en tres diarios de difusión nacional (un domingo), a cargo de Norma Vallejo y disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del pleno de la Asamblea Nacional.
 
La procesada queda impedida de ser candidata a cargos públicos de elección popular o contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena y tiene prohibición de enajenar bienes.
 
Tras la sentencia, el tribunal negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la exasambleísta, al no cumplir con el requisito número 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
 
La Fiscalía se oponía a esta solicitud, debido a que el delito de concusión es uno de los más graves que lesiona la eficiencia de la administración pública. Agregó que, el delito cometido por Vallejo causó grave conmoción en la sociedad y desconfianza en quienes ocupan cargos de elección popular.
 
Según la investigación fiscal, la exfuncionaria abusando de su cargo de asambleísta por Pichincha, ordenó y exigió la entrega de contribuciones a sus colaboradores, a cambio de estabilidad laboral.
 

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