¿Quién quemó la Contraloría? | Vistazo

¿Quién quemó la Contraloría?

Martes, 10 de Noviembre de 2020 - 15:55
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Hace un año se atacó y se quemó el edificio matriz de la Contraloría General del Estado, en Quito. Los daños han sido calculados en 13 millones de dólares. Los sospechosos capturados ya fueron liberados, mientras la aseguradora se resiste al pago de la indemnización...

El cobro del seguro por el incendio del edifico de la Contraloría tiene su propio viacrucis. El proceso arrancó el 7 de octubre de 2019, el día después del allanamiento, destrucción y hurto de las instalaciones protagonizada durante el levantamiento indígena. Los daños aumentaron tras los actos vandálicos del 12 y el 14 de octubre.

Días después, el Cuerpo de Bomberos de Quito entregó el “Informe de investigación de causa de incendio”, que concluye que el flagelo fue provocado por personas que arrojaron bombas molotov sobre materiales combustibles y al interior de vehículos, que generaron llamas con alto poder calórico, afectando infraestructura y mobiliario.

Los daños que incluyen la estructura del edificio –que estaría mortalmente afectada– ascienden a 13 millones de dólares. El 19 de febrero de 2020, la Contraloría presentó el reclamo formal a Seguros La Unión, con la cual se habían suscrito tres pólizas contra ‘Todo riesgo de incendios’, ‘todo riesgo de vehículos’ y ‘daño a equipo electrónico’.

Debido a la falta de respuesta, el Con- tralor hizo la gestión ante la Intendencia Nacional de Seguros. Este último ordenó a la aseguradora que cumpla con la indemnización y dispuso un plazo de 10 días para el pago en efectivo o para presentar un cronograma de reconstrucción, en caso de optar por la reparación de las instalaciones. El 30 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de apelación presentada por la aseguradora a la resolución del intendente. El Superintendente de Compañías negó el recurso de apelación y ratificó el pago de las tres pólizas, más sus intereses.

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Herida a la gestión de control
El contralor Pablo Celi afirma que el ataque fue “un proceso deliberado contra la memoria documental, contra los procesos de control del país que pone en evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración planificada contra el ordenamiento institucional y el sistema democrático vigente”. La conspiración, dijo, buscaba detener el juzgamiento y la sanción “de los culpables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional y a la situación social como resultado de una década de arbitrariedad y atropellos que buscamos superar”.

Inmediatamente después del flagelo, la Contraloría resolvió que los funcionarios públicos que habían sido notificados con predeterminación de responsabilidades deban reintegrar sus documentos de descargo. Para ello se habilitó una ventanilla en la matriz de la Superintendencia de Bancos.

Dos meses después del ataque se reabrieron oficinas en el exedificio del BIESS, ubicado diagonal al Centro Comercial Iñaquito. Allí también está la nueva oficina provisional del Contralor. Celi dice que la acción realizada durante este año, incluso con las limitaciones impuestas por la pandemia, demuestra que la capacidad de gestión no ha sido afectada.

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Pablo Celi, contralor: “Fue un ataque a los procesos de control del país que pone en evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración planificada contra el ordenamiento vigente”.

Procesos judiciales
Con respecto a los ataques contra los bienes de la Contraloría se abrieron cinco procesos. En uno de ellos, la Fiscalía formuló cargos en contra de una persona por el delito de daño a bien ajeno, pero una jueza ratificó el dictamen abstentivo emitido por la Fiscal de Pichincha y dictó el auto de sobreseimiento a favor del acusado. En otro caso, a tres detenidos que eran acusados de robo y ataque a bien ajeno, primero se los declaró inocentes del robo y más adelante un juez de Garantías Penales dictó también auto de sobreseimiento.

Por el grave delito de terrorismo se acusó a 27 personas. Pero eso duró solo hasta que se les reformularon los cargos por paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje. Los 27 fueron detenidos dentro del edificio el día de los incendios.

Pero eso no fue todo. El 2 de marzo último, la jueza Ana Guerrón aceptó un pedido de nulidad del proceso solicitado por la defensa. Ellos argumentan, que no se realizó una pericia de interculturalidad. Es decir que, por tratarse de ciudadanos pertenecientes a nacionalidades indígenas, el proceso de detención debió haberse llevado a cabo en su lengua nativa. La Fiscalía tampoco demostró que ellos sí hablan español. La jueza concedió 10 días para que se lleve a cabo la pericia, pero hasta el cierre de esta edición no se había señalado aún fecha para una nueva audiencia.

A otros seis, adolescentes, también capturados al interior del edificio incendiado, igualmente se les reformuló cargos por paralización de servicio público. En este caso, el fiscal presentó el dictamen abstentivo a lo cual la Contraloría se opuso. Un último detenido al que acusaron de robo e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente se sometió al procedimiento abreviado. Recibió una pena de solo un año y la obligación de pedir disculpas públicas a la Contraloría.

Así las cosas, 12 meses después aún no se conoce a los verdaderos autores intelectuales y/o materiales del hecho. Para colmo, la entidad rectora del control de la gestión pública sigue esperando su indemnización...

 

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