Otros asambleístas, además de Azuero, también pidieron cargos dentro del Secob, dice René Tamayo
La mañana de este martes 11 de agosto el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), René Tamayo, rindió su versión dentro del caso que investiga la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada en el caso del Hospital Básico de Pedernales. En esta aseguró que recibió “pedidos de espacios de trabajo para varios asambleístas”.
Tamayo dijo que pocos después de ingresar al cargo el 26 de agosto de 2019, recibió un pedido para sustituir al entonces subdirector técnico del Secob, Patricio Morales, por Jorge Jalil, quien se encuentra en prisión preventiva y es investigado dentro de este caso. “(Fue) un pedido y recomendación del asambleísta Elíseo Azuero”, indicó.
De igual manera, el asambleísta medió para que se contrate a Diego León como ingeniero de la planta de Secob.
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Azuero es investigado por su posible participación en el entramado de pagos y favores, que destapó la denuncia contra el también legislador Daniel Mendoza. Se encuentra prófugo de la justicia desde que el juez Marco Rodríguez de la Corte Nacional de Justicia le ordenó prisión preventiva.
Tamayo admitió que obtuvo el cargo en el Secob luego de que Azuero -a quien conoce desde hace 35 años- le pidió su hoja de vida.
Pero no fue el único asambleísta que le pidió un cargo. El exfuncionario relató que otros asambleístas también le pidieron espacios de trabajo, entre ellos el legislador por Galápagos, Washington Paredes, a quien se le asignó luego la coordinación simple del Secob del Guayas.
El asambleísta Fredy Alarcón visitó también a Tamayo para solicitarle que ubique a una persona de su confianza en la coordinación zonal 1. "Estos pedidos de puestos de trabajo fueron atendidos y estuvieron, considero, hasta el final de mi gestión", sostuvo Tamayo.
Azuero, Jalil, el exlegislador Daniel Mendoza y sus asistente Jean Benavides, junto a otros exfuncionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob) son acusados de integrar una estructura de corrupción para ejecutar obras de construcción, como la del fallido Hospital de Pedernales, en Manabí. En total 19 personas son investigadas por este caso.
