Los tres motivos por los que quieren sacar al ministro Juan Carlos Zevallos
Kevin Hidalgo martes, 13 abril 2021 - 01:05
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El asambleísta por la provincia de Bolívar ,
Ángel Sinmaleza,
oficializó este lunes la solicitud de juicio político contra el ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos, por
incumplimiento de funciones y atribuciones que le asigna la Constitución.
Vía telemática, Sinmaleza explicó que el juicio político está motivado por tres causas:
omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria, falta de cumplimiento de la Ley Humanitaria e irregularidades en el proceso de vacunación contra la Covid-19.
El juicio es respaldado por
38 asambleístas de diferentes bancadas como CREO, Alianza País, Partido Social Cristiano (PSC), los bloques independientes y algunos legisladores de la revolución ciudadana.
CARNÉS DE DISCAPACIDAD
Sobre la primera causal el asambleísta manifestó que
“cerca de tres mil carnés de discapacidad se emitieron en momento de pandemia y el ministro no entregó información a la Comisión del Derecho a la Salud”.
En junio de 2020, Teleamazonas denunció
irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad, tras conocerse que
Daniel Salcedo, procesado por presuntos actos de corrupción, intentó importar un vehículo con este documento sin tener ninguna minusvalía.
Ante esto, salieron a la luz pública casos similares de asambleístas y funcionarios públicos como el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS),
Christian Cruz, quien fue destituido por la Asamblea por esta causal.
Posteriormente, la Comisión de la Salud inició una serie de comparecencias hacia autoridades del Gobierno, entre ellas, el ministro Zevallos, quien el 27 de julio, dijo ante el pleno, que existen
2.454 carnés fraudulentos en proceso de anulación.
“Pero hasta el presente no ha informado a la Comisión sobre el avance de las investigaciones y las acciones tomadas por él”, reza la solicitud de juicio político.
LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO
Ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y la crisis económica derivada, el Gobierno promulgó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que entre otras cosas, ofrece estabilidad laboral a los profesionales de la salud que trabajaron durante este periodo.
Según la ley,
hasta el 22 de diciembre del 2020,
debían entregarse todos los nombramientos a los trabajadores de la salud, pero el asambleísta, Ángel Sinmaleza, indicó que solo se han entregado alrededor de
seis mil nombramientos, de los 12 mil ofrecidos.
“Los demás aún no se encuentran ni en la segunda, ni tercera fase del proceso para lograr el nombramiento”, dijo Sinmaleza, además, “el ministro no entregó la planificación a pesar de haberse comprometido”.
A esto hay que añadir, la inconformidad de los trabajadores de la salud, quienes están en
desacuerdo con el reglamento de la ley, el cual beneficia a un grupo determinado de profesionales, lo que iría en contra de lo establecido en la norma.
“Él como autoridad sanitaria nacional nunca hizo nada para reformar, pese al compromiso que adquirió tanto en la Comisión del Derecho a la Salud, como en una reunión mantenida con el señor Presidente de la Asamblea Nacional y los representantes de los trabajadores”, señala la solicitud de juicio.
PROCESO DE VACUNACIÓN
La tercera causal para el juicio político es la
falta de cumplimiento con el cronograma y programación de vacunas contra la Covid-19, en el cual habría un supuesto
tráfico de influencias.
“El ministro de salud demostró mal uso de recursos públicos al desviar la vacuna a un centro privado, que no estuvo dentro de la planificación, para la entrega de las vacunas”, mencionó el asambleísta.
Añadió que los profesionales de la salud que atienden pacientes con coronavirus aún están a la espera de recibir la vacuna,
“el ministro ha priorizado a sus amigos y familiares, más no la salud de los ecuatorianos”.
De hecho,
Zevallos confirmó en un comunicado que en el centro geriátrico privado, donde se aplicaron dosis de la vacuna de Pfizer, habita su madre.
Esto provocó que la Defensoría del Pueblo, candidatos políticos y otros actores sociales pidieran su renuncia.
Por otro lado, la
Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa sobre el supuesto tráfico de influencias, el ministro de Salud acudió este lunes a la diligencia para rendir su versión libre y voluntaria.
El proceso llega tras
dos denuncias, la primera efectuada por la organización
Acción Jurídica Popular y la segunda por la asambleísta del correísmo,
Amapola Naranjo.
PLAZOS
La solicitud fue enviada al presidente subrogante de la Asamblea,
César Solórzano, quien tendrá
cinco días para aprobar el proceso y pasarlo a la Comisión de Fiscalización.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
el juicio no debe tardar más de 45 días.
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