Las versiones de los procesados, vinculados al exasambleísta Daniel Mendoza, en el caso Pedernales
Carolina Farfán martes, 28 julio 2020 - 06:08
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Por el caso del hospital de Pedernales, tres personas fueron convocadas para ampliar su versión ante la Fiscalía este 28 de julio de 2020, y fueron trasladadas a Quito desde la cárcel El Rodeo, en Manabí.
Hasta la Fiscalía General del Estado, fue trasladado José Véliz, representante del consorcio Pedernales-Manabí que debía construir el hospital de 30 camas, y uno de los detenidos en mayo de 2020 en el operativo Fortuner.
En su versión voluntaria, Véliz, quien responde en dos procesos penales: por lavado de activos y delincuencia organizada, intentó liberar a dos familiares que también están involucrados en el caso, según informó el medio Ecuavisa.
Sobre su esposa Tania Saltos, dijo que "ella solo cumplía órdenes de tomar nota lo que yo le indicaba, de que anote el número de cuenta, el nombre de x persona, en fin de cualquier cosa como esposa (...), cumpliendo un rol como lo cumple toda mujer como esposa, ella no tiene conocimiento de absolutamente nada de este delito de delincuencia organizada en el cual hoy yo estoy procesado”.
Acerca de su hermano Danilo Véliz, indicó que “él cumplía un rol de jefe de personal en el consorcio Pedernales, en lo que respecta a la construcción del hospital de Pedernales, en el cual yo le ordené cobrar varios cheques girados por mí para compras de materiales y pago de personal que se lo realizaba en efectivo”.
Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, Véliz recibió cerca de $ 8 millones del Estado, para construir el hospital, pero desvío ese dinero hacia las cuentas del exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero.
Las versiones que siguen son las de Franklin Calderón, conocido como ‘Banquero’ y Jean Carlos Benavides alias ‘Cajero’, ex asesor del exasambleísta Daniel Mendoza.
Hace unos d í as, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra el legislador Eliseo Azuero y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Para sustentar la formulación de cargos, Salazar presentó las conversaciones (audios y textos) a través de chats de WhatsApp, que evidenciarían la existencia de esta estructura y la relación de los procesados entre sí.
Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener su operatividad.
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