La ruta de pruebas Covid destapa el laberinto oculto de Sinopharm
En pleno pico de la pandemia por el Covid-19, hace un año, los laboratorios chinos desembarcaron en Latinoamérica para distribuir todo tipo de insumos médicos. Fueron los principales proveedores de pruebas rápidas de anticuerpos, que en varios países aún se comercializan erróneamente cómo si fueran de diagnóstico. Esta investigación, realizada en China, Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia, devela cómo millones de esos test, con fallas de detección, se comercializaron sin controles eficaces y con la complicidad de los gobiernos de turno.
TRAS LAS HUELLAS DEL DRAGÓN EN LA PANDEMIA
Esta investigación realizada en Ecuador y China revela la trama. Arranca con la compra de cien mil pruebas Covid-19 por parte del Municipio de Quito. El contrato es investigado penalmente; por lo pronto un juez obligó al alcalde Jorge Yunda a portar un grillete electrónico. El empresario que vendió los insumos es Juan Alejandro Vinelli, quien gerenciaba Salumed, y a quien entrevistamos, en exclusiva. Vinelli fue el hombre clave en los negocios de la farmacéutica china Sinopharm, que empezaron en el gobierno de Rafael Correa. La transnacional es la sexta del mundo y tuvo contratos en Ecuador por 150 millones de dólares, atados a un crédito del Banco de Desarrollo de China por $1.700 millones. Destapamos los negocios ocultos de Sinopharm en Ecuador.
Este reportaje fue realizado por Código Vidrio y Revista Vistazo, como parte de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
Tiene 34 años. En la pandemia cerró lo que describe como el peor negocio de su vida. Juan Alejandro Vinelli está en algún lugar del mundo, a buen recaudo de la justicia ecuatoriana, que lo busca por haber pactado la venta de cien mil pruebas Covid-19 al Municipio de Quito.
Es la primera vez que habla con la prensa. Desde la clandestinidad lamenta su situación: “Dios sabe que fue una transacción limpia, los insumos tienen garantía de fabricación coreana; no hubo padrinos y no tengo amistad con el alcalde Jorge Yunda, sin embargo, no puedo ver la luz del día”.
El empresario Alejandro Vinelli defiende la eficacia de las pruebas de detección Covid-19 que vendió al Municipio, en entrevista exclusiva para esta alianza periodística integrada por Código Vidrio y revista Vistazo, como parte de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
La Fiscalía investiga si se cometió el delito de peculado; por posible abuso de fondos públicos. El contrato superó los 4,2 millones de dólares. A mediados de febrero, el expediente fiscal vinculó al alcalde Yunda, para determinar si favoreció a la firma proveedora, si conoció que las pruebas tenían baja precisión y si, a pesar de esto, insistió en que debían ser usadas para detectar el avance de la pandemia.
El Fiscal provincial pidió a la autoridad judicial dictar prisión preventiva contra el alcalde; el juez de Pichincha ordenó que, de momento, usara un grillete electrónico.
Cuando le colocaron el dispositivo el tercer viernes de febrero Yunda ironizó. “Es una presea por salvar más de 50 mil vidas”, trinó ese día en Twitter. El alcalde proclama su inocencia; además, dice ser víctima de persecución.
Llegó a la Alcaldía en 2019 con el aval de una organización política de poca trascendencia, Unión Ecuatoriana, pero su trayectoria pública empezó con el correísmo, en 2007. Médico por formación, músico por vocación. Radiodifusor por negocio y alcalde por votación. Tiene mayoría en el concejo metropolitano, que es el órgano que fiscaliza la gestión de la alcaldía.
En abril de 2020, la capital le aplaudía su gestión, cuando anunció la llegada desde Corea del Sur de las pruebas moleculares tipo PCR. Sin embargo, las pruebas que llegaron, a pesar de ser también moleculares, usan un método distinto, que por sus siglas en inglés se conoce como LAMP. La investigación penal en curso busca determinar si los kits que llegaron cumplen con lo que especificaban las bases de la contratación. La efectividad de los insumos importados también está bajo sospecha.
Vinelli se defiende. “Vendí reactivos y entregué equipos, pero el municipio debía tener un laboratorio con permisos de funcionamiento. Al inicio de la pandemia se conocía poco del virus; desde febrero tenía registrada la marca de una prueba de detección más ágil que la molecular y mantenía un stock disponible para importación; eso ofrecimos y cumplimos”.
La autoridad municipal es responsable porque no definió “el número de pruebas a aplicar y la capacidad de procesamiento de resultados”, según el informe con indicios de responsabilidad penal, de Contraloría.
Según las especificaciones, debían adquirirse 200 mil pruebas mediante la técnica PCR-polimerasa. El contrato se firmó con Salumed, que ofrecía la mitad de lo fijado en las bases.
Cuando los problemas trascendieron, a mediados de año, la administración municipal destituyó a los involucrados; reemplazó funcionarios y contrató laboratorios privados.
Este enero aparecieron nuevos indicios. Sugieren que la autoridad fue informada sobre la inefectividad de los insumos, los cuales “no tendrían el 99 por ciento de sensibilidad declarada por el proveedor”. Eso consta en una investigación independiente, realizada por la Universidad de las Américas.
Yunda insiste en que hay un matiz político para desvirtuar su gestión durante la pandemia. En Twitter escribió: “Nada tengo que ocultar, no (he) incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas, estaré presto para colaborar con la justicia”.
Las irregularidades en las compras públicas de pruebas Covid-19 en la pandemia también salpicaron a otras autoridades y políticos. El expresidente Abdalá Bucaram está enjuiciado por la venta de tests rápidos, transacción en la que participaron los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman. Dahan fue asesinado en la cárcel de Guayaquil. También fue sindicado, por supuestos sobreprecios en adquisiciones de pruebas serológicas y otros insumos, el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Falleció en junio de 2020, mientras era investigado.
SINOPHARM ENTRA EN LA RECETA
Salumed S.A., constituida en 2005, provee de suministros médicos al Estado. Durante la emergencia por Covid-19 ganó nueve contratos para importar pruebas rápidas de anticuerpos, de origen chino, a entidades públicas. Entre ellas, tres municipios, dos hospitales y tres centros públicos de salud. Ante la autoridad sanitaria ecuatoriana, obtuvo registros para importar pruebas de anticuerpos de las marcas chinas Shangai Eugene Biotech y Zybio. Al Municipio de Quito, le vendió los tests de origen coreano.
El gerente de Salumed es Juan Alejandro Vinelli Ayala. Este empresario fue el hombre clave en los negocios de la mayor farmacéutica nacional de China, Sinopharm, en Ecuador. Él no lo niega: afirma que aún no recibió pago alguno por los servicios que prestó en 2014 y asegura que ahora representa a Sinopharm en otros países, que prefiere no nombrar por razones de confidencialidad.
Sinopharm, constituida en febrero de 1989, está inscrita en los registros oficiales chinos como una corporación limitada. Domiciliada en el distrito Chaoyang, de Beijing. Su capital registrado es 3.700 millones de yuanes, unos 571 millones de dólares, según documentos clasificados a los que accedimos.
Tiene 1.400 subsidiarias, 6 compañías filiales y 150 mil empleados. En 2019, sus ingresos representaron casi 500 mil millones de yuanes. Equivale a 77 mil millones de dólares, más de las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.
Fortune Global 500 la ubicó en el puesto 169 del ranking general; es la sexta compañía en el listado de las farmacéuticas del globo.
Aterrizó en Ecuador durante el gobierno de Rafal Correa (2007-2017), período en el cual empezó la dependencia económica hacia China. El mecanismo es simple: el crédito llega atado a la obligación de comprar insumos manufacturados por empresas de ese país. Así, China se asegura el cobro del préstamo, de los intereses y el mercado para su producción industrial.
En esta investigación, realizada en Ecuador y China, accedimos a documentos sobre cuatro contratos entre el Ministerio de Salud Pública y Sinopharm. Los dos primeros, firmados en 2014 y 2016, corresponden al gobierno de Correa. Ambos superan los 120 millones de dólares. El financiamiento está cubierto por un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank Corporation), por 1.700 millones. Es la primera vez que se revelan estas cifras, hasta ahora blindadas tras una muralla oficial.
TRAS LA MURALLA DE NEGOCIOS CHINOS
El emporio farmacéutico tiene sus propios trapos sucios. Se lavan casa adentro; silenciados por la censura. La reportería en China halló que en 2014 uno de sus exvicepresidentes (Shi Jinming) fue sentenciado a 12 años de prisión por actos irregulares. En 2015, Xu Yizhong, exdirector del Centro de Distribución, recibió una pena de 13 años por corrupción. Ambos procesos se relacionan con hechos ocurridos en ese país.
Vinelli confirmó, en la entrevista exclusiva, haber sido “el representante, pero no el lobbysta de Sinopharm en Ecuador”. Explicó que inspeccionó decenas de hospitales y centros médicos públicos, luego de 2014, como parte de un convenio de consultoría para la ejecución del contrato de provisión de mobiliario y equipo biomédico, de fabricación china y vendidos a través de Sinopharm.
El acuerdo con Sinopharm se pactó con Megarmi, empresa vinculada al grupo familiar Vinelli. Fue constituida en 1997 por los padres de Juan Alejandro. Su actividad es la importación de productos, desde farmacéuticos hasta juguetes. Recientemente amplió su objeto social, para incluir la explotación de minerales preciosos. Como socios y directivos constan cuatro miembros de la familia.
Megarmi y la familia Vinelli estuvieron en el banquillo de acusados entre 2016 y 2017. Una investigación fiscal reservada arrancó tras la denuncia de una unidad policial adscrita a la Presidencia de la República. Según la denuncia, esta firma era el ingrediente clave en una receta de sobornos a funcionarios del Ministerio de Salud Pública.
La Fiscalía inició varios procesos por posibles delitos -cohecho y tráfico de influencias- que llevaron dos veces a Vinelli a la cárcel. Para este empresario, fue una persecución orquestada desde el mismo entorno gubernamental, con aliados empresariales que no identifica. Uno de los juristas que la familia contrató fue Caupolicán Ochoa, defensor del entonces presidente Correa. Es uno de los tres abogados que contactamos en esta reportería. “Buscaron cuentas de mi familia en todo el planeta, terminaron con mi vida privada, pero no hallaron nada”, asegura el empresario.
En la entrevista, el empresario no pudo explicar el contenido de los misteriosos cuadernos que constan en el expediente judicial. Uno de ellos tenía en la carátula un logotipo de Lamborghini. Los uniformados lo encontraron durante un allanamiento a las propiedades de su familia.
Las anotaciones a mano contenían referencias al primer contrato entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, nombres de funcionarios, cifras y porcentajes. Vinelli aseguró que “eran datos que le dictaban los chinos a mi padre, él solamente tomó nota, no le explicaron de qué se trataba”.
RADARES, MEDICAMENTOS Y VACUNAS
Juan Oswaldo Vinelli (padre de Juan Alejandro) constituyó en Panamá la firma Magson Portfolio, según se reveló en la investigación transnacional Panama Papers, del International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ). Fue en 2009, cuando era funcionario de la Corporación Financiera Nacional.
Su socio en Magson Portfolio fue Zang Jiayong, representante de la firma tecnológica CETC, que vendió radares chinos inservibles al Gobierno ecuatoriano, justamente en 2009, por 60 millones. Vinelli hijo afirmó que Magson fue constituida para importar juguetes en Navidad.
Jiayong vendió sus acciones en Magson en 2014: Vinelli padre transfirió la participación accionaria a sus hijos.
Desde Magson la familia negoció con corporaciones panameñas la intermediación para la venta de medicamentos de difícil acceso a la farmacéutica estatal ecuatoriana, Enfarma.
Enfarma, empresa creada por Correa, buscaba impulsar la “soberanía farmacéutica del Ecuador”, rompiendo el oligopolio de las transnacionales.
En febrero de 2016 Sinopharm anunció la apertura de plantas productoras de vacunas, en operación conjunta con Enfarma. La inversión estimada sería de 53 millones. Vinelli confirma que representó a la farmacéutica china en este proyecto.
No se concretó, advierte, por boicot interno, pero hay fotos del evento oficial que confirman que él estuvo en la mesa de autoridades. El exministro de Producción, que aparece en las fotos, declinó pronunciarse. Vinelli aparece como representante comercial de Sinopharm, junto a funcionarios de esa compañía. En su versión, tras este anuncio empezó la persecución en su contra, por parte de grupos opuestos a la apertura de plantas de vacunación con capital chino. A mediados de 2016, el mismo Correa anunció el cierre de Enfarma. “Una enorme pérdida, ahora produciríamos vacunas anti-Covid en el país”, asegura Vinelli.
COMPRAS RELÁMPAGO EN LA PANDEMIA
Para esta investigación, accedimos a dos mil documentos clasificados sobre las negociaciones entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, atadas a préstamos del Banco de Desarrollo de China, durante el gobierno de Lenín Moreno, en la pandemia. El 4 de mayo se firmaron dos contratos, por 7,5 y 20,9 millones respectivamente, para la compra de insumos de proección y equipos especializados, entre ellos, desfibriladores y respiradores.
El 14 de mayo de 2020, el reporte oficial de fallecidos por el virus subía a 3.899. Cuatro minutos antes de la medianoche, el responsable financiero insistía en que se emitiera la orden de pago a favor de Sinopharm.
Sin embargo, funcionarios de nivel medio de ese Ministerio objetaban errores de fondo: los contratos estaban redactados en castellano, inglés y mandarín; las controversias serían dirimidas en inglés, que no es el idioma oficial. No se determinaba con claridad el lugar para resolver una posible disputa judicial.
Y lo más grave, no llegaban aún los insumos al país, de modo que no había garantía suficiente de cumplimiento por parte del fabricante. Entre los bienes adquiridos se encontraban trajes de protección para el personal médico, en primera línea de combate al virus.
Las autoridades de Salud investigan estos contratos. Sin embargo, al cierre de esta edición el ministro Juan Carlos Zevallos renunció, en medio de acusaciones por favorecer a sus familiares y amigos del gobierno con la aplicación de vacunas contra el coronavirus.
Documentamos que el principal responsable de la negociación con Sinopharm es investigado penalmente por otro proceso, relacionado con la fallida compra de mascarillas y respiradores para el personal médico.
Buscamos la versión de Sinopharm, pero no contestó nuestros requerimientos. Esta farmacéutica vendió 38 millones de vacunas al vecino Perú, país con el segundo nivel más alto de muertes por el virus, después de Brasil. Como parte de las negociaciones, el gobierno peruano permitió que 12 mil voluntarios participaran en un estudio clínico con Sinopharm. Sin embargo, la cláusula no escrita era el “regalo” de dos mil vacunas para allegados al gobierno. La ministra de Salud de ese país, Pilar Mazzeti, y la canciller, Elizabeth Astete, fueron dos de las beneficiarias de “vacunas de cortesía”. Ambas renunciaron al conocerse estos hechos.
El gobierno de Ecuador, antes de la dimisión del ministro Zevallos, anunció la compra de dos millones de dosis de la fabricante china Sinovac.
América Latina, con 15 millones de casos confirmados y más de medio millón de muertos hasta mediados de febrero, es una región devastada. La pandemia ha golpeado fuertemente a los países; mientras que para muchos ha significado dolor, para otros, los grandes negocios se mezclan con el poder político, en detrimento de la salud pública.
