Jueza ordena prisión preventiva contra el exministro del correísmo Raúl Carrión por presunto peculado
Carolina Farfán lunes, 30 noviembre 2020 - 08:48
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La jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra del exministro Raúl Carrión, revocando las medidas dictadas previamente, dentro del proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, señaló que, debido a que no se ha cumplido con la medida cautelar de presentación periódica dictada en contra del procesado, por lo que solicitó que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva.
Postura a la que se sumó la Procuraduría General del Estado, entidad que ejerce la defensa del Ministerio del Deporte, del cual Carrión fue titular.
La defensa del procesado, a pesar de mostrarse en contra de este pedido, no presentó ninguna justificación para el incumplimiento de la presentación periódica por parte de su cliente.
La jueza Camacho señaló que se ha demostrado que otro tipo de medidas no garantizan la presencia de Raúl Carrión en el proceso penal, así como el eventual cumplimiento de una condena y una posible reparación integral.
“El comecheques”
Apenas llevaba seis meses en el poder cuando Rafael Correa enfrentó la primera denuncia de irregularidades en su entorno. Se había filtrado un video donde el entonces ministro de deportes Raúl Carrión se ufanaba de su amistad con el mandatario. Decía ser “uno de los ministros más fuertes del régimen”, autocalificándose como “el dueño del circo”.
Un año después, en Morona Santiago, empezaban los cuestionamientos a las obras deportivas que se construían previo a la realización por primera vez en esa provincia oriental de unos Juegos Deportivos Nacionales.
El proceso contra Carrión y otros funcionarios ya cuenta con una sentencia de cinco años (aún no ejecutoriada), misma que fue ratificada en audiencia de apelación, luego de que se declararan improcedentes los recursos presentados.
Fiscalía, con base en las pruebas presentadas, comprobó que los sentenciados subdividieron once contratos en la construcción del Complejo Deportivo Río Verde de Esmeraldas, en contra de la normativa legal prevista en la Ley de Contratación Pública.
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