Fiscalización analiza solicitud de juicio político contra el ministro de Trabajo | Vistazo

Fiscalización analiza solicitud de juicio político contra el ministro de Trabajo

Redacción Lunes, 22 de Febrero de 2021 - 11:43
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Este lunes 22 de febrero, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, avocará conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político a Carlos Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, propuesta por las asambleístas Marcela Holguín Naranjo y Marcela Aguiñaga Vallejo, por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
 
En la sesión virtual 35, la Comisión de Fiscalización verificará que la solicitud cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, es decir que el pedido reúna las firmas de, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Asamblea (35) y que se alegue incumplimiento de funciones. También establecerá el cronograma para la sustanciación del proceso.
 
 
Una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
 
En el mismo acto notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que, dentro del plazo de quince días que se encuentran transcurriendo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
 
Plazo adicional
 
De acuerdo con las reformas vigentes, con la contestación del funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.
 
La Comisión de Fiscalización y Control Político, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio.
 
El organismo determinará las fechas específicas para recibir a las asambleístas solicitantes, así como al Ministro de Trabajo para que expongan las pruebas de cargo y de descargo que consideren pertinentes. Según la normativa vigente, los legisladores proponentes del juicio y el funcionario tienen un tiempo máximo de tres horas para presentar sus respectivos argumentos.                                                      
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