Exasambleísta Daniel Mendoza ingresa en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, informó Fiscalía | Vistazo

Exasambleísta Daniel Mendoza ingresa en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, informó Fiscalía

Redacción Lunes, 20 de Julio de 2020 - 08:35
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Luego de conocerse la conversación entre el exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero, en la que hablan de supuestos pagos, la Fiscalía consideró que Mendoza corre riesgo y necesita protección, reportó el medio Ecuavisa. Por lo que, la fiscal general, Diana Salazar, informó a la Corte Nacional de justicia que:
 
"... el procesado Daniel Isaac Mendoza Arévalo forma parte del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el proceso penal..."
 
Además, solicitó al juez del caso, que se lo mantenga alejado de los demás involucrados en el proceso por delincuencia organizada por el contrato del hospital de Pedernales. El juez Marco Rodríguez aceptó y dispuso:
 
1. Que Daniel Mendoza se mantenga ingresado exclusivamente en la cárcel 4.
 
2. Que René Tamayo, Ángel Andrade, Pablo Cruz y Danny Calderón sean trasladados a otros centros.
 
Por su parte, la defensa de Mendoza no ha confirmado si luego de recibir protección de la Fiscalía, también actuará como cooperador eficaz y proporcionará información para esclarecer los hechos.
 
El 17 de julio pasado, la fiscal Salazar formuló cargos contra el legislador Eliseo Azuero y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Ellos se sumaron a los otros seis ya procesados por Fiscalía en este mismo caso.
 
El juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de Fiscalía y les dictó prisión preventiva a todos, la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares.
 
Para sustentar la formulación de cargos, Salazar presentó las conversaciones (audios y textos) a través de chats de WhatsApp, que evidenciarían la existencia de esta estructura y la relación de los procesados entre sí.
 
Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener su operatividad.
 
En este caso la instrucción fiscal se extendió por 30 días más y aún puede haber más vinculaciones.
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