Elecciones 2021: ¿Qué tan viables son las propuestas de los candidatos?
Gabriela Pinasco miércoles, 3 febrero 2021 - 05:01
Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
Hay más de 1.500 propuestas en esta campaña, muchas dirigidas a la emoción más que a la razón. Según algunos candidatos, las soluciones son fáciles, pero ¿qué tan viables son estas promesas estratosféricas o pirotécnicas en medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el país y que tendrá que afrontar el próximo gobierno?
¿Hay alguna sanción para las mentiras?
Entre la realidad y la demagogia. A pesar de la pandemia los candidatos optaron por la campaña en la calle y las aglomeraciones.
Con las propuestas también hay irresponsabilidad, pues algunas parecen imposibles de aplicar tras la fuerte contracción económica que vivió el país en 2020.
“En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”, ironizaba el pri- mer canciller alemán, Konrad Adenauer, a quien se considera uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Pero nuestros políticos parece que se lo toma- ron muy en serio: su discurso está muy
lejos de la realidad.
Un proyecto de Grupo Faro sistematizó las 1.500 propuestas que los 16 binomios presentan en sus planes de gobierno, y encontró que solo la mitad detalla cómo lo va a lograr, el resto se queda en el simple enunciado. No es una preocupa- ción menor la ligereza con la que los partidos se toman las ofertas.
“Mucho menos cuando el Ecuador está enfrentando uno de los períodos más difíciles de su historia. Me parece irresponsable que no se transmita a los ciudadanos que se tendrá que tomar decisiones duras”, dice Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de esta organización.
La entidad diseñó una herramienta web con toda esta información para que cualquier persona pueda revisar y comparar, por candidatos y temas, todas estas propuestas.
En los planes y en los debates ya escuchamos promesas como la de Guillermo Celi (Suma) de bajar el IVA al ocho por ciento y dotar de Internet a todos los ecuatorianos. Lucio Gutiérrez (PSP) también ofrece reducir el IVA y cadena perpe- tua para los corruptos.
Andrés Arauz el candidato del correísmo, planea repartir mil dólares a un millón de familias en su primera semana de gobierno. Isidro Romero, por Avanza, promete tres millones de empleos en el sector agrícola, y Guillermo Lasso (CREO), un poco más conservador, dos millones de plazas.
“No se trata de si es fac- tible o no la propuesta, lamentablemente la gente se conecta con lo que le es más cercano y lo que necesita. Y la generación de empleo es una de las prioridades que va a conectar con el electorado”, dice Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Yaku Pérez (Pachaku- tik) y Ximena Peña (Alianza PAÍS) plasmaron en su plan de gobierno una renta básica para las familias desprotegidas, pero el Estado no tiene recursos.
Como en feria...
César Montúfar anunció un megaplan de vacunación pa- ra inmunizar a 12 millones de ecuatorianos en cuatro meses, cuando los países anglosajones estiman que les tomará más de seis meses. Algunos candidatos plantean quitar el examen de acceso a la universidad, pero olvidan que para los más de 200 mil estudiantes que se presentan cada semestre, hay menos de la mitad de esos cupos en las universidades públicas.
Carlos Sagnay, del partido de Abdalá Bucaram, Fuerza Ecuador, promete aca- bar con la corrupción y el déficit fiscal de un plumazo. Dice que los gobiernos ela- boran el Presupuesto General del Estado, que supera los 30 mil millones de dólares, con el 30 por ciento de coimas. La solución: quitando el rubro de la corrup- ción, automáticamente desaparece el dé- ficit, calculado en 8.000 millones.
El pastor evangélico Gerson Almeida, por el movimiento Ecuatoriano Unido, ofrece construir un tren intermodal y que requiere una inversión de 7.000 mi- llones de dólares. Pero no considera que Quito, después de ocho años, tiene problemas para echar a andar el Metro, obra que costó 2.000 millones y deja práctica- mente comprometido el presupuesto de la Capital para los próximos años.
Un punto de coincidencia es dar créditos entre el cinco y el cero por ciento de interés, pero nada de eso podrá llevarse a cabo si Ecuador no arregla su déficit fiscal, estabiliza su economía y reduce el riesgo país para atraer la inversión, dice Jaime Carrera Andrade, director del Observatorio de la Política Fiscal. Y la lista de propues- tas pirotécnicas puede ser interminable.
Según una encuesta de Perfiles de Opinión, solo el 5,2 por ciento de los ecuatorianos cree en los partidos políticos. La si- tuación apenas ha variado, aunque para mal, porque la confianza en 2016 era del 5,9 por ciento. Otra encuesta, de la Flac- so, determinó que el porcentaje de jóvenes que no tiene ningún interés en la política se duplicó entre 2011 y 2019.
Oscurantismo económico
En uns campaña no es rentable decir la verdad, y la verdad es que el presupuesto estatal para 2021 es de 31 mil millones de dólares, pero los ingresos serán apenas de 15 mil millones, sumando la producción y la recaudación tributaria, explica el economista Jaime Carrera. Eso no alcanza ni para cubrir lo básico en los presupuestos de Salud, Educación, Seguridad Social, asignaciones a los GAD y otros.
El gobierno saliente y entrante tienen el desafío de encontrarle salida a esos 16 mil millones de dólares que faltan: parte de eso será endeudamiento, otra parte ne- cesariamente requerirá de un recorte o ajuste con nuevos impuestos, y otra quedará para sumar el déficit fis- cal de 2022. Por ello, es absurdo plantear reducir el IVA, que significaría una caída de unos 2.000 millones de dólares de ingresos para el Estado, apunta Carrera.
“Son propuestas que reflejan el desconocimiento y la irres- ponsabilidad sobre las cuentas fiscales y el manejo de la economía. Nadie se atreve a decir esta verdad. No hay dinero para regalar, como algunos proponen”.
El mito del empleo
Segúnel INEC, la población económicamente activa es de 7,8 millones, de las cuales, poco más de 2,6 millones tienen un empleo adecuado, 4,7 millones están en la informalidad, unos 800 mil tienen un trabajo no remunerado y 500 mil son desempleados. Es decir que generar tres millones de plazas significaría duplicar el empleo adecuado, algo que no convence. Tras una contracción cercana al 10 por ciento sufrida en 2020, no se espera una recuperación sino a partir del año 2023 o 2024.
A criterio de Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro, el empleo es un tema que requiere de consenso nacional por- que, por un lado, se necesitan de reformas laborales para tener nuevas formas y dinámicas de contratación, pero por otro, hay que cuidar que estas reformas no vulneren dere- chos y precaricen el trabajo. Muñoz dice que políticas de exención de aranceles a las empresas para generar traba- jo no han demostrado ser eficientes y más bien merman los ingresos para el presupuesto del Estado. “Son temas que se deben revisar y analizar con datos, no con discursos”.
La cadena perpetua
Son rentables frases como cadena perpetua para los corruptos, pero inviables en el Ecuador. La Constitución de 2008, en su catálogo de derechos, garantiza la
libertad y la vida, explica Esteban Ron, de la UIDE, lo que hace que estas ofertas pirotécnicas sean inconstitucionales. Necesitarían pasar ciertas reformas en la Asamblea, y si quieren pasarlas por consulta popular, como ofrece uno de los candidatos, las preguntas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional.
Pero, si pasan ese filtro, serían inaplicables por los tratados internaciona- les que tiene Ecuador. ¿Por qué es tan fácil hablar? Simple demagogia y la necesidad de adecuar un marco normativo para una cierta forma de gobernar, dice Ron. Endurecer las penas, con el argumento de que así se re- duce la corrupción y la delincuencia, se denomina popu- lismo punitivo, y se justifica con el incremento de estos problemas a los cuales el Estado no ha logrado dar soluciones estructurales para atacar los síntomas y no la enfermedad cuando ya es terminal.
Choque con la Asamblea
Más allá de las condiciones económicas que inviabilizarían algunas de estas propuestas estará la dispersión de minorías en la Asamblea Nacional, que será un desafío para la gobernabilidad. Subir o bajar el IVA y otras reformas fiscales, por ejemplo, tienen que pasar por el Legislativo y ningún candidato tendrá una bancada mayoritaria.
“Por un lado, en los aspirantes con mayor posibilidad, todavía no está cla- ro si Lasso recibirá el apoyo de los socialcristianos en la Asamblea para llevar a cabo las reformas que plantea y, por otro lado, hemos visto que los 15 binomios son anti- correístas, entonces lo lógico sería que sus bancadas se opongan a Arauz”, dice Paulina Recalde.
Es muy difícil predecir en función de qué intereses se armarán los acuerdos dentro del Legislativo. El riesgo de no llegar a consensos en el próximo gobierno desembocará en la agudización de la crisis institucional y económica. Por eso, 10 de los 16 binomios plantean consultas popula- res para viabilizar reformas, pero olvidan que la última, en 2018, bordeó los 50 millones de dólares.
Del dicho al hecho
Para Ana Patricia Muñoz es importante que la ciudadanía tenga herramientas para evaluar las propuestas de campaña: el cómo, con qué plata, a quién se benefician o se dirigen las políticas públicas, son parámetros que mide la iniciativa del Grupo Faro.
Aunque esto no garantiza que el binomio vencedor cumpla con su plan, sirve como un ejercicio para que la ciudada- nía sea más exigente en la veracidad de las promesas para la segunda vuelta o futuras elecciones. “Contamos, además, con diag- nósticos o análisis de la situación del país en 16 temas como educación, salud, seguridad social, empleo, justicia, cambio cli- mático para que la ciudadanía pueda comparar la pertinencia de las propuestas”.
Lamentablemente el plan de gobierno es solo un requisito formal que pide el CNE a los binomios para la inscripción de su candidatura. Sin embargo, la revocatoria de mandato es una herramienta que permite a la ciudadanía pedir la destitución si no se cumplen las promesas de campaña. Ya lo vivió el exalcalde de Loja, José Bolívar “Chato” Castillo, destituido en 2018. Lenín Moreno, quien -entre otras promesas- no ha logrado cumplir con la generación de empleo y el Plan Casa Para Todos, tuvo dos solicitudes de revocatoria en el CNE, pero no prosperaron.
“Con estos antecedentes vemos que algunos candidatos se están curando en sano y tienen planes condicionados”, comenta Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UIDE. Ron explica que candidatos como Isidro Romero, Guillermo Lasso y Xavier Hervas (Izquier- da Democrática) tienen propuestas con el condicional “siempre y cuando las condiciones económicas sean propicias”. “El plan de gobierno es fiscalizable y las orga- nizaciones políticas parece que aprendie- ron de eso”. De todos modos, todo lo que digan los candidatos y no esté en su plan de gobierno no será fiscalizable, y cuando nos acercamos a los últimos días de campaña es seguro que aumentarán los juegos artificiales con propuestas circunstanciales para captar votos.
Noticia relacionada:
Tags:
