Asamblea exige destitución del Ministro de Gobierno y otros funcionarios por matanza en 4 cárceles
Carolina Farfán martes, 2 marzo 2021 - 08:55
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Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea exigió al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución inmediata de Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno; de Edmundo Enrique Moncayo, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); y de Johana Pesántez, presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, "como responsables de los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país", el pasado 23 de febrero, que dejó como saldo el asesinato de 79 privados de libertad.
Así mismo, se exige del Ejecutivo la adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad; una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos, entre otros. De igual forma, el Ejecutivo decrete el estado de excepción en los Centros de Privación de Libertad a nivel nacional.
La resolución propuesta por Rodrigo Collaguazo, que obtuvo además 38 abstenciones y un voto en blanco, anticipa el inicio del juicio político en contra del Ministro de Gobierno, del Director General del SNAI y de la Presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social por incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana.
Igualmente, exhorta a los organismos del Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial, que establezca los responsables por los hechos ocurridos en los centros de rehabilitación social del país conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; brinde su apoyo técnico para que el Gobierno Nacional reconstruya políticas públicas que aborden los problemas estructurales del sistema penitenciario que incluya enfrentar el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria.
También, se solicita al Presidente de la República ejecute el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030; disponga al Ministerio de Finanzas, la entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario.
Múltiples fueron las inquietudes y comentarios formulados por varios asambleístas, luego de escuchar las intervenciones de Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; de Edmundo Moncayo, director del SNAI; y Hernán Patricio Carrillo, comandante General de Policía, en torno a la crisis carcelaria registrada el pasado 23 de febrero.
Entre otros temas, consultaron por qué no se tomaron medidas para evitar que la violencia al interior de las cárceles derive en lo ocurrido el 23 de febrero pasado; cuáles son las evidencias para afirmar que estos hechos serían orquestados desde organizaciones delincuenciales en el exterior; los resultados del estado de excepción dictados en el sistema de rehabilitación social; el incumplimiento de la Constitución en esta materia; por qué se pretende buscar culpables, antes que ofrecer soluciones; y cómo se van a desarrollar las investigaciones.
Al respecto, Patricio Pazmiño reiteró que en ningún momento se ha cuestionado el rol de la Policía Nacional, por el contrario, consideran que la institución policial está haciendo su trabajo, pese a las limitaciones económicas y logísticas que afronta el Estado ecuatoriano. “Como sociedad no encontramos la manera de superar la problemática de violencia, que rebasa la capacidad del Estado para su control”, dijo.
Entre tanto, el comandante General de la Policía reclamó la falta de una Ley de Inteligencia Nacional, normativa que habría permitido conocer con anticipación sobre la planificación de los hechos que se dieron el pasado 23 de febrero. “No podemos realizar acciones de inteligencia dentro de los centros penitenciarios, porque debemos respetar las normas mínimas de Naciones Unidas para la Atención a los Reclusos, una de las cuales indica que la vigilancia no puede ser invasiva, sino a través de medios tecnológicos.
De su lado, el director del SNAI subrayó que mientras no mejoren las condiciones presupuestarias del país, poco se puede hacer; sin embargo, trabajando de manera conjunta y coordinada, habrá la posibilidad de avanzar en la búsqueda de una solución a este problema, de carácter estructural, que no solo se produjo en los últimos cuatro años, sino que viene de mucho tiempo atrás.
Por último, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, sugirió se instale una mesa de trabajo multidisciplinaria que involucre a todas las instituciones inmersas en el sistema de rehabilitación, a fin de lograr, en el corto plazo, una propuesta que permita superar la dura situación por la que atraviesan los centros de privación de libertad del país.
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