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Miércoles, 16 de Octubre de 2019 - 12:34
Según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, el subsidio de los combustibles significa 30 por ciento del gasto público y es responsable de las dos terceras partes del déficit fiscal.
 
Un estudio de UDLA contabilizó su costo entre 2005 y 2018: 44.278 millones de dólares. Es decir, casi el 80 por ciento de nuestra agobiante deuda externa. Además, el subsidio ha sido un obstáculo para que el país desarrolle sistemas de transporte público eficientes, ha permitido que nazcan mafias de contrabandistas, que se sature el parque de vehículos y se contamine a las ciudades, al extremo que en la capital se impide circular en ciertos días.
 
Sin embargo, desmantelarlo ha sido una medida tan impopular que ningún presidente se había atrevido a ejecutar. Lenín Moreno lo hizo, sin anticipar el grado de virulencia en las protestas. Reinó una anarquía sin precedentes en Ecuador, que ha visto hace una década cambiar cuatro presidentes por faltas menores. Los manifestantes invadieron campos petroleros, destruyeron edificios, saquearon sin miramiento y secuestraron policías y periodistas. La protesta comprensible en los sectores más afectados, se tornó en amenaza al sistema democrático porque en río revuelto aparecieron agentes externos, interesados en impedir la acción judicial en contra de funcionarios del anterior gobierno y también fue aprovechada por delincuentes comunes. Hubo una agonía de más de una semana, con costos cuantificables en término de daños materiales y lucro cesante, pero incuantificables para el tejido social interno y la imagen internacional del país: una “banana republic”, sin ley ni orden. El riesgo país subió 110 puntos.
 
¿Quién pagará la cuenta de 17’000.000 de la paralización de campos petroleros, el daño de 1’000.000 a bienes coloniales en la Capital? ¿Y a las empresas saqueadas y a las que no pudieron aprovechar los festejos y el feriado por el 9 de Octubre, que además era el inicio del año del Bicentenario? ¿Quién compensará a los trabajadores informales, que no tuvieron para alimentar a sus familias durante una semana? Pero lo más importante, ¿a quién responsabilizamos por haber exacerbado el racismo y la xenofobia?
 
Perdimos todos. La violencia no construye sociedades de derecho. Los violentos, provengan de donde provengan, no deben tener cabida en la democracia y sus actos no pueden ser perdonados. Para ellos, todo el peso de la ley.