¿Quién busca incendiar al país? | Vistazo

¿Quién busca incendiar al país?

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¿Quién busca incendiar al país?

María Belén Arroyo Miércoles, 09 de Octubre de 2019 - 12:26
El primer lunes de octubre, al fin de la tarde, un helicóptero salió desde el Palacio de Carondelet hacia Guayaquil. Fue una medida extrema: el gobierno de Lenín Moreno trasladó su sede al Puerto Principal ante la inminente llegada de miles de indígenas, movilizados desde varias provincias.
 
Al cierre de esta edición, Moreno despacha desde Guayaquil, mientras se anuncia una huelga general. 
 
La respuesta inesperada del movimiento indígena frente al paquete de medidas económicas, adoptado por el Ejecutivo, solo tiene una explicación. Infiltrados desde el correísmo se sumaron, en un intento desesperado por desestabilizar y provocar un golpe de Estado. Causaron daños, saqueos, destrucción en empresas privadas; con violencia, saña y alevosía. Entraron a pozos petroleros, con armas. Atacaron la sede del Legislativo y la Contraloría. Agredieron a la prensa.
 
Esa no es la característica de la protesta indígena. La filosofía básica andina es simple: no robar, no mentir, no haraganear. Vándalos se infiltraron. ¿De dónde salió la plata para mover tanta gente en tan poco tiempo?
 
Así empezó todo. El Gobierno adoptó un conjunto de medidas económicas, en un guiño hacia la clase media del país, según un análisis del grupo icare, especializado en manejo de crisis, análisis de contexto político y comunicación.
 
El estudio “El morenismo y su resignificación de conceptos en el Ecuador del caos”, de esta firma, se basa en cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC): la clase media del país representa entre el 60 y 70 por ciento de la población. Los datos del INEC, citados en el análisis, caracterizan esta clase: familias que no tienen vehículo: aspiran a tener uno. Tienen dos celulares en el hogar. Dos de cada 10 tienen laptop y cinco ó seis de cada 10 tienen computadora de escritorio.
 
“El Gobierno planteó la reducción de impuestos en la importación de bienes tecnológicos (celulares, tabletas, computadoras), reducción de aranceles en vehículos de menos de 32 mil dólares y destinar el valor cobrado a empresas que facturan más de 10 millones al año por contribución especial por tres años a seguridad, educación y salud”.
 
Una computadora portátil, al bajar impuestos, será un 10 por ciento más barata. Si bien la decisión no es nueva –se anuncia desde mayo– su inclusión el paquete de medidas reveló la intencionalidad de contener el descontento de la clase media. De carambola, el anuncio del fin de los subsidios a los combustibles dirigió el foco de atención a un grupo rechazado por su histórica costumbre de chantajear y pactar con los gobiernos de turno, para obtener prebendas, subsidios y hasta impunidad en los accidentes viales: los transportistas.
 
“El paquete de medidas parece hecho como un guante para la clase media, aunque sí golpea a los servidores públicos”, explica el director general de icare, el analista político Pedro Donoso.
 
Fuegos por doquier
El Gobierno pasó la prueba al ganar el pulso a los transportistas, posicionando la tesis de que era imposible mantener los subsidios a los combustibles. Sin embargo, el correísmo aprovechó la oportunidad para encender el fuego de la protesta en territorios. Varios actores deben ser analizados.
 
1. Rafael Correa. Los hechos ocurrieron cuando faltan días para la crucial audiencia preparatoria de juicio. En ella la Fiscal general debe decidir a quién acusa, entre 25 procesados, por participar en la trama de sobornos 2012 - 2016. En la lista de vinculados constan el expresidente y su binomio Jorge Glas. El proceso enfrenta fuegos cruzados. La Corte Nacional de Justicia está bajo evaluación por parte del Consejo de la Judicatura. Por lo pronto, a inicios de octubre, dos jueces nacionales que sustituyeron la prisión preventiva para Alexis Mera Giler, por prisión domiciliaria, fueron destituidos por “negligencia”, según argumentó la Judicatura. El correísmo busca crear caos para no responder por sus actos ante la justicia.
 
2. La expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, actuó de corifeo en los pasillos legislativos: clamó por el adelanto de elecciones, la salida del actual presidente Moreno y el escenario de la muerte cruzada. Las redes sociales mostraron su imagen atizando las protestas en Otavalo. En la provincia de Imbabura, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), denunció que cuatro días de protesta dejaron dos muertos. Las autoridades locales lo desmintieron al día siguiente. La violencia de los días subsiguientes dejó heridos y quizás víctimas..
 
3. El exasambleísta Virgilio Hernández. A inicios de septiembre confirmó a radio Atalaya de Guayaquil que estuvo en Caracas, reunido con el expresidente prófugo. “Con Correa trabajamos, miramos la situación del país, lo que puede ser el futuro, y sobre todo, hay algo muy claro: él dice que tenemos que construir una gran coalición que permita recomponer el desastre que han causado”. A confesión de parte, relevo de prueba: llamas avivadas desde Venezuela.
 
Según el exdirector de Inteligencia, coronel Mario Pazmiño, en entrevista al medio Primer Informe, “El régimen de Nicolás Maduro ha aprovechado el flujo migratorio sin precedentes de venezolanos por la región, para infiltrarlo con delincuentes que pertenecen a megabandas, con el expreso objetivo de afectar las débiles democracias de países como Ecuador”. Según Pazmiño, el plan empezó en 2015, con asesoría de inteligencia cubana. Cita fuentes de la misma estructura inteligencial venezolana.
 
¿Cuál es el rol de la Prefectura de Pichincha en este contexto? Si bien por redes sociales se mencionó que volquetas del gobierno provincial se usaron para bloquear vías, la titular de ese organismo, Paola Pabón, negó rotundamente esa participación. Exasambleísta y exfuncionaria de confianza del correísmo, su línea política es cercana a la de Hernández.
 
Finalmente, el excanciller Ricardo Patiño acaba de recibir el asilo en México, país al que llegó desde abril. Viajó antes de que se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra, por el presunto delito de instigación. En octubre de 2018, durante una convención política en Latacunga llamó a la resistencia y a la toma de instituciones públicas. Desestabilizador a la distancia.
 
Peligro, inflamable
Pero es un error ubicar el análisis en la simple matriz cartesiana correísmo-anticorreísmo, advierte Pedro Donoso a Vistazo. “En la medida que el Gobierno entienda y visualice las razones de las protestas podrá dialogar con actores que no ha tomado en cuenta”.
 
El inesperado brote de descontento indígena derivó en el bloqueo de vías, la toma de rehenes a uniformados militares y policías, la suspensión de fuentes de agua y hechos de protesta especialmente en la región andina. Hubo saqueos a una empresa láctea y a 10 florícolas. Para Donoso, en el movimiento indígena emerge un nuevo liderazgo (¿indígenas millennials?), cuyas demandas frente a las industrias extractivas confrontan con la decisión política del Gobierno. Sus líderes expresan el descontento por la exclusión histórica de los indígenas.
 
El resultado final de la protesta indígena, a la luz de la violencia y los llamados a
saqueos, sería perjudicial para el propio movimiento. La percepción desde las ciudades es que fue utilizado con fines políticos por oportunistas perversos. 
 
Si el poder de convocatoria del movimiento fue pulverizado en el correísmo, la fuerza inusitada que adquirió en octubre pudo haber tenido un combustionante extra. Hubo represión policial desmedida. 
 
Vistazo confirmó que semanas atrás, durante una reunión para analizar el futuro de la seguridad social de los militares y de la policía, se habló de una “quinta columna que defiende el proyecto de Patiño”. Más aún, se denunció la existencia de una “columna bolivariana” leal al exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano. Basta leer el listado de quienes, a fines de 2016, firmaron un documento de apoyo a Serrano, cuando –como ministro del Interior- era investigado en el caso pases policiales. Oficiales que aún se mantienen cercanos al poder.
 
Si hubo excesos en la represión, ¿fueron deliberados? Analistas advierten del juego de intereses: la necesidad de que no se investiguen hechos del pasado, como los del 30 de septiembre de 2010.
 
Mantener impunidad sobre el manejo de recursos de policías y militares. La catedrática Caroline Ávila Nieto, experta en comunicación política y profesora de la Universidad del Azuay, advierte que “Recién al cuarto día de protestas el Gobierno anunció que estaba decidido a negociar”. “Los desmanes se explican desde lo social. La violencia se vio desde ambos frentes y es difícil adjudicar (los hechos) a un solo interés”.
 
“No vimos señales claras desde el Gobierno para evitar desmanes. Hubo focos correístas, sin duda, pero no explican las agresiones a periodistas, a mujeres, pasarles la moto por encima, golpearlos con toletes. No he visto un solo pronunciamiento de la Ministra de Gobierno en este sentido”.
 
Los sectores de izquierda, exMPD hoy Unidad Popular, sumaron material inflamable. “Quienes conducen esta protesta no son Correa, sino la Conaie y sus bases, el Frente Unitario de Trabajadores y sus bases, organizaciones que combatieron y lucharon contra la corrupción, el autoritarismo y la violación de los DDHH del gobierno anterior”, dice David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 
Octubre empezó con violencia. El decreto de excepción emitido por el Ejecutivo prevé 60 días, la Corte Constitucional los redujo a 30.
 
La noche del lunes 7, desde Guayaquil, el presidente Moreno, su vicepresidente Sonnenholzner; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y el mando militar aparecieron en una cadena de 3 minutos. Anunciaron que no derogarán las medidas, que hay apertura al diálogo, pero que está identificado que el "sátrapa de Maduro" y los "zánganos" correístas están detrás de la desestabilización.