Partidos y movimientos, en la mira por firmas falsas | Vistazo

Partidos y movimientos, en la mira por firmas falsas

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Partidos y movimientos, en la mira por firmas falsas

Marlon Puertas y Daniela Aguilar Miércoles, 18 de Septiembre de 2019 - 14:20
Lenin Saguay es un riobambeño que decidió participar como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. El principal requisito era no haber sido afiliado a ninguna organización política en los últimos cinco años. Saguay estaba seguro que nunca lo había hecho. Grande fue su sorpresa cuando lo descalificaron porque no cumplía con ese requisito: él estaba afiliado, sin saberlo, al movimiento Justicia Social.
 
Al igual que él, otros 85 postulantes al Consejo corrieron la misma suerte. Todos ellos aseguraron que nunca firmaron nada y que sus rúbricas eran falsificadas, según el seguimiento que hizo el Observatorio de Servicios Públicos a cargo de César Cárdenas.
 
Fueron 85 descalificados, de 201 candidatos. “Eso nos da un 40 por ciento que, calculamos, es la población afiliada fraudulentamente”, dice Cárdenas.
 
Las organizaciones políticas han certificado que 6,5 millones de ecuatorianos han firmado para que puedan existir. Es la mitad del total de votantes, según las cuentas de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
 
“El nuestro es un país en el que históricamente la mitad de su población ha manifestado que jamás estaría dispuesta a pertenecer a un partido político. Y eso no ha cambiado”, dice Néstor Marroquín, un experto en temas electorales.
 
“Por lo tanto, si es cierto que seis millones ya firmaron, quiere decir que ya no hay más gente disponible”, concluye.
 
Hubo un precedente en 2012
Una organización política para ser legalmente reconocida debe respaldarse con firmas equivalentes al 1,5 por ciento del padrón electoral de su jurisdicción.
 
Ecuador vive un boom de partidos y movimientos políticos. Actualmente son 278, hace cinco años eran 127.
 
 
En 2012 más de 60 mil denuncias por falsificación de firmas se presentaron en Fiscalía. Treinta personas fueron investigadas, 12 fueron procesadas y siete años después, cuatro han sido sentenciadas a seis años por falsificación de documentos, no de las firmas.
 
De los cuatro sentenciados, tres recogieron firmas para el movimiento Equipo, de Fabricio Correa, hermano del expresidente. El cuarto lo hizo para otro movimiento de la Costa. Fabricio Correa nunca fue procesado y eso que él dice que todo este escándalo fue armado por el gobierno de su hermano para perjudicarlo. “Imagínese. ¿Qué juez o fiscal se iba a meter con el hermano de Rafael Correa?”, pregunta Gisela Padovani, abogada de uno de los condenados.
 
El principal acusado es Fernando Morla, quien según Fiscalía, accedió al padrón del CNE, transmitió esa información a dos intermediarios y estos a su vez a quienes adulteraban las firmas.
 
Morla formó parte de Ecuasistemas, una empresa familiar, a la que también perteneció Julio Morla, hermano de Fernando, quien aparece como aportante con 70.000 dólares a la campaña para la reelección de Correa, en 2013.
 
Entre los sentenciados están también Francisco Jérez y su hermana. Ellos confesaron haber falsificado firmas. Pero Francisco dice que aquella confesión fue producto de un acuerdo con representantes del gobierno de Rafael Correa, que le ofrecieron trabajo y la seguridad de que no sería sentenciado. Como prueba, tiene fotos dentro del avión presidencial en el que fue llevado de Quito a Guayaquil, para rendir su versión. Ahora, ni siquiera tiene para contratar un abogado y su caso fue llevado por un Defensor Público.
 
¿Deficiente verificación?
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, reconoce que existe un problema pero intenta no causar alarma. Suaviza el tema explicando que también hay casos de personas que, efectivamente, dieron su firma para apoyar un partido y después, sencillamente lo niegan. Ella rescata el trabajo de verificación de firmas que hacen y también la idoneidad de sus funcionarios.
 
Allí trabajan de forma permanente 24 bachilleres que tienen la responsabilidad de verificar con sus ojos si las firmas que llevan los políticos efectivamente fueron trazadas por sus dueños. Y no lo hacen directamente en el papel. Los formularios son escaneados para hacer la verificación en una pantalla donde se compara con las firmas que constan en los padrones de las últimas tres elecciones. También hay un grafólogo, el único experto de planta que solo asesora. La aprobación está en manos de los muchachos.
 
Para un 20 o 30 por ciento de firmas no hay comparación alguna, porque esos ciudadanos o no votaron en elecciones anteriores o eran aún menores de edad en esos años.
 
Dicen que esas firmas se aprueban porque así lo dispuso el Tribunal Contencioso Electoral. De esta manera, un millón y medio de firmas no tuvo comparación alguna. Para la Contraloría esas firmas debieron ser verificadas con la base de datos del Registro Civil, lo que no se hizo.