La herencia del miedo: lo que dejaron las protestas en Ecuador | Vistazo

La herencia del miedo: lo que dejaron las protestas en Ecuador

María Belén Arroyo Miércoles, 04 de Diciembre de 2019 - 16:10
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Un laberinto normativo e institucional dificulta conceptualizar las amenazas. Un análisis militar lo confirma. Después de los hechos de octubre, dos peligros surgieron: Que se propague el miedo al otro, al distinto, fomentando el racismo y la exclusión. Y que, en nombre del miedo, ciertas voces irracionales busquen legitimar el uso excesivo de la fuerza.
 
Primera escena. El 12 de noviembre compareció el presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, ante el Legislativo, para relatar su visión sobre los hechos de octubre. Pasó de la justificación a la amenaza. “Decimos al Vicepresidente de la República que si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea…”.
 
Segunda escena. En la red social Twitter, la cuenta del Observatorio de la Dolarización exhortaba a los parlamentarios, antes de la votación del proyecto económico el tercer domingo de noviembre: “Asambleísta, apelamos a su responsabilidad. Hay motivos de grave preocupación para la dolarización. Le recomendamos archivar la llamada #Ley- CrecimientoEconómico”. El Legislativo con 70 votos desechó la propuesta del Ejecutivo, bloqueando la iniciativa presidencial para sortear la crisis.
 
Tercera escena. Tras conocer del cese en sus funciones como comandante del Ejército, el general Javier Pérez se dirigió durante 12 minutos a sus compañeros, en una intervención filmada con su consentimiento: “Otra cosa hubiera sido, sencillo, una cadena en la prensa, a la usanza de años anteriores, (para decir que) las Fuerzas Armadas retiran el respaldo al Presidente y a las autoridades, y se acabó el problema, pero ya no más eso (…) También pudimos haber adoptado otra conducta, el Estado, la Nación nos confiaron las armas… La extrema prudencia con que hemos actuado nos deja a salvo de responsabilidades históricas…”.
 
El fuego de la violencia se encendió en octubre. Entre las cenizas, humea la herencia del miedo.
 
De 11 días de crisis, el más atemorizante fue el sábado 12 de octubre. En palabras del general Pérez: “Eso no era una protesta social… Fue lo más parecido a una acción insurreccional de masas”.
 
“Los peligros pueden ser de tres clases: aquellos que atemorizan al cuerpo y a las propiedades de las personas; los que tienen una naturaleza más general y afectan la duración y la fiabilidad del orden social, del que depende la seguridad del medio de vida (renta, empleo) o la supervivencia; y finalmente, los peligros que amenazan el lugar de la persona en el mundo”, cita el catedrático en sociología Lautaro Ojeda Segovia, en su libro “Miedos, Poder y Seguridad”.
 
“Confieso que no me he atrevido antes a hablar de terrorismo, caracterizado como la creación indiscriminada de miedo, pero el sábado 12 de octubre vivimos algo así. Ese día se produjo una desfocalización, en lugar de un solo centro hubo varios sitios de conflicto simultáneamente, esa es una táctica de subversión”, explica Ojeda.
 
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habló de grupos insurgentes. Después de los eventos, los expertos coinciden en que es urgente redefinir el significado de las palabras subversión, insurgencia, sublevación. Y es ahí donde empieza el primer problema. Caracterizar la amenaza es apenas el primer paso.
 
Seis tanquetas de fabricación brasileña, de 14 toneladas y 212 caballos de fuerza, fueron destruidas; la pérdida asciende a 1,4 millones de dólares. No estaban aseguradas. Fueron usadas en el conflicto del Cenepa. La Fuerza Terrestre perdió 184 vehículos en las jornadas, casi dos millones de dólares en daños.
 
La teoría y la práctica
Un laberinto normativo e institucional dificulta conceptualizar las amenazas. Un análisis militar al que accedió Vistazo lo confirma. La Ley de Seguridad Pública menciona en el artículo cuarto que “la seguridad pública será integral para los habitantes del Ecuador (…) y comprende acciones conjugadas de prevención, protección, defensa y sanción. Se prevendrán los riesgos que atenten contra la convivencia…”.
 
El Consejo de Seguridad Pública del Estado, según su estatuto de funciones, debe calificar a la insurgencia como amenaza. Sin embargo, el órgano llamado a identificar las amenazas es la Secretaría de Inteligencia (antes Senain, hoy Centro de Inteligencia Estratégica, CIES), según el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Durante la actual administración presidencial, esa entidad tuvo cuatro titulares.
 
El Plan Nacional de Defensa para el período 2019-2030, elaborado en la gestión del actual ministro Jarrín, por primera vez aquí revelado, reconoce que “existe una delgada línea que separa la seguridad pública de la defensa, por ello, únicamente cuando los intereses del Estado se ven afectados y cuando la capacidad de la institución competente de proporcionar la seguridad pública se ve sobrepasada, se debe considerar el empleo de la fuerza militar”.
 
En paralelo, el Plan Nacional de Inteligencia 2019-2030, determina seis formas de amenazas. Al menos cuatro de ellas confluyeron: agresión externa de actores no estatales, incidencia de crimen organizado transnacional, acciones terroristas con diversas motivaciones, acciones contra el Estado en el ciberespacio.
 
Los hechos de octubre rebasaron cualquier consideración. Muchos actores confluyeron, no todos con el mismo fin. Los indígenas –que además pusieron los muertos– son solo uno de ellos. El país estaba preparado en teoría. En la práctica, esos días salieron once mil militares a las calles. Hicieron exhibiciones de fuerza, pero cometieron errores tácticos: un vehículo blindado Engesa Urutú 6x6, símbolo del triunfo bélico en Cenepa, fue quemado por la muchedumbre, el 9 de octubre.
 
Repotenciado, tiene la capacidad de lanzar cohetes. ¿Para qué salió a las calles? La destrucción tuvo un efecto desmoralizador en los uniformados, algunos de quienes debieron aguantar inclusive ser secuestrados y rociados con gasolina, advierte una fuente castrense. “Sin un marco legal claro no podemos actuar, tenemos preparación en derechos humanos, pero falta clarificar el límite entre nuestro derecho y el de los manifestantes”.
 
A mediados de noviembre asumieron los dos nuevos miembros de la cúpula militar. En su discurso, el jefe del Comando Conjunto Luis Lara resaltó que “el verdadero enemigo es la pobreza y la exclusión” y advirtió que no permitirán el retorno de la violencia.
 
El uso de la fuerza
María Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, advierte que a partir de los acontecimientos de violencia el miedo es una variable determinante en la sociedad ecuatoriana, “Y no estoy segura de qué tan conscientes de ello son los tomadores de decisiones; hay variantes, miedo a que se repitan los hechos, miedo a perder ese orden establecido, que no nos sirve del todo, pero es el que conocemos; y el menos estudiado, el miedo al otro que se instaló”.
 
¿El miedo justifica que los ciudadanos avalemos el uso de la fuerza? Para la experta en Derechos Humanos, la crisis halló a unas Fuerzas Armadas debilitadas, con un marco normativo que no fija reglas con claridad, ni favorece el uso progresivo de la fuerza. “La percepción de la ciudadanía es que las FF.AA. no fueron capaces de darnos seguridad, y eso nos lleva a la pregunta que muchos se hacen en la región: si las FF.AA. deben encargarse de la seguridad ciudadana”.
 
Desde su perspectiva, las FF.AA. deben tener tareas específicas, “Jamás como guardianas de la democracia ni del orden interno, salvo en situación extrema de amenazas, pero eso debe estar perfectamente estipulado”.
 
Paradójicamente, las FF.AA. son la institución con mayor legitimidad en el país después de la crisis de octubre, revela un estudio de la firma MAS Consulting Group de Latinoamérica, de Washington.
 
Pero la opinión de los ecuatorianos sobre el uso de la fuerza está dividida. La experta peruana Giovanna Peñaflor explicó, por vía Skype, detalles del estudio de opinión realizado en octubre a través de 1.170 entrevistas. “El 51 por ciento desaprueba la acción de las FF.AA.en Ecuador, pero la otra mitad lo aprueba. Esto plantea una diferencia sustancial con Chile, donde las fuerzas militares y la Policía son cuestionadas.
 
En Bolivia, pidieron a Evo Morales que renunciara públicamente. En Ecuador, sin embargo, la percepción es que las FF.AA. no traspasaron los límites”.
 
“Hay un grado de afectación en la  imagen de las FFAA, porque su histórico de aceptación es bueno, pero si comparamos su aprobación actual con la aprobación del poder judicial y la Asamblea, es muy superior”, explica el investigador del proyecto Fernando Gavilanes. 
 
Según los analistas, el gobierno cometió un error al tomar un paquete de medidas sin enfatizar en los mecanismos de compensación. “Para tomar medidas en una situación tan débil necesitas otras fuerzas políticas, pero cuán dispuestas están si se acercan las próximas elecciones”.
 
El bloqueo en el Legislativo al paquete de medidas que planteó el Ejecutivo lo evidencia. El Gobierno requiere articular un discurso convincente para salir del problema que originó la violencia de octubre. Porque nació de una urgente necesidad por una reforma económica. Porque no hay plata para seguir la farra y el despilfarro al que acostumbró al país el correísmo. Y ese fue sin dudas uno de los actores que más se beneficia de sembrar el miedo. 
 
El actor excluido
“EL MIEDO favorece a la estigmatización… Vivimos discriminación y racismo”, explica el sociólogo Lautaro Ojeda autor del libro “Miedo, Poder y Seguridad”.
 
Lautaro Ojeda autor del libro “Miedo, Poder y Seguridad”.
 
- ¿Qué nos debe preocupar?
Me preocupa que nadie en el equipo gubernamental analice la exclusión histórica de los indígenas, además hay una dirigencia indígena influenciada por asesores externos, que presentan un proyecto económico en nombre de toda la sociedad, bajo amenazas.
 
- ¿Por qué es necesario entender al movimiento indígena?
Cuando estudiaba en la PUCE me vinculé al IERAC. Eran los años 60, empezaba la reforma agraria. Trabajé en el campo. Vi, nadie me contó, haciendas que tenían cuartos de suplicio. Junto a una acequia, recuerdo haber visto una mujer llorando. El capataz le había azotado porque, estando embarazada, usó unos centavos para un pasaje de bus. Tenía que vender quesos en Latacunga y no podía ir caminando. He visto escuelas negar acceso a personas de origen puruhá. Vivimos discriminación, racismo. De esa exclusión surge el afán de pedir reconocimiento de su cultura, de su lengua y de que son ellos quienes cultivan la tierra.
 
- ¿Por qué no entendemos el concepto de plurinacionalidad? 
A inicios del siglo, un grupo de universidades de Europa se propuso estudiar las autonomías indígenas en América Latina. Se entiende que en ese continente tengan esa inquietud, quienes profundizaron en ese análisis fueron los rusos. En Ecuador yo participé en el equipo que investigó el planteamiento de plurinacionalidad del movimiento indígena. A partir de los años 90 se definió este concepto, que no implica la idea de un estado dentro de otro estado, sino en mantener su identidad dentro de la nación ecuatoriana. Sin embargo, parte de la investigación sí reflexiona lo que pasó en el pueblo kichwa amazónico Sarayaku, que peleó para impedir la llegada de la actividad petrolera, y logró el reconocimiento de ese derecho en instancias internacionales.