Familiares de Carlos Luis Morales ya habrían huído del país, denuncia la fiscal: "esa era también la intención del prefecto" | Vistazo

Familiares de Carlos Luis Morales ya habrían huído del país, denuncia la fiscal: "esa era también la intención del prefecto"

Redacción Viernes, 05 de Junio de 2020 - 13:18
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Los familiares del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, involucrados en el supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura, durante la emergencia sanitaria por Covid_19, ya habrían huído del país.

Según la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se desconoce el paradero de los dos hijastros de Morales y también su esposa, Sandra Arcos, y aseguró que esa también era la intención del Prefecto.

"No estaba en la casa y los teléfonos los había dejado en la Prefectura", dijo Salazar sobre Carlos Luis Morales, al referirse al día del operativo y allanamiento a su domicilio.

La fiscal cuestiona que lo hayan dejado libre, aunque con medidas alternativas como la de presentarse cada lunes en la Corte, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.

No obstante, este viernes 5 de junio de 2020, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que los implicados no han comparecido para la instalación de los aparatos de vigilancia (el grillete) y que el personal técnico se encuentra a la espera de la presentación de los mismos.
 
Morales, sus dos hijastros, su esposa y otras cuatro personas son acusados de beneficiarse de una red ilegal que conectaba a empresas, socios y proveedores para favorecerse de contratos en el Consejo Provincial del Guayas.

En el caso de supuesto tráfico de influencias la Fiscalía investiga varios contratos adjudicados durante esta emergencia sanitaria, reportó Ecuavisa, entre ellos:

-Adquisición de equipos y químicos para fumigar por $499 mil.
-Compra de equipos de protección para colaboradores de la Prefectura por $143 mil.
-Compra de mascarillas y pruebas rápidas de Covid-19 por $585 mil.
-Procesamiento de datos de pruebas de covid-19 por $79 mil.
-Todo esto suma $1 millón 306 mil.

Se determinó la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar coronavirus con presunto sobreprecio.

Estos contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el Prefecto procesado. Además, varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían “fachadas”.
 
Por otro lado, Salazar afirma que le preocupa la actuación de ciertos jueces en caso puntuales, sobre todo en los que tienen que ver con delitos de corrupción.

“Hemos dado muestras de que no nos tiembla la mano, sea quien sea el investigado. Actuamos siempre apegados a la Ley. No trabajamos con el Ministerio de Gobierno sino con la Policía Nacional, que es parte del engranaje de la Fuerza de Tarea”, puntualizó la funcionaria.

Y agregó, “cuando sentimos que hemos perdido la batalla, los pícaros nos ganan. Los buenos ecuatorianos somos más. Hay que continuar en la lucha, es difícil pero no podemos detenernos. Hemos trazado el camino y debemos continuar por esa vía”.

Además, Salazar indicó que ha recibido 'recomendaciones' para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político. "Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer", resaltó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mira con "profunda preocupación" las últimas decisiones de los organismos jurisdiccionales, relacionadas con los casos de presuntos actos de corrupción, presentados a la justicia por la Fuerza deTarea multidisciplinaria de la Institución.

"Como organismo técnico especializado y titular de la acción penal, la FGE actúa con sujección a la Constitución, la Ley u los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos", señaló la entidad a cargo de la fiscal general Diana Salazar.