En marcha proceso por enriquecimiento ilícito contra exalcalde de Balzar | Vistazo

En marcha proceso por enriquecimiento ilícito contra exalcalde de Balzar

Redacción Jueves, 25 de Julio de 2019 - 12:52
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Dentro del proceso penal seguido contra el exalcalde de Balzar, Cirilo G. T., por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.
 
Luego de una audiencia el pasado 23 de julio, los magistrados dejaron sin efecto la nulidad del proceso planteada por el presidentede la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur Albuja, quien basaba su resolución en un supuesto retraso en la entrega del informe emitido por la Contraloría General del Estado.
 
La fiscal provincial Yanina Villagómez, quien intervino en la diligencia, manifestó que no hubo vulneración a la seguridad jurídica y que no existieron vicios de procedimiento, de competencia ni de procedibilidad que pudieran afectar al proceso seguido contra el exalcalde.
 
“En virtud de que todos los elementos de convicción que sirvieron para realizar la imputación penal fueron recaudados en legal y debida forma, conforme a la seguridad y ordenamiento jurídico existente en nuestro país, la Sala Penal acogió el recurso planteado por Fiscalía, en conjunto con la Contraloría General del Estado, y dispuso que se continúe con la sustanciación de la causa. Esto es, con la audiencia preparatoria de juicio”, expresó la Fiscal Provincial.
 
La Fiscalía inició una investigación previa contra el exalcalde del cantón Balzar, Cirilo G., el 29 de marzo de 2017, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, tras haber recibido el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de julio de 2009 y el 15 de junio de 2015.
 
El informe de Contraloría determinó variaciones producidas en el patrimonio (activo y pasivo), incluyendo los bienes de propiedad. Entre los movimientos de ingresos y egresos a cuentas bancarias se detectaron movimientos de dinero por una cantidad de $1’919.814,94, de los cuales, $1’251.372 no han podido ser justificados.
 
En el caso, también está involucrada la esposa del exfuncionario, quien no habría justificado el origen del dinero depositado en dos cuentas bancarias a su nombre por más de $200.000.
 
Según el Art. 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cometen enriquecimiento ilícito los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado y hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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