El ISSFA se ahoga | Vistazo

El ISSFA se ahoga

Por María Belén Arroyo | marroyo@uio.vistazo.com Martes, 10 de Marzo de 2020 - 17:45
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“Lo único que se trata con esta propuesta es crear equidad e igualdad; buscamos distribuir la riqueza para beneficio de todos”. Era el 4 de junio de 2016. Frente a 245 voluntarios y 40 oficiales de la Base Aérea de Taura y de la Escuela de Infantería, el entonces ministro de Defensa del correísmo, Ricardo Patiño, defendía las bondades de la Ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
 
Desde marzo, Patiño andaba en traje de campaña. Entre septiembre y octubre de ese año se realizaron los dos debates legislativos; la ley fue aprobada durante la presidencia de la asambleísta Gabriela Rivadeneira y publicada en el Registro Oficial, con agilidad asombrosa. 
 
 
En menos de cuatro años se sienten los efectos. El pago de pensiones, de las cuales dependen directamente casi 35 mil uniformados activos y 11 mil viudas e hijos de militares fallecidos, se atrasó varios días a fines de 2019 e inicios de febrero de 2020.
 
Se pagó mediante una operación que implicó la compra de papeles del Estado. El Gobierno le debe 319 millones de dólares al ISSFA. El sistema cubre a una población de 230 mil personas en el país. 
 
La “Ley Patiño” asfixió al ISSFA. El cambio legal redujo a menos de la mitad el aporte mensual, tanto de los uniformados como del patrono, en este caso el Gobierno. 
 
 
La nueva ley creó la ilusión de que el militar recibía mayor liquidez mensualmente; pero no explicó que sería a costa de deteriorar los siete distintos fondos relacionados con las Fuerzas Armadas. Retiro, cesantía y salud son los más afectados. 
 
Antes de la reforma, cada uno de los 41 mil militares en servicio pasivo aportaba el 23 por ciento de sus ingresos (se llaman haberes militares); el patrono (Estado) contribuía a su vez con el 26 por ciento, totalizando el 49 por ciento. La mayor cantidad se distribuía para el seguro de Retiro, Invalidez y Mortuoria (RIM), de donde se pagan las pensiones. 
 
¿Por qué debe ser tan alto el aporte para un uniformado activo? El director general del ISSFA, capitán de navío (sp) Alejandro Vela Loza, argumenta: “Es un régimen especial, por el alto riesgo de las funciones.
 
 
Hay uniformados que mueren en una misión, dejan viudas y huérfanos, que quedan cubiertos. No todos quienes comienzan la carrera la terminan, hay un retiro forzoso, cada año se gradúan 300 oficiales de las tres escuelas; el oficial que llega al comando conjunto cada dos años representa a 600 uniformados”.
 
Cuando salen de la fuerza, el tres por ciento se reinserta en el mercado laboral. “En qué submarino iba a trabajar yo una vez que salí. No es una jubilación; el militar se retira de manera forzosa después de 24 ó 25 años de servicio, aún no llega a los 50, y todavía tiene responsabilidades familiares que cumplir; un civil, a los 60 ó 65 de edad tiene hijos formados. Hay rotación de lugar de trabajo, las esposas truncan su carrera o no encuentran empleo; con el sueldo de un militar vive la familia”. 
 
La “Ley Patiño” cambió el esquema sin un estudio actuarial ni aval técnico. El aporte individual del uniformado bajó al 11,45 por ciento; mientras el patronal se redujo al 9,15 por ciento. En total, apenas llega al 20,6 por ciento para sostener los distintos seguros.
 
El efecto fue perverso. “La mal llamada Ley de Fortalecimiento afectó al sistema, los militares fueron engañados, ahora les descuentan menos, pero tenemos dos regímenes dentro de la institución; hubo manipulación intencionada”, explica el coronel Giovanni Cadena, representante de los oficiales en servicio pasivo ante el directorio del ISSFA. 
 
 
Unos 30 mil miembros activos de las tres fuerzas se mantienen en el régimen anterior, mientras al nuevo sistema se acogen 11 mil uniformados, pertenecen a las nuevas generaciones. Esto causa divisiones internas. Los antiguos aportan casi el doble de lo que pagan los nuevos por el servicio de salud, aunque las prestaciones son iguales. 
 
Hay frustración en un grupo que representa unos siete mil miembros, que pertenecen a la llamada “generación de la victoria”, vivieron la Guerra del Cenepa, soportaron los efectos de la dolarización; vivieron la homologación salarial y ahora sienten que son quienes soportan a todo el sistema con su contribución, que es más alta comparada con la contribución de quienes inician.
 
El Fondo de cesantía también fue modificado. Antes era un sistema de capitalización colectivo; ahora, se transformó en un esquema de cuenta individual. ¿De dónde saldrán las cesantías que están por venir? 
 
“Por ahora, la joya de la corona es el retiro de los pensionistas, que representa unos 33 millones de dólares por mes. El Estado debe financiar una parte pero desde 2014 empezó a dejar de cubrir obligaciones. La mal llamada Ley de Fortalecimiento causó una terrible afectación al ISSFA”, explica el general en servicio pasivo Edison Narváez, excomandante de la Fuerza Terrestre y ex integrante del consejo directivo del ISSFA.
 
En el pasado, el fisco cubría el 60 por ciento del valor de las pensiones militares. Tras la vigencia de la nueva ley, el peso fiscal creció, a tal punto que en ciertos meses debió hacerse cargo del 68 por ciento. 
 
El correísmo buscó dividir a la fuerza militar y crear una generación de uniformados aliados, para ello creó esta disparatada ley. Pero no contó con que la plata se agotaría.
 
“El principal riesgo que enfrenta el seguro de Retiro, Invalidez y Muerte es de naturaleza política y macroeconómica, pues se produce por la fuerte dependencia de las asignaciones del Estado para este seguro. Si el Estado no cancela la deuda que mantiene con el seguro, o no transfiere oportunamente las asignaciones necesarias, el seguro entraría en un proceso de desfinanciamiento acelerado”, advierte el informe actuarial presentado por la firma independiente Risko, en octubre de 2017 al ISSFA.
 
Varias demandas de inconstitucionalidad reposan en la Corte Constitucional, para derogar la “Ley Patiño”. Una reforma legal permanece en el Ejecutivo desde mediados de 2018, esperando ser enviada a la Asamblea. En esencia, reestablece el valor de aporte para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.