Denuncian a Tuárez por mal uso del nombre de la primera dama | Vistazo

Denuncian a Tuárez por mal uso del nombre de la primera dama

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Denuncian a Tuárez por mal uso del nombre de la primera dama

Redacción Lunes, 02 de Diciembre de 2019 - 14:37
La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesantes, y el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentaron este lunes 2 de diciembre, una denuncia en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez (ahora investigado por presunta asociación ilícita) por el mal uso del nombre de la señora Rocío González, esposa del presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
 
Según Pesantes, en audios filtrados, que incriminarían a Tuárez, se hace referencia presuntamente a que "ella tendría algún tipo de participación dentro de esta trama de corrupción".
 
La organización, en que 33 personas están procesadas y es investigada por tráfico de influencias, habría utilizado el nombre de la primera dama para ofertar puestos en el sector público.
 
Además, la secretaria jurídica dijo que aún se esperan los resultados de las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, expresó que bajo ninguna circunstancia "vamos a permitir que se vincule el nombre de ninguna persona relacionada con el gobierno en actos de corrupción".
 
 

 
Los procesados fueron aprehendidos la madrugada del jueves 28 de noviembre durante el operativo “Emperador”, liderado por Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras un proceso investigativo de 4 meses de la Unidad de Administración Pública de Guayaquil.
 
Todos están acusados de ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre estas la Dirección de Aviación Civil (DAC), Aduana, Petroamazonas, hospitales públicos y otros, a cambio de grandes sumas de dinero que podrían llegar hasta los 26 millones de dólares por cargos administrativos de alta jerarquía, de acuerdo a escuchas telefónicas.
 
También habrían ofertado contratos en ciertas entidades públicas, a cambio de recibir entre el 10% y el 20% del monto de la contratación.
 
Este caso se procesó con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años, cuando dos o más personas se asocien para realizar el delito de oferta de tráfico de influencias, establecido en el artículo 286 del mismo cuerpo legal. Esta infracción se refiere a las personas que soliciten de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepten ofrecimiento o promesa.