¿Cómo pudo diferirse la audiencia contra Espinel 9 veces? | Vistazo

¿Cómo pudo diferirse la audiencia contra Espinel 9 veces?

Redacción Lunes, 28 de Octubre de 2019 - 16:16
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El proceso por enriquecimiento ilícito seguido contra el exministro Iván Espinel, en el cual hace poco un juez resolvió declarar su nulidad, tuvo nueve convocatorias fallidas.

Desde el pasado 8 de marzo hasta el 14 de octubre de 2019, por diferentes motivos: como solicitudes de diferimiento por parte de la defensa, cambios de competencias, desfases en las notificaciones, ausencia de partes procesales e incluso suspensiones derivadas del paro nacional, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue aplazada.

Por este caso, el Juez de Garantías Penales del Guayas, Jorge Guzmán Navarrete, presentó su excusa y se apartó de la causa. En un documento, con fecha 11 de septiembre, el juzgador argumentó “una relación de amistad de más de 35 años” con el abogado de Espinel, lo que “podría poner en duda” su “imparcialidad”. 

Incluso, el Consejo de la Judicatura (CJ) inició sumarios administrativos contra los jueces Jorge Guzmán Navarrete y Yesenia Hidalgo Ordóñez, de la Unidad Judicial Penal Norte N° 2 de Guayaquil, "debido a sus actuaciones" dentro de la causa.

“No permitiremos que se dilaten más las causas y tampoco que los jueces se presten para este tipo de jugarretas de los abogados de la defensa”, aseveró la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, el pasado 24 de septiembre.

Además, Maldonado resaltó que “el CJ tiene la facultad de sancionar a los abogados que, de manera injustificada, dilaten los procesos judiciales”.

Desde marzo iniciaron las audiencias fallidas. Por un pedido de Espinel, el 13 de marzo se produjo un conflicto de competencia, en contra de Ana Veintimilla, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón.

La Jueza Veintimilla informó que fue notificada el 18 de abril, mediante correo electrónico, del auto interlocutorio emitido por la Sala Especializada de la Corte Provincial de Guayas, que dirimió la competencia a favor de Jorge Guzmán Navarrete, juez de la Unidad Judicial Norte 2 Penal.
 
El 18 de junio se presentó una solicitud de diferimiento por parte de la defensa del procesado, en el que su entonces defensora particular, Vanessa Zavala, señalaba que tenía otra diligencia judicial en Quito.
 
La defensa técnica solicitó el 29 de julio un nuevo diferimiento, por razones de viaje.
 
Con un certificado médico, la defensa técnica del procesado solicitó postergar la diligencia del 14 de agosto de 2019.
 
El pasado 28 de agosto, la abogada Vanessa Zabala, entonces defensora del procesado, presentó una solicitud para diferir la audiencia ante una diligencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
 

Recién el 22 de octubre pasado se puso conocer la resolución judicial, el juzgador acogió el principio constitucional “non bis in ídem” al considerar que hay una “identidad de hechos” entre los delitos de enriquecimiento ilícito y lavados de activos, por el que ya fue sentenciado.

Según la Fiscalía, el también excandidato presidencial, no pudo justificar un incremento en su patrimonio (a $479.578,80), tras su desempeño como directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

No obstante, el magistrado acogió la solicitud de la defensa sobre la aplicación del principio constitucional “non bis in ídem”, que se refiere a no ser juzgado dos veces por la misma causa, al considerar que hay una “identidad de hechos” entre el delito de enriquecimiento ilícito y la causa que motivó la sentencia de lavados de activos en contra de Espinel, dictada el pasado 29 de mayo.
 
Tras el pronunciamiento oral, el fiscal de Administración Pública, Gustavo Benítez, anunció la presentación del recurso de apelación al auto de nulidad para que una de las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratifique o revoque lo actuado por el Juez, pedido al que se adhirieron Procuraduría, Contraloría y el IESS, como partes procesales.
 
A su criterio, los hechos que son materia de este proceso son diferentes a los ya juzgados.
 
“En enriquecimiento ilícito, lo que se persigue es cuánta cantidad de dinero es ilegal y no corresponde a sus ingresos lícitos como funcionario público. En cambio, el lavado de activos es el encubrir u ocultar el producto del dinero ilícito, tratando de comprar casas, carros, etc. Las dos son pretensiones punitivas totalmente diferentes, pero el Juez ha considerado que es una sola. No se han observado los tratados y convenios internacionales, y que Ecuador considera como delito precedente cualquier delito”, explicó.
 
El fallo además procedió a levantar las medidas cautelares: como la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes, entre esos un inmueble en una urbanización vía a Samborondón y un vehículo de su propiedad, así como la retención de cuentas bancarias, que preveía garantizar una eventual reparación integral al Estado.