CNE incumplió con la eliminación de 4 organizaciones políticas que presentaron irregularidades en su registro

El Contralor General del Estado, Pablo Celi, aprobó hoy el informe de examen especial al seguimiento de las recomendaciones, en el Consejo Nacional Electoral, respecto de la inscripción, registro y extinción de ciertas organizaciones políticas.

Celi informó que se incumplieron las recomendaciones de la Contraloría en relación con la situación legal de los movimientos nacionales:  “Justicia Social”, “Podemos”, “Liberad es Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social”. Según la entidad, el CNE no garantizó el proceso de verificación de firmas e identificación de adherentes a estos movimientos.

Los formularios de firmas de las organizaciones políticas mencionadas presentaron cédulas duplicadas y firmas que no corresponden al padrón electoral, así como inscripciones de menores de 16 años y de fallecidos, por lo que no se debió permitir la inscripción de los mismos.

#ATENCIÓN El Contralor General del Estado aprobó el informe del examen especial al seguimiento de recomendaciones, en el CNE, sobre la inscripción, registro y extinción de las organizaciones políticas “Justicia Social”, “Podemos”, “Liberad es Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social”. pic.twitter.com/U4hLeyaYmc

— Revista Vistazo (@revistavistazo) June 19, 2020

El incumplimiento de las recomendaciones enviadas por Contraloría compromete a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral que, con su voto, han aprobado resoluciones para que estos movimientos continúen inscritos y mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales.

Contraloría también señala como responsable a la Directora de Asesoría Jurídica, quien presentó los Informes recomendando mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, el mismo que fue acogido por el Pleno del CNE para adoptar su decisión sobre las organizaciones que incumplían requisitos constitucionales y legales.

De igual manera, Contraloría señala al coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales y el Director Nacional de Organización Política, por no haber implementado procedimientos para depurar y cancelar registros inválidos, ocasionando que la base de datos de afiliados, adherentes y adherentes permanentes no se encuentre depurada y se mantengan las inconsistencias observadas por la CGE.