CIDH insta a Ecuador a adoptar medidas cautelares a favor de Pabón y Hernández | Vistazo

CIDH insta a Ecuador a adoptar medidas cautelares a favor de Pabón y Hernández

Redacción Viernes, 06 de Diciembre de 2019 - 16:21
Facebook
Twitter
Email
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario del movimiento correísta 'Revolución Ciudadana', Virgilio Hernández, y de Christian Narváez, quienes cumplen prisión preventiva por el delito de rebelión, tras las protestas de octubre que se desarrollaron a nivel nacional.
 
Mediante una resolución, de fecha 6 de diciembre de 2019, el organismo se refirió a la solicitud de medidas cautelares presentada por los tres procesados, quienes estarían "expuestos a amenazas y actos de hostigamiento".
 
Considera que el asunto "reúne prima facie (a primera vista) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento". 
 
Previamente, la Comisión solicitó información sobre este caso al Estado ecuatoriano, que contestó el 25 de octubre y el 2 de diciembre de 2019. Mientras que, los solicitantes enviaron información adicional "de forma recurrente".
 
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información aportada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo", resolvió el organismo.
 
En su solicitud, los procesados denunciaron que estarían en riesgo debido a "la intencionalidad de estigmatizar y perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana" durante las protestas sociales recientemente ocurridas en Ecuador.
 
Además, resaltaron que "las manifestaciones fueron convocadas por 'diversos actores', sin tener una relación específica con el partido Revolución Ciudadana".
 
Pabón denunció que "el peligro contra su vida reside en las continuas requisas a su celda y a la aparición de armas en la celda de la Prefecta" y que "encontraron 5 cuchillos que fueron armados por las internas de la celda de al lado", habiendo supuestamente "circulado la noticia" de que serían para "acabar con la escoria correísta".
 
Por su parte, Hernández alegó que sufre de hipertensión, lo cual empeoraría su salud al estar expuesto a "situaciones de estrés y de emociones fuertes". Y adjunto un correo electrónico enviado a varios opsitores en el que se conmina a hacer una "limpieza de la escoria correísta".
 
En relación a González, también dice haber sido amenazado de muerte por los internos.
 
El Ejecutivo respondió a la CIDH que: "se desprende que las acusaciones se motivaron en que estos supuestamente financiaron y apoyaron ilegal y materialmente a los manifestantes". Además, consideró que la prisión preventiva de los tres involucrados se dio "dentro del marco de la legalidad y respeto al debido proceso".
 
En cuanto a la salud de los tres referidos,  el Gobierno señala que todos pasaron por exámenes médicos previo a su ingreso a la cárcel.
 
No obstante, la CIDH solicitó a Ecuador que: 
 
-Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian Narváez (...) y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos.
 
-Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes. Y, solicita un informe sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
 
-Además, solicita al Gobierno que, dentro de un plazo de 15 días, informe sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información de forma periódica.
 
Pabón, quien podría perder la Prefectura de Pichincha este 8 de diciembre, cuando se cumplirán los 60 días de licencia sin remuneración que faculta la ley, había presentado varios recursos para recuperar la libertad, pero todos fueron negados por la justicia de Ecuador. 
 
La prefecta está detenida desde el 14 de octubre y es investigada por el delito de rebelión durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Lenín Moreno. 
 
El plazo que faculta el Código Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomía y Descentralizacion (Cotad) para conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen sesenta días, vence el próximo 8 de diciembre.