Caso Sobornos: Rafael Correa pierde sus derechos políticos durante 25 años | Vistazo

Caso Sobornos: Rafael Correa pierde sus derechos políticos durante 25 años

Redacción Martes, 07 de Abril de 2020 - 13:23
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El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó el tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
 
En la sentencia, que fue informada de forma oral la mañana de este martes 7 de abril, los magistrados señalaron también, como reparación integral al Estado, la publicación de la sentencia en tres diarios de circulación nacional y el comiso de bienes inmuebles de los sentenciados.
 
A continuación la resolución tomada por el tribunal, integrado Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, en el que se declaró la culpabilidad de los 20 procesados; 18 de ellos deberán cumplir 8 años de pena privativa de libertad.
 
RESOLUCIÓN
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA. En mérito de la prueba actuada en la audiencia de juicio, resuelve lo siguiente:
 
 
1. Declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ejusdem, en relación con el artículo 290 ibídem (ahora artículo 280, incisos primero, tercero y cuarto COIP).
 
2. Declarar la culpabilidad de los procesados RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO y JORGE GLAS ESPINEL, en calidades de autores mediatos, por instigación, conforme el artículo 42 CP (ahora 42.2.a COIP); de ALEXIS JAVIER MERA GILER, MARÍA DE LOS ÁNGELES DUARTE PESANTES, WALTER HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO, ROLDÁN VINICIO ALVARADO ESPINEL, VIVIANA PATRICIA BONILLA SALCEDO, CHRISTIAN HUMBERTO VITERI LÓPEZ y PAMELA MARÍA MARTÍNEZ LOAYZA, en calidades de coautores, de acuerdo al artículo 42 CP (hoy artículo 42.3 COIP); y, de LAURA GUADALUPE TERÁN BETANCOURT, en calidad de cómplice, según el artículo 43 CP (ahora 43COIP), del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ibídem (ahora artículo 280, incisos primero y tercero COIP); así como de los procesados ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA, VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, EDGAR ROMÁN SALAS LEÓN, PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS, WILLIAM WALLACE PHILLIPS COOPER, RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL, TEODORO FERNANDO CALLE ENRÍQUEZ y MATEO CHOI o CHOI KIM DU YEON, en calidades de autores directos del delito de cohecho activo agravado, según el artículo 42 CP (hoy artículo 42.1 COIP), en relación con la cláusula de equiparación prevista en el artículo 290 ibídem (hoy artículo 280, último inciso, COIP).
 
3. Condenarles a los sentenciados RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, JORGE DAVID GLAS ESPINEL, ALEXIS JAVIER MERA GILER, MARÍA DE LOS ÁNGELES DUARTE PESANTES, WALTER HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO, ROLDÁN VINICIO ALVARADO ESPINEL, VIVIANA PATRICIA BONILLA SALCEDO, CHRISTIAN HUMBERTO VITERI LÓPEZ, ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA, VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, EDGAR ROMÁN SALAS LEÓN, RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE, BOLÍVAR NAPOLEÓN SÁNCHEZ RIVADENEIRA PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS, WILLIAM WALLACE PHILLIPS COOPER, RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL, TEODORO FERNANDO CALLE ENRÍQUEZ y MATEO CHOI o CHOI KIM DU YEON, a las penas privativas de libertad de 8 años, a cada uno de ellos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 CP, en relación con el artículo 290 ibídem, sin atenuación de la misma, por haber concurrido la agravante no constitutiva, ni modificatoria de la infracción prevista en el artículo 30.4 ejusdem –ejecutar el hecho punible en pandilla-, según la regla contenida en el artículo 72 del cuerpo de leyes citado; en tanto que, se condena a las procesadas PAMELA MARÍA MARTÍNEZ LOAYZA, a la pena privativa de libertad de treinta y ocho meses doce días de acuerdo a las reglas determinadas en el artículo 493 COIP (concesión de beneficios de la cooperación eficaz), conforme los artículos 43 COIP -por ser la más benigna- y 493 ejusdem; y a LAURA GUADALUPE TERÁN BETANCOURT, a pena privativa de la libertad de diecinueve meses seis días, conforme los artículos 43 COIP -por ser la más benigna- y 493 ejusdem;. Las penas corporales las cumplirán en el Centro de Rehabilitación Social que el ente facultado lo determine.
 
4. Ratificar el estado de inocencia del ciudadano YAMIL FARAH MASSUH JOLLEY.
 
5. Disponer la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de 25 años, de todos los condenados, contados a partir de que esta sentencia se ejecutoríe, conforme lo prevé al artículo 68 COIP, para lo cual, ofíciese al CNE.
 
6. Procede el pago de reparación integral conforme los artículos, 11.2, 77, 78 y 622.6 del COIP , donde se disponen las siguientes medidas:
 
6.1. Como medidas de satisfacción del derecho violado, se dispone la publicación de la ratio decidendi de la sentencia en tres diarios de amplia difusión nacional, a cargo de los sentenciados.
 
6.2. La establecida en el artículo 78.3 del COIP: “Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente”. 
 
Durante su alocución, el Juez ponente señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas, por lo que el Tribunal confirmó la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por Fiscalía.
 
Dicha estructura delictiva recaudó, en el periodo investigado, 7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.
 
Los miembros del Tribunal señalaron que, con esta resolución, quedan suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de 25 años, para lo cual se debe notificar al Consejo Nacional Electoral.
 
Además, debido a que en el transcurso de la audiencia se hizo evidente la existencia de otras posibles infracciones, los magistrados dispusieron que se entreguen copias certificadas de este proceso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones respectivas.