El peso de los subsidios | Vistazo

El peso de los subsidios

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El peso de los subsidios

Cecilio Moreno | [email protected] Domingo, 22 de Noviembre de 2015 - 11:37

Según la proforma presupuestaria de 2015, una sexta parte de los gastos totales del Estado se destinan al pago de 17 diferentes subsidios. Más de la mitad de esos seis mil millones de dólares, el 58 por ciento, es para combustibles, básicamente gas, diésel y gasolina.

Entre enero y octubre de este año, Petroecuador ha importado más de 645 millones de galones de diésel Premium. Es un combustible que tiene menos azufre y por lo tanto más amigable con el ambiente y es el más utilizado en el transporte pesado. Según la proforma presupuestaria 2015, el subsidio al diésel importado se calculaba en 1.750 millones de dólares. Con ese dinero podríamos construir cada año tres aeropuertos como el de Tababela.

En costo para el Estado le siguen las gasolinas, que para este año el subsidio se acerca a los 1.300 millones de dólares. La demanda interna actual está en más de 800 millones de galones al año y en promedio, la gasolina extra se ha importado a un precio que es el doble del que se cobra en las gasolineras. La paralización de la refinería de Esmeraldas, por más tiempo del inicialmente programado, agravó el problema. “Por cada dólar que se paga en gasolina, el Estado paga 53 centavos”, dijo el presidente Correa a mediados del año pasado durante un Enlace desde La Maná, Cotopaxi. Reveló también que se ha calculado que un vehículo todo terreno de ocho cilindros recibe un subsidio de mil dólares por año. Mientras para un ciudadano que no tiene vehículo propio, el beneficio por costo de tarifa de transporte sería de unos 60 dólares al año.


Gasolinas. La demanda interna anual es de 800 millones de galones
y se importa al doble del precio que se cobra en las gasolineras.

El tercero de la lista es el gas licuado de petróleo. Se considera el subsidio más razonable porque es el único que llega a casi todos los hogares ecuatorianos. En las tiendas de barrio se lo compra a dos dólares y a domicilio se paga hasta 3,50 en algunas ciudadelas, el Estado solo recibe 1,60. En los últimos años el subsidio promedio por tanque de gas se ha calculado en unos 15 dólares. Es decir más de 500 millones de dólares al año. Lo suficiente para construir cinco puentes como elque une Bahía de Caráquez y San Vicente, en Manabí.

Estos tres combustibles juntos representan el 58 por ciento de todos los subsidios que otorga el Estado. Y todos llevan más de 40 años de vigencia y su eliminación, sabemos, traería reacciones sociales y políticas impredecibles. Y, como escribió el analista Walter Spurrier en diario El Universo: “No cabe que cambios en los precios de los combustibles o en la manera de determinarlos sea el resultado de exabruptos. Hay que hacer una planificación en que se ponderen los efectos positivos y negativos sobre productores y consumidores”.

JUBILACIONES EN LA POLÉMICA

Durante el primer semestre de 2015 mucho se habló de una norma que se introdujo en el nuevo código del trabajo o “Ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar”, usando la terminología oficial.

Hasta la proforma 2015 se incluyó un subsidio de 1.100 millones de dólares que correspondía al 40 por ciento de las pensiones jubilares otorgadas por el IESS. El Gobierno argumentó que en la práctica el IESS no necesitaba ese dinero porque terminaba prestándoselo al propio Estado. Es decir que, desde la visión oficial, no solo había que entregarle al IESS esa millonaria cifra, sino también pagarle unos 70 millones anuales más en concepto de intereses.


Diferencias: Al IESS se le cortó el aporte del 40 por ciento
de 
pensiones. Los aportes al ISSFA militar y al ISSPOL
policial, del 60 
por ciento, siguen intactos.

Para los analistas independientes, ese aporte es necesario que esté en poder del IESS ya que de acuerdo a la pirámide poblacional del país en pocas décadas más habrá más personas jubilándose que jóvenes incorporándose como nuevos aportantes. Además, debido al aumento de la expectativa de vida de los ecuatorianos un jubilado podría pasar hasta 30 años recibiendo su pensión. Lo que hace falta es un estudio actuarial independiente que determine cuánto debe aportar el Estado anualmente para mantener sano el fondo de jubilación.

La ley recién reformada establece que el Estado se convierte en garante solidario del pago de jubilaciones, debiendo cubrir todo lo que al IESS le llegare algún día a faltar. Las opciones que le quedarían a futuras administraciones del IESS para alejar al fantasma de la cuenta de ahorros vacía sería un aumento de la edad de jubilación y/o un aumento de los porcentajes de aportes mensuales. Por ahora la nueva norma significó un recorte presupuestario del tres por ciento.

A los otros dos institutos de seguridad social, el ISSFA de los militares y el ISSPOL de la Policía, no se les ha aplicado una medida similar. En ellos el Estado aporta con el 60 por ciento de las pensiones jubilares y entre los dos son unos 440 millones de dólares cada año. Hasta ahora, la única idea planteada pero no ejecutada la explicó el Presidente en una ceremonia policial: “Aquellas personas que luego de jubiladas regresen al mercado laboral, si su jubilación supera una canasta básica, esto es los 500 dólares mensuales, sobre la diferencia se deje de pagar el subsidio que da el Estado”. Dejó entrever que esta medida podría también extenderse a la población civil.

OTROS SUBSIDIOS

El Bono de Desarrollo Humano tuvo su origen como una compensación a la población en extrema pobreza luego de la crisis bancaria de 1999. Hoy está dividido en tres partes: el Bono de Desarrollo Humano propiamente dicho, una pensión para adultos mayores y una pensión para personas con discapacidad. En todos los casos el aporte del Estado es de 50 dólares mensuales por persona y para ello en 2015 se presupuestó 684 millones de dólares.


Bono Joaquín Gallegos Lara. Lo asignan a un “familiar responsable del
cuidado de la persona con discapacidad severa y profunda en situación
crítica”. El monto es de 240 dólares y lo reciben unas 23 mil personas.

Los beneficiarios están en alrededor de 1,1 millones de personas. La cifra se ha ido depurando pues deben ser personas “que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social”.

Otro bono asociado a esta política social es el “Joaquín Gallegos Lara” que recibe un “familiar responsable del cuidado de la persona con discapacidad severa y profunda en situación crítica”. El monto es de 240 dólares y lo reciben unas 23 mil personas.

En cuanto a transporte en 2015 se mantuvo el subsidio al transporte intra e interprovincial. Sin embargo se eliminó el subsidio que había al transporte urbano debido a que las competencias pasaron a los municipios, para que cada uno decida si continúa con el subsidio o revisa las tarifas. El subsidio interprovincial implica 44 millones de dólares en 2015, seis millones menos que el año anterior.


En 2015 se mantuvo el subsidio al transporte interprovincial que
significa 44 millones de 
dólares anuales. La asistencia económica
a la transportación urbana pasó a depender de cada municipio.

Otro que bajó fue el bono de vivienda. De 160 millones presupuestados en 2014 a solo 45 en 2015. Esto se atribuye a la caída que ha experimentado este sector por los problemas económicos del país. Al respecto el ministro de Finanzas, Fausto Herrera en la Asamblea Nacional explicó que la disminución se debía a que habían reorganizado la política de vivienda “donde habrá un programa ya no solamente público sino público-privado, que es una política contracíclica del programa macroeconómico para construir aproximadamente 40.000 viviendas y crear 25.000 puestos de trabajo adicionales”.
 
Un subsidio que desde 2015 no representa erogaciones al Estado es el llamado “tarifa de la dignidad” que se aplica en el sector eléctrico. Hasta el año pasado este representó unos 32 millones de dólares por déficit tarifario. Sin embargo una nueva estructura de comercialización que ha permitido los subsidios cruzados, es decir que unos abonados con más consumo compensen lo que otros dejan de pagar.
 
PLANES A FUTURO
 
El plan más concreto de eliminación de subsidios es el del gas. Aunque marcha más lento que lo programado, se espera que con la incorporación de nuevas centrales hidroeléctricas finalmente las cocinas de inducción ingresen a los hogares y el cilindro de gas alcance su precio real.
 
Por ahora se han eliminado los subsidios al combustible para los sectores productivos encareciendo los costos de producción un año antes de una esperada baja de la energía eléctrica. Se lo hizo además con una carga política al atribuirles la idea a los mismos empresarios. Un considerando del decreto dice: “Públicamente varios representantes de organizaciones civiles del sector económico, como la Cámara de Comercio de Quito y el Comité Empresarial Ecuatoriano, han manifestado la conveniencia de suprimir los subsidios o, al menos, focalizarlos, de manera que se beneficien los sectores más necesitados”.
 
Una rebaja en los subsidios a las pensiones jubilares de policías y militares también estaría en estudio. Un alza de las tarifas eléctricas en sectores residenciales de más alto consumo tampoco es descartada por observadores externos al régimen. Lo más probable es que la crisis económica en ciernes pronto nos pase la factura a todos.