Un Estado negligente | Vistazo

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Gabriela Pinasco | [email protected] Domingo, 07 de Abril de 2019 - 00:30

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Un año después del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, la justicia aún no llega. Pues aunque el caso se mantiene bajo reserva mientras dure la investigación de la Fiscalía, hoy es evidente que desde el primer día del secuestro hubo fallas, omisiones y negligencias por parte de las autoridades.
 
Durante esta semana Vistazo ha revelado varios chats que se intercambiaron entre alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra, y los encargados de hacer posible la liberación del equipo periodístico. Estos diálogos solo demuestran la falta de preparación del Estado en el manejo de las negociaciones, y los recursos insuficientes que se derivaron. 'Guacho' quería negociar, pero nunca recibió una respuesta concreta sobre lo que pedía: la liberación de tres de sus hombres. 
 
“Desde el 31 de marzo hasta el 7 de abril, los mensajes del interlocutor ecuatoriano revelan evasivas; señales ambiguas, falta de información clara sobre los plazos para concretar el canje que vehementemente reclamaba Guacho. Una intención de ganar tiempo con la ingenua idea de apaciguar al captor, que por el contrario agotó su paciencia”, es cómo describen a esta fallida negociación, los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo en el libro “Rehenes”, una exhaustiva investigación que documenta con datos y testimonios inéditos el secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 
 
Mientras el proceso de negociación se mantenía sin rumbo, Colombia seguía realizando acciones militares en la frontera, generando presión en el frente disidente de las FARC. Según Jesús Vargas Cuajiboy, uno de los comandantes del frente, quien se encuentra retenido en la cárcel de máxima seguridad Cómbita, y que estuvo al mando del grupo que custodiaba a los secuestrados, Guacho decidió matarlos “por las operaciones que hacían la policía y los militares, había falta de seguridad”. 
 
Las Fuerzas Armadas colombianas reconocieron haber realizado dos operaciones militares sostenidas durante el secuestro, desde el 26 de marzo al 13 de abril. Operativos que habrían tenido el aval del exministro del Interior, César Navas. 
 
Además, durante las negociaciones, el 5 de abril fue detenido 'Amarillo', cuarto al mando del grupo, y uno de los responsables del atentado del 27 de enero en San Lorenzo, así como de la detonación del 13 de marzo de 2018 contra militares en el Pan. Otro hombre importante de Guacho estaba fuera del mapa. 
 
En el comunicado de los disidentes, posterior al asesinato, señalan a los gobiernos de Ecuador y de Colombia como los responsables de las muertes, al haber realizado acuerdos para “combatir y eliminar a nuestro movimiento, las tropas y la inteligencia colombiana y ecuatoriana, han cruzado insistentemente sus fronteras con el ánimo de asesinar a nuestras tropas”. Esto fue desmentido por el ministro Navas, argumentando que Ecuador instó a las autoridades colombianas a no ejecutar operaciones que comprometan la integridad del equipo periodístico. 
 
Hasta este 7 de abril, toda la información del caso sigue sin desclasificar, pese a los repetidos ofrecimientos del presidente Lenín Moreno hacia los familiares de las víctimas, el primero lo realizó el 13 de abril de 2018. 
 
Las omisiones del Estado se han dado desde el principio. Nunca debió dejarse ingresar a los periodistas a la frontera, pues los militares tenían ya información del peligro que los civiles corrían en Mataje, con el precedente de la emboscada que terminó con la muerte de cuatro marinos el 20 de marzo de 2018, seis días antes del secuestro de los periodistas. 
 
De acuerdo con el periodista Arturo Torres, hubo un sinnúmero de equivocaciones. El primero de ellos fue la inexistencia de escenarios sobre la peligrosidad de las disidencias: “el gobierno no contaba con un sistema adecuado desde la SENAIN que le pueda alertar de la gravedad de lo que se devenía en Esmeraldas. Luego se ve que no había cooperación eficaz entre militares y policías, los policías no dan informaciones claves de la peligrosidad de Guacho”. 
 
Vistazo trató de contar con las declaraciones de la actual ministra de Interior, María Paula Romo, pero no nos fue concedida una entrevista. De igual manera, intentamos hablar con el fiscal Wilson Toainga, encargado del caso cuando se dio el secuestro, pero nos informó que no podía dar ningún tipo de declaraciones mientras Fiscalía realice la investigación. 
 
Una de nuestras mayores fuentes ha sido el libro “Rehenes”, del cual recogemos este fragmento que retrata la injusticia que han vivido y siguen viviendo los familiares de Efraín, Javier y Paúl: 
 
“Apenas se conoció la noticia de secuestro, sus familias empezaron un recorrido agotador, doloroso, interminable. Todavía buscan respuestas frente a la maquinaria estatal que , casi un año después, sigue presentado verdades a medias y declaraciones contradictorias. Maquinaria que la primera noche del cautiverio les ocultó quién era el narcoterrorista que había ordenado retenerlos, que les pedía no difundir sus nombres al inicio del plagio, para “precautelar la vida de sus seres queridos”, que les prometió media docenas de veces desclasificar toda la información del caso, sin cumplir su ofrecimiento. Una muestra es la documentación sobre las reuniones del comité de crisis que no se han divulgado”.