“Si no cambiamos la cultura, seguiremos siendo corruptos” | Vistazo

“Si no cambiamos la cultura, seguiremos siendo corruptos”

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“Si no cambiamos la cultura, seguiremos siendo corruptos”

Patricia Estupiñán | [email protected] Miércoles, 14 de Agosto de 2019 - 10:44
Juan Pablo Albán A. Catedrático de la Universidad San Francisco, experto en derechos humanos.  Ha sido también catedrático de las Universidades Católica de Quito, Católica Guayaquil, Católica de Lima, la Universidad San Martin, en Argentina y Pázmány Péter Katolikus Egyetem, en Hungría. Ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
 
"Hay una cultura de corrupción no solo a nivel de los operadores  políticos. El ciudadano que se cola en la fila, aquel que hace doble fila en el semáforo, él  estudiante  que  copia, están promoviendo la corrupción.  Mientras no entendamos que esa viveza criolla de sacar partido a todos para beneficiarme yo, no habrá cambios".
 
En un perfil periodístico se definió a Juan Pablo Albán, catedrático de postgrado  del Colegio de Leyes de la Universidad San Francisco, como el “campeón de los derechos humanos y sucesor de Elsie Monge”.  Albán trabajó durante muchos años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de regreso a Ecuador durante la última década asumió casos  contra la administración de Rafael Correa.  Algunos de los más visibles fueron la defensa de 151 cubanos, que fueron deportados a la isla, a pesar de que entre ellos había muchos disidentes políticos; el de Manuela Picq pareja del dirigente Yaku Pérez, cuya visa fue revocada y el del capitán Diego Vallejo, quien denunció el espionaje que ocurría desde la Senaim.
 
Después de un año sabático, en el cual  preparó su disertación para obtener un PHD. en la Universidad de Notredame, en Indiana, Albán dialoga con Vistazo sobre  temas de trascendencia: el caso Assange,  el Consejo de Participación Ciudadana y la corrupción  como eje de la cultura ecuatoriana.
 
 
P: ¿Debió Ecuador conceder asilo a  Julien Assange?
R: Según las normas jurídicas que regulan el asilo diplomático, no debió concedérsele.  Dichas normas constan en cuatro tratados y regulan la concesión a nivel regional  a comienzos del siglo XX y no son reconocidas por otros países fuera de la región.  Se lo concede a personas que son víctimas de una persecución política o que se argumenta que lo son, por delitos vinculados a la administración pública. No era el caso del señor Assange, quien era requerido por la justicia sueca por un delito común, un delito sexual.  En ese momento había rumores, pero ninguna evidencia dura de que podía ser enjuiciado por acciones ejecutadas por Wikileaks.  Al no poder justificar el asilo, se buscó razones de carácter ideológico o de apoyo a la libertad de expresión.
 
P: ¿Considera a Assange un periodista?
R: No. Tenemos que marcar una diferencia entre los trabajadores de la comunicación social y quienes como Assange, se encuentran en la búsqueda de informaciones en internet.  Es un hacker o un activista cibernético, que lo que busca hasta cierto punto es una suerte de extorsión a gobiernos, a partir de la publicación de información privada o de información protegida por ser un secreto para la seguridad nacional.
 
P: ¿Qué ventaja podría haber conseguido Ecuador al asilarlo?
R: Creo que lo que hubo fue una estrategia de Rafael Correa para tratar de alinearse con “la defensa de la libertad de expresión”, porque una de las mayores críticas contra su régimen fue precisamente cómo había coartado la libertad de expresión del ciudadano común,  del comunicador social, de las organizaciones civiles, de los opositores políticos.  Esto se evidenció por ejemplo,  con el riesgo de que algunos medios de comunicación se les retiren sus frecuencias, la persecución judicial a líderes de opinión, la criminalización de la protesta social.  Quería contrarrestar esa demostración pública de poco afecto con la libertad de expresión, defendiendo a un individuo altamente impopular con ciertos  gobiernos, pero que estaba “luchando por cuestiones de interés público”, lo que era discutible.
 
P: En el ‘interés público’ de Assange no estaban regímenes como el de Vladimir Putin, cuestionado por violaciones de derechos humanos.
R: Así es, no hizo nada a pesar de las denuncias en su contra.
 
P: A la luz de lo que se conoce hoy, que la embajada fue usada como un centro de espionaje, hizo bien el presidente Moreno en retirar el asilo y entregarlo.
R: En sus declaraciones durante la visita del secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Lenin Moreno sostuvo que hay pruebas del espionaje que hacía Assange desde la Embajada, si  las hay es una acción gravísima. 
Debió entregarse a Assange, pero cumpliendo ciertos pasos jurídicos que por la presión local el gobierno no cumplió.  Creo que no pidió suficientes garantías para que no sea extraditado a Estados Unidos y se debió retirarle primero la nacionalidad ecuatoriana.
 
P: ¿Piensa que será extraditado a Estados Unidos y cuál cree que será su destino?
R: Será extraditado y enfrentará procesos judiciales, pero debido al perfil de Assange no creo que será condenado a penas demasiado drásticas.  Estados Unidos tratará de dar una demostración de magnanimidad en su caso, pero lo juzgarán y encarcelarán. Supongo, además, que la decisión de extradición está próxima.
 
 
P: ¿Podemos comparar, este mal uso de nuestra embajada para favorecer a potencias extranjeras con el caso de la venta de bandera, ocurrido hace casi dos siglos?
R: Sí, es igual de grave.  No  se tomaron las precauciones para asegurar que el huésped que teníamos en la embajada no abusara de la hospitalidad de nuestro país. En el concierto de las naciones hemos quedado como un estado que amparó a un individuo que estaba atentando contra la seguridad y el orden mundial. Eso es algo muy delicado, que eventualmente causará resentimiento en nuestra contra. Por ello, las personas responsables de esto deben ser sancionadas por las consecuencias que esto nos acarreará.
 
P: Assange tenía línea directa con el canciller Patiño y obtuvo la nacionalidad ecuatoriana de  la canciller María Fernanda Espinosa. 
R: La responsabilidad recae sobre el expresidente Correa, los excancilleres Patiño, Long y Espinosa. 
 
P: Tan candente como las revelaciones del caso Assange,  es la situación de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana.   ¿Considera que esa institución debe existir?
R: Esa es una institución que jamás debió existir, pero existe y hay que eliminarla a través de los mecanismos establecidos en la ley.  Además, la ciudadanía debe hacer un mea culpa muy grande con lo que ocurrió en la elección de los actuales consejeros. Hubo una campaña por la anulación del voto, cuando evidentemente no iba a traer como consecuencia la eliminación del Consejo. Debió revisarse la lista y escoger el mal menor.  Hoy, conscientes de las nefastas consecuencias pasadas del CPPS y de las que pudieran venir, necesitamos cerrar filas para la desaparición del organismo a través de una reforma constitucional. La iniciativa que planteó Julio César Trujillo era muy importante y está siendo trabajada por un grupo de ciudadanos dirigido por Pablo Dávila.  Creo que no podemos dejarle solo a ese grupo.
 
P: ¿Deben ser destituidos los cuatro miembros que van a ser enjuiciados por la Asamblea?
R: Deben ser destituidos porque las infracciones que cometieron fueron consumadas jurídicamente.  Sus acciones  fueron lamentables, ilegales e inconstitucionales.  Su línea discursiva es muy parecida a la que escuchamos la década pasada.  Necesitamos que en las instituciones estén personas responsables, racionales y no cualquier persona.
 
Mientras desaparece el Consejo es importante que los ciudadanos exijamos que no atenten contra la institucionalidad del Estado.  Sin embargo, la vía correcta para desaparecer al Consejo no es estar rotando a sus miembros,  sino una consulta popular y que una amplia mayoría se pronuncie por su eliminación.
 
P: Pese a que se inició un proceso de reinstitucionalización con el Consejo de Participación Transitoria, la política sigue influyendo en lo judicial. ¿Cómo evitamos esto?
R: El problema es que en el Consejo de Participación Transitoria hubo dos momentos. El primero de muy manera correcta se terminó con los mandatos. En un segundo, en algunas designaciones hubo juego político. Así, el Consejo Nacional Electoral tiene profundas divisiones y el Consejo de la Judicatura no tiene el arrojo suficiente para hacer lo que debe hacer y en otros ámbitos que deberían ser totalmente objetivos como la Contraloría y la Fiscalía hay también contaminación.
 
Tenemos que adoptar una cultura de respeto para evitar que cada vez que viene un nuevo cacique, se convierta en sumo sacerdote y descabece todo y busque tener a su disposición todos los poderes, porque se votó por él. Recordemos que la razón por la cual Correa pudo hacerse del aparato judicial fue porque los ciudadanos, en una consulta popular, le autorizaron meter la mano en la justicia. El cambio de cultura no es un cambio en las autoridades públicas, es un cambio en la cultura de los ciudadanos sobre el valor de la independencia de poderes y sobre todo respetar el valor de la justicia.
 
Traté de impulsar esa idea en el Consejo de la Judicatura provisional y me tildaron de correísta, luego de que había sido denostado por una década por Correa.  
 
P: ¿La debilidad jurídica es la madre de la corrupción?
R: Hay una cultura ciudadana de corrupción no solo a nivel de los operadores políticos y de los funcionarios públicos que ostentan un cargo de manera ocasional. El ciudadano que se cola en la fila del banco, aquel que hace doble fila en el semáforo para girar, él que siendo estudiante universitario en vez de estudiar copia, están promoviendo la corrupción.  Mientras no entendamos que esa viveza criolla de sacar partido a todos para beneficiarme yo, no habrá cambios.
 
Hay que entender  que las instituciones no deben amoldarse a uno, si no uno a las instituciones.
 
P: ¿Debemos tener una Comisión contra la Corrupción dirigida por organismos internacionales para ese cambio?
R: Los ejemplos internacionales pueden darnos ideas, pero la obligación de producir el cambio nos corresponde a nosotros.  Esos esfuerzos internacionales ayudan, pero la verdadera ayuda proviene de los esfuerzos que hagamos por cambiar nuestras  malas costumbre y nuestras actitudes.  Debemos pensar en las nuevas que generaciones, que merecen un mejor país