Se acabó el festín en los medios incautados | Vistazo

Se acabó el festín en los medios incautados

Alejandro Pérez | aperez@uio.vistazo.com Jueves, 19 de Abril de 2018 - 13:15
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Una nefasta administración económica y una línea editorial comprometida con el correísmo dejan como saldo dos canales quebrados y pérdidas en los medios públicos. Sueldos y bonos millonarios cobraban los gerentes, mientras los empleados que se endeudaron para ser accionistas de GamaTv y TC ahora denuncian el engaño que vivieron durante nueve años.
 
Lo que los hermanos Isaías atesoraban, lo quebró el gobierno de la Revolución Ciudadana: los canales incautados de televisión GamaTv y TC suman pérdidas por 23 millones de dólares. Si las auditorias que se hicieron al Filanbanco, luego del feriado bancario, mostraron pagos injustificados, cifras que no cuadraban y cuentas por cobrar y pagar entre empresas vinculadas, ahora esos mismos elementos aparecen en los informes de Contraloría a los medios en manos del Estado.
 
El trofeo político de la incautación de los bienes de los Isaías fueron los medios de comunicación, que el expresidente Rafael Correa ofreció vender para recuperar el dinero que hicieron humo los banqueros. Pero en lugar de eso los mantuvo para, desde allí, fortalecer su “estado de propaganda”, tal como dijo el nuevo gerente de los medios públicos, Andrés Michelena.
 
Solo GamaTv tendría pérdidas de cinco millones de dólares por la transmisión de más de 400 enlaces ciudadanos. Los trabajadores de la empresa se opusieron a que se usara la pantalla del canal gratuitamente para el gobierno y ahora pagan las consecuencias del manejo político. 
 
Ya en 2015, un informe de Contraloría reveló que los miembros de la Junta del Fideicomiso-Medios (parte de la Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad), nunca realizaron las gestiones necesarias para valorarlos y venderlos. En contraposición, en 2014, la Presidencia de la República pidió que los 9 medios pequeños como Cablevisión, Radio Bolívar, Radio La Prensa, fuesen convertidos en empresas públicas.  Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Comunicación, a cargo de Fernando Alvarado, decidiría el futuro de Gama y TC, compañías rentables hasta aquella época.
 
No pasó ni lo uno ni lo otro. En 2011, el Fideicomiso-Medios creó una Secretaría Técnica que debía velar por los paquetes accionarios de los medios incautados. Para ello, hasta 2014 se gastaron más de dos millones de dólares en contratación de personal, movilización, arrendamiento de oficinas. Contraloría pidió cuentas de contratos y bienes adquiridos que los responsables nunca presentaron. Tampoco aparecieron registros o informes de sus actividades.
 
Lo curioso es que el financiamiento para la gestión del Fideicomiso y la Secretaría Técnica debía provenir del Estado, pero sacaron este monto de las cuentas de Gama y TC, afectando el patrimonio de estas dos empresas.
 
Otra auditoría realizada a TC Televisión mostró que la empresa firmó 32 contratos para asesoría jurídica por un monto de casi 700 mil dólares, de los cuales no había respaldos. Esos estudios jurídicos habrían estado relacionados con los miembros del Fideicomiso-Medios.
 
La discrecionalidad en el manejo de los canales incautados hizo que se generasen cuentas cruzadas. Según Contraloría, en 2014, GamaTv tenía cuentas por cobrar por 5,6 millones de dólares a otros cinco medios incautados y al medio público EcuadorTv, pero debía 8,9 millones a esas mismas compañías.
 
TC Televisión, por su parte, tenía deudas con las otras empresas del Fideicomiso por 3,6 millones de dólares, pero esas mismas compañías le debían 9,3 millones. ¿Cómo pasaba dinero de una empresa a otra? Las cosas todavía no están claras, pero lo probables es que la quiebra de GamaTv, con pérdidas de 17 millones, y TC, con un ejercicio negativo de seis millones,  arrastraría a las demás.
 
Los medios públicos no escapan de la debacle. Diario El Telégrafo imprimía 17 mil ejemplares, de los cuales un 65 por ciento era devuelto. “Seis de cada diez se iban a la basura”, confirmó Michelena. Esto habría producido una pérdida mensual de 35 mil dólares, en el medio desde el cual la Revolución Ciudadana intentaba dar cátedra de periodismo a la prensa privada.
 
El nuevo gerente de los medios públicos también informó que el Estado paga ocho mil dólares mensuales por el arriendo del edificio de Diario El Tiempo, periódico que fue adquirido por El Telégrafo en 2015, por 1,5 millones de dólares.
 
Para completar el diagnóstico: EcuadorTv adquirió tres millones de dólares en equipos que están abandonados en una bodega de Quito. 
 
La premonición del desastre
 
“Sabemos que el Estado es un mal administrador. Peor la AGD. Entonces, (los bienes incautados) pueden perder valor comercial (…) Lo que menos nos importa es tener esos medios de comunicación. Nos importa mucho recuperar la plata que les robaron a los depositantes del Filanbanco”, dijo el entonces presidente Rafael Correa, a una semana de la incautación, en julio de 2008. La premonición se cumplió.
 
En 2009 el Fideicomiso-Medios valoró el cien por ciento de los paquetes accionarios y calificó a TC, el canal más rentable de aquella época, en 70 millones de dólares, y a Gama en 25 millones. El gobierno estaba fascinado con el dinero que podría obtener de la incautación.
 
Sin embargo, la empresa Analytica Securities, contratada para hacer la misma evaluación, determinó un valor comercial de 24 millones para TC y 7,8 millones para Gama. Este estudio fue desaprobado por los miembros de Fideicomiso, quienes dijeron que no era necesario tomar en cuenta el Riesgo País, ya que no iban a venderlos a una firma extranjera. Además, ya le habían comunicado al Presidente los valores anteriores, según las versiones recogidas en el informe DAAC-0268-2015 de Contraloría.
 
Con esas cifras infladas el gobierno ofreció a los empleados de los dos canales que invirtieran en los paquetes accionarios. Así la Revolución Ciudadana fortalecía su discurso contra lo que llamaron el monopolio de la prensa privada y proponía que los medios pasaran a manos de sus trabajadores. Nueve años más tarde, la realidad es otra.
 
“En nombre de todos mis compañeros, no queda más que reclamar el engaño que sufrimos al ser utilizados políticamente. Cuántas ocasiones se nos dijo que éramos dueños de un paquete accionario del que no hemos recibido ni un solo centavo, más bien nos ha creado problemas”. Fueron las palabras de Jorge Albán, secretario del Fideicomiso de Trabajadores de GamaTv, en una rueda de prensa al que fue invitado por Michelena para exponer la situación de los medios incautados y públicos.
 
En 2011, un grupo de 156 trabajadores de GamaTv recibió un préstamo de la CFN por 5,6 millones de dólares para adquirir un 22 por ciento de paquete accionario del canal. El monto lo pagarían con el usufructo de su trabajo. Pero ahora que se destapa la olla, Albán sabe que GamaTv tiene pérdidas. Teme que nunca podrán pagar ese crédito y les podrían embargar sus casas y bienes. 
 
La situación es la misma en TC Televisión. Los trabajadores adquirieron un crédito de 8,6 millones para comprar el 12 por ciento de las acciones, pero hasta ahora no reciben nada. Entre 2011 y 2014, el canal recibió beneficios por 11 millones de dólares, de los cuales debía entregar un millón al Fideicomiso de los Trabajadores para que saldaran la deuda con la CFN.
 
No obstante, un informe de auditoría demuestra que no se transfirió nada a los empleados. Tampoco les proporcionaron 715 mil dólares que se recaudó en publicidad en una franja horaria de los sábados que se cedió a los trabajadores. El dinero se esfumó.
 
Allí no acaba el problema, la nefasta e indolente administración en Gama Tv genera que algunos exempleados aún no reciban su liquidación y que la empresa esté atrasada seis meses el pago de obligaciones con el IESS.
 
La situación también es crítica en los otros medios incautados. Patricio Almeida, periodista de Radio Super K800, dijo que llevan dos meses de retraso en sueldos y 24 meses que la empresa no paga al IESS. “Nuestra radio también está quebrada y nadie nos da respuestas”, dijo en la rueda de prensa.
 
A pesar de que el gobierno de Correa escarbó en los estados financieros de todos los medios de comunicación privados que lo criticaban, nunca supo lo que pasaba en los canales que estaban en sus manos. Prueba de ello fueron Diario Hoy y Revista Vanguardia, medios cerrados luego de que se detectaron atrasos en las obligaciones con el IESS y pérdidas en los balances financieros.
 
El feriado en los incautados
 
Mientras los trabajadores no duermen pensado en cómo pagar la deuda, los ejecutivos de los canales incautados gozan de prebendas que quizá no habrían obtenido nunca con los Isaías. En un informe aprobado en mayo de este año, la Contraloría detalla cómo los directivos de GamaTv se incrementaron los salarios sin ninguna justificación. El Gerente General, por ejemplo, en 2012 se subió el sueldo de 8 a 12 mil dólares, y el Director Nacional de Deportes pasa de 6 a 9 mil dólares.
 
Para redondear el salario, también obtuvieron millonarios bonos. Entre 2011 y 2013, el Director Nacional de Noticias recibió ingresos adicionales por 94 mil dólares, sin justificación. Por si fuera poco, GamaTv gastó casi 200 mil dólares en arriendos de departamentos y casas para los directivos. Entre el 2014 y el 2015, el Director de Imagen tenía, al mismo tiempo, una casa y un departamento alquilados en Guayaquil, generándose un pago extra de 7 mil dólares.
 
En el departamento de Publicidad también gozaron de las mieles de la administración estatal. Según la Contraloría, varios ejecutivos de ventas cobraron 1,1 millones de dólares en comisiones pero nunca presentaron la justificación de dichos beneficios.
 
En TC también gozaron del feriado. Más de 700 mil dólares se pagó a directivos y empleados por aumentos de sueldo sin justificación, y más de 116 por bonificaciones. Además, el Gerente usó la tarjeta corporativa y gastó 113 mil dólares entre 2011 y 2013, monto que no pudo probar con facturas.
 
La danza de los miles de dólares sin control en los medios incautados es innumerable. Por ello, Michelena pidió a una instancia del Banco Interamericano de Desarrollo la cooperación técnica y financiera para emprender un proceso de auditoria en los medios públicos e incautados.
 
Los resultados de esta intervención, para saber la situación real de los medios públicos y privados, demorarán de cuatro a seis meses, pero el diagnóstico previo arroja un uso político y festín de los fondos públicos.
 
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