¿Quiénes son los responsables de los casos de abuso? | Vistazo

¿Quiénes son los responsables de los casos de abuso?

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¿Quiénes son los responsables de los casos de abuso?

Tristana Santos / [email protected] Martes, 10 de Abril de 2018 - 15:50
Una comisión especial de la Asamblea Nacional determinó la responsabilidad política de los exministros de educación Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel en los casos de abuso sexual en colegios. Fiscalía y Contraloría tienen hasta el 21 de abril para pronunciarse.
 
La fecha se acerca. El 21 de abril se cumplen los 30 días de plazo que tienen la Fiscalía y la Contraloría para anunciar si toman acciones contra los ex Ministros de Educación Augusto Espinosa (ocupó el cargo de mayo de 2013 a noviembre de 2016) y quien lo sucedió por seis meses, Freddy Peñafiel. La comisión ocasional Aampetra, de la Asamblea Nacional, creada para estudiar la crisis de casos de abuso sexual en el sistema de educación pública, encontró responsabilidad política en ambos funcionarios por su “negligencia y omisiones”. Espinosa ya no puede ser enjuiciado políticamente en la Asamblea pues ha pasado más de un año desde que dejó el cargo de Ministro. 
 
El actual Ministro de Educación, Fander Falconí, dijo que el informe “valida el camino” para desterrar el abuso sexual de las escuelas, y que sus recomendaciones serán implementadas de inmediato. Falconí reveló cifras actualizadas de los casos de abuso sexual contra niños: se han reportado 2.673 casos en escuelas desde 2014 hasta marzo de 2018. De estos, 1532 fueron cometidos por docentes; los demás corresponden a abusos de compañeros, conserjes, choferes o familiares. El Ministro Falconí ordenó que se vuelvan a revisar los sumarios administrativos archivados contra maestros acusados de abuso sexual. En los últimos cuatro años se archivaron 156 casos y a otros 106 profesores se les aplicó la sanción de “suspensión temporal”, en lugar de destituirlos. Otros agresores sexuales fueron multados con el 10 por ciento del salario mínimo y nunca fueron denunciados ante la Fiscalía.
 
¿Qué negligencias?
 
El informe de la comisión Aampetra detalla que bajo el mandato de Augusto Espinosa, el Ministerio de Educación cometió varias negligencias. La Ley de Educación ordena que todo caso de abuso sexual sea reportado a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, una oficina en el distrito de educación, que a su vez debe informar a Fiscalía. Sin embargo, muchos casos se quedaron represados en los colegios.
 
Cuando un niño reporta haber sido abusado, el profesional que lo escucha y escribe un reporte debe ser el psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). En este punto, hay dos fallas: primero, sólo el 54 por ciento de las escuelas cuentan con ese psicólogo, y segundo, según el informe, no hay evidencia de que los psicólogos hayan ayudado a detectar casos de abuso sexual, al contrario, en ocasiones es el mismo psicólogo el que encubre al “compañero” acusado. El Ministerio de Educación no tomó ninguna acción para monitorear la labor de los DECE.
 
Aunque hubo campañas sobre violencia sexual, no se realizaron evaluaciones sobre el impacto de esas campañas mientras las denuncias de delitos sexuales fueron en aumento.
 
El exministro Espinosa expidió un protocolo a seguir en caso de violencia sexual que ordenaba suspender inmediatamente al agresor. Sin embargo, este protocolo no se expidió mediante Acuerdo Ministerial, por lo que su cumplimiento no era obligatorio, quedó como una sugerencia que se podía cumplir o no.
 
La comisión Aampetra lleva el nombre de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, donde 41 niños fueron abusados por un docente que hoy está preso. Su misión: encontrar responsables de la crisis de abusos sexuales en colegios.
 
Espinosa tampoco dispuso la intervención ni auditorías de colegios donde se registraban crisis por abusos sexuales de maestros. En informe menciona uno en particular, donde la inacción fue evidente: el del colegio La Condamine, en Quito, conocido como “caso El Principito”, en el que un profesor de natación fue acusado de abuso sexual en 2014.
 
Documentos extraviados
 
A pesar de que existían concursos para seleccionar a maestros y autoridades, muchos fueron nombrados sin concurso y la validez de los concursos nunca fue evaluada. Nunca se desarrolló un sistema de registro y seguimiento de casos de abuso, de hecho no existe ningún expediente de abuso sexual de antes de 2014, cuando se eliminaron las direcciones provinciales de educación y se crearon los nueve Distritos Educativos en el país. Los expedientes sobre abuso de las antiguas direcciones provinciales de educación no fueron integrados al nuevo sistema. Fue un borrón y cuenta nueva. 
 
Por eso, cuando saltó el icónico caso del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, donde hay cuatro docentes acusados de abusar de niños para filmarlos y obtener material de pornografía infantil, el Ministerio de Educación no supo responder a la solicitud de información de la Fiscalía sobre el record de algunos docentes. Uno de ellos, Bryan Manzaba, fue despedido del colegio Dr. Luis Felipe Borja Pérez por golpear a un alumno en 2010, y se le abrió un sumario administrativo que ya no consta en el distrito.  
 
El informe de la comisión Aampetra parece una disección de todo lo que se hizo mal en el colegio réplica Aguirre Abad: la psicóloga que se enteró del caso de abuso sexual no lo reportó; la rectora, Patricia Cuenca, fue nombrada sin concurso y encubrió a los culpables; y cuando el caso llegó a la oficina del distrito, no lo reportó a Fiscalía.
 
Patricia Cuenca, como muchos otros rectores que hoy están en funciones, obtuvo el puesto por ser parte de la Red de Maestros, el movimiento creado desde el Ministerio de Educación para desplazar a la Unión Nacional de Educadores (UNE). Fue la Red de Maestros la que postuló a Augusto Espinosa como candidato a la Asamblea Nacional. 
 
Amparo Molina, representante de los padres de familia y veedora de las actividades de la Comisión Aampetra, dice que es hora de que se haga un “barrido” de los maestros. “Con este informe es hora de que el Ministro Falconí haga una verdadera depuración de los docentes. No sé qué es lo que aún le detiene la mano”.
 
La solicitud de los padres de familia cuyos hijos han sido víctimas de abuso sexual por parte de un maestro es clara: quieren justicia y reparación integral. “Que salga alguien en nombre del Estado y admita que hubo negligencias, que pida disculpas públicas, y que haya una reparación”, dice Molina. “¿Cómo se repara la vida de un niño o una niña violada? Nunca se logra totalmente, pero hoy la reparación material es nula porque la asume el culpable que está preso, que no tiene cómo pagarla. El Estado debe asumir la reparación material de las víctimas”.
 
 
((ENTRELÍNEAS))
 
“Los docentes puestos a dedo se encubren”
 
 
Héctor Muñoz, asambleísta de Suma, es miembro de la Comisión Ocasional Aampetra que encontró responsabilidad política en las “omisiones” del ex ministro de educación Augusto Espinosa. 
 
¿Qué es lo más grave que se encuentra el informe sobre Augusto Espinosa?
 
En este momento tenemos más de 5 mil autoridades educativas, entre rectores, directores e inspectores que fueron puestos a dedo, sin el debido proceso. Lo que pasó en el colegio réplica Aguirre Abad, en Guayaquil, donde la rectora aceptó que no había pasado por un concurso para estar en ese puesto, ha pasado en miles de colegios.
 
¿Se puede hacer un link entre esas 5000 autoridades educativas y los casos de abuso sexual?
 
Si es gente que no está capacitada, no tiene la experiencia ni la vocación para ser educador, ¿en qué manos están nuestros niños? Hay un fuerte espíritu de cuerpo entre esos docentes puestos a dedo, se protegen, se encubren no sólo casos de abuso sexual sino cualquier cosa, no quieren que se investigue lo que está detrás de todo esto. 
 
¿Y la responsabilidad es del ex Ministro?
 
Claro, la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la autoridad educativa es el Ministro, y que entre sus responsabilidades está tomar acciones inmediatas y evaluar los protocolos que se siguen en caso de abusos. Eso jamás se hizo. Ante la comisión Aampetra el mismo Augusto Espinosa aceptó que sabía que había unos 100 casos de abuso sexual al año, pero dijo que no quería hacer un show.
 
El también dice que esos casos se evidenciaron gracias por las políticas que él introdujo…
 
Entonces la pregunta es, ¿qué hizo su ministerio para frenar ese abuso sexual de docentes, para ayudar a las víctimas? El mismo reconoció que hubo falencias y negligencias. La responsabilidad política se da por la falta de acción y la omisión que tuvo como Ministro de Educación. Si es que también hay responsabilidad penal, lo debe determinar la Fiscalía.
 
El informe sale muy tarde…
 
Es absolutamente tardío. Se tenían los mismos elementos de juicio en noviembre de 2017. Si la presidenta de la Comisión Aampetra, Silvia Salgado (Alianza País), hubiese actuado con responsabilidad, se le hubiera hecho el juicio político a Espinosa en noviembre. Aquí hay un tema de encubrimiento.