Pensión alimenticia hasta los 24 años: ¿Un salvavidas para los NI-NI? | Vistazo

Pensión alimenticia hasta los 24 años: ¿Un salvavidas para los NI-NI?

María Belén Arroyo | marroyo@uio.vistazo.com Jueves, 06 de Febrero de 2020 - 15:43
Facebook
Twitter
Email
La reforma para extender hasta 24 años la edad para recibir la pensión alimenticia generó controversia. Pero la calentura no está en las sábanas. Los jóvenes de 18 a 24 fueron gravemente afectados por políticas estatales durante la Revolución Ciudadana, que excluyeron a miles de ellos de la educación superior gratuita.
 
Son más de 426 mil ecuatorianos. Tienen entre 18 y 24 años. Comparten algo en común: ni trabajan ni estudian. El total de la población Ni-Ni (así se los conoce) apenas disminuyó entre diciembre de 2013 y diciembre de 2019, según cifras oficiales que el INEC entregó a Vistazo. El problema es más visible en las ciudades que en el área rural. El desglose por provincias actualizado a diciembre de 2017 presenta sorpresas. Santa Elena, Sucumbíos y Esmeraldas son las tres provincias con mayor presencia del grupo Ni-Ni.
 
Una reforma legal, entregada por el Ejecutivo a las Asamblea en enero, propone extender hasta los 24 años el pago de las pensiones alimenticias para apoyar su carrera universitaria. Según el autor de la propuesta, el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES) Iván Granda, el objetivo es “Permitir que cerca de 60 mil jóvenes que en este momento no acceden a estudios por falta de recursos puedan hacerlo; y prevenir que otros 60 mil, que sí se encuentran estudiando, deban abandonar la educación superior por razones económicas”.
 
La tesis generó controversia y posiciones divergentes. En un extremo están quienes afirman que esto incentivará una generación de jóvenes irresponsables y mantenidos por sus padres divorciados. En el otro, quienes aseguran que los padres deben apoyar los estudios universitarios de sus hijos, aunque no vivan con ellos. Ambos razonamientos pueden tener su dosis de razón. Como en todo, hay matices. El fenómeno Ni-Ni es el resulta do de una combinación de factores, entre los que se encuentra la política nacional de acceso a la universidad pública que durante una década excluyó la obtención de un cupo a miles de aspirantes. Por tanto, hay una responsabilidad compartida desde el propio Estado.
 
 
Testimonios
Se llama Juan y tiene 31 años. Cuando era muy joven y se encontraba en una relación de pareja, ella se quedó embarazada; su familia le presionó para que se casara. “No estábamos listos, yo no ganaba lo suficiente”. Al rehusarse se le impidió acercarse al bebé. El caso terminó en juzgados de Familia.
 
Hoy, paga el 49 por ciento de sus ingresos por concepto de la pensión alimenticia de su hija, que ya tiene 10 años. “La he visto en contadas ocasiones, su mamá no me permite acercarme. No nos vemos mucho, porque esta relación se reduce al pago que yo debo hacer. Durante meses estuve desempleado y ahora debo entregar el valor que les debo (con intereses) porque durante ese tiempo no tenía ingresos”.
 
Juan es pesimista. Cree que la reforma legal “hará que crezca una generación de chicos interesados y hasta irresponsables”. Él recuerda haber crecido en un hogar sin padre: “Nos abandonó y mi madre trabajaba de sol a sol para educarnos a varios hijos”. Desde antes de tener los 10, buscaba trabajar durante las vacaciones. “Íbamos al campo, buscábamos qué hacer para poder seguir estudiando”. 
 
Juan sabe que existe la prisión por el no pago de pensiones alimenticias. “Esa reforma legal fue pensada para favorecer a una de las dos partes, la mamá. Cierto es que hay muchos hombres irresponsables, pero no se puede generalizar y por unos pocos pagamos todos”.
 
La otra cara de la medalla: Jorge tiene 22. No logró un cupo en una universidad pública. “Estudié en un colegio fiscal y mi mamá no pudo pagarme un curso privado de preparación para las pruebas de ingreso”. Buscó trabajo, mientras sus compañeros de colegio ya empezaron una carrera. No logra algo estable. Le piden experiencia laboral. “Reclamé porque tenía jornadas de 12 horas sin pago de horas extras y ahora estoy fuera. Sé que mi padre -que nos abandonó- tiene plata y podría ayudarme, pero no tengo manera de pedirle que me respalde mientras estudio en la universidad privada”.
 
 
Exclusión
Milton Luna Tamayo es académico e investiga la problemática educativa. Al preguntársele si es adecuada la reforma legal, advierte: “Es compleja una respuesta desde una perspectiva normativa. En la práctica, la carencia de empleo y de estudio hace que los hogares asumamos una cantidad de respaldos a nuestros hijos, hasta más allá de los 22 y los 24 años. Eso pasa en familias de clase media para arriba... Sucedió en España. Hijos de más de 24, rayando incluso los 30, no se van de la casa paterna. La crisis, la falta de empleo y la exclusión de los jóvenes redefinen los roles de las familias”.
 
Su planteamiento es más profundo. En su hipótesis, jóvenes excluidos de la educación y del mercado de trabajo pudieran haber sido uno de los actores preponderantes en las protestas de octubre de 2019. Se basa en varios argumentos: de los 1.192 detenidos durante el paro, según la Defensoría del Pueblo, el 72 por ciento tenía entre 15 y 29 años. “Estos jóvenes no protestaron de locos, pero sí deprimidos y angustiados”, escribe Luna Tamayo. A ellos, se les planteó que la exclusión fue producto de su propia responsabilidad, la mayoría asumió su “fracaso” en medio de cuadros psicológicos de depresión y culpa. “La vida perdió el sentido para cientos de miles de adolescentes y jóvenes”. Hace un llamado a una reflexión profunda y a medidas estructurales desde el Estado y la sociedad.
 
ANTES DEL EXAMEN. Las pruebas ENES se aplicaron durante el correísmo y fueron una barrera para el acceso a la universidad. Esta foto grafica el problema en 2014.
 
Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, estudió a fondo la reforma universitaria durante la década 2007-2017. Advierte que la prueba de ingreso (en un inicio llamada ENES, luego Ser Bachiller) “Obstaculizó de tal modo el ingreso a las universidades públicas, que el resultado fue aumentar la matrícula en las privadas”. Las cifras del aumento en la tasa de matrícula en centros privados constan en el libro “Las reformas universitarias en Ecuador 2009-2016: Extravíos, ilusiones y realidades”, del cual es coeditor.
 
Consultado sobre la reforma que busca extender las pensiones alimenticias, asegura que “Puede ser una ayuda, pero no para aumentar los ingresos sino para quienes ya logran ingresar a la universidad. Puede ser una medida para evitar la deserción de muchos estudiantes, que según los datos disponibles lo hacen por presiones del mercado de trabajo y por la necesidad de obtener ingresos”.
 
Ospina sugiere una política de becas gubernamentales, “En lugar de gastar en becas para posgrados en el exterior, el Gobierno podría extender becas de manutención a estudiantes de tercer nivel de los dos primeros quintiles de ingreso para que se mantengan en la universidad”.
 
Al cierre de esta edición, los estudiantes del último año de colegio en el régimen Costa rendían la prueba Ser Bachiller, que justamente es uno de los requisitos para la obtención de un cupo en las universidades públicas. En medio de denuncias porque se habría filtrado el contenido del examen, beneficiando a un grupo, empezaban las protestas. Según cifras no oficiales, en cada ciclo de estudios, cien mil bachilleres se quedan relegados de los estudios superiores.