Para los pueblos indígenas amazónicos, la COVID-19 significa el riesgo de desaparecer | Vistazo

Para los pueblos indígenas amazónicos, la COVID-19 significa el riesgo de desaparecer

Ecuador Chequea Jueves, 18 de Junio de 2020 - 19:49
Facebook
Twitter
Email

* Artículo producido en colaboración con Ecuador Chequea.

La situación de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el contexto de la pandemia, es compleja. Las comunidades originarias están en una situación de mayor vulnerabilidad por las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación en el acceso en general a los bienes y servicios de la sociedad. Ante la crisis se han activado iniciativas para enfrentar al nuevo coronavirus. Pero se precisan políticas y estrategias públicas con pertinencia cultural para la prevención y atención oportuna.

En Ecuador, la población indígena bordea el millón de personas. En el país habitan 14 nacionalidades. En América latina, esta población suma 45 millones de personas. Hay 826 pueblos distintos, de los cuales unos 100 tienen carácter transfronterizo; es decir, residen en al menos dos países de la región, según el informe del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

Población indígena por país. Fuente: CEPAL.

Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del FILAC, señala cuatro razones que colocan a los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad extrema:

1.    Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial tienen sistemas inmunológicos frágiles.

2.    En la región hay 100 pueblos que van de un país a otro por cuestiones laborales. Las prohibiciones de movilización complican su situación.

3.    Pueblos que están en las zonas rurales y tienen escaso acceso a servicios de salud. Sumado a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado la presencia de altos índices de diabetes y otras enfermedades en pueblos indígenas expulsados de sus territorios.

4.    Las poblaciones indígenas en contextos urbanos presentan mayores niveles de hacinamiento, y por ende, pocos servicios sanitarios.

La situación es crítica. “En estos momentos casi tenemos la certeza de que ciertos pueblos están en enormes riesgos incluso de desaparecer”. El número reducido de miembros es la razón principal. “Hay pueblos que tienen solo 700 habitantes, y en una situación con una alta tasa de contagio. Hay una zona en Bolivia que solo tiene 800 habitantes”, expresó Cunningham.

El 3 de abril se conformó la Plataforma Indígena regional de Lucha contra la COVID-19. Está integrada por 19 países con el objetivo de incidir en los gobiernos y tener mayor protagonismo en los comités de Emergencia y generar acciones con pertinencia cultural. Ecuador es parte.

La representante del FILAC señala que en algunos países la respuesta de las autoridades se acerca a los planteamientos de los pueblos indígenas. “Hay una experiencia importante en México, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas montó un observatorio y están recogiendo información con desagregación étnica. En la mayoría de los países de América Latina no se ve una coordinación entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, pese a que se han presentado exigencias de los pueblos para enfrentar esta pandemia”. 

Los únicos dos gobiernos que recogen datos con desagregación étnica son México y  Brasil, según la Representante del FILAC. En otros, las cifras se compilan mediante sistemas de monitoreo propios. Ese es el caso de Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) cuenta los casos de COVID-19 en las nacionalidades de la región amazónica y hasta el 31 de mayo contabilizó 215. El Ministerio de Salud Pública (MSP) no desagrega los datos para identificar cuáles pertenecen a comunidades indígenas.

Pero desde las mismas comunidades se alertó a las autoridades antes de que se confirme el contagio. Por ejemplo, desde el 17 de abril en el territorio Siekopai, provincia de Sucumbios (Amazonía), con 700 miembros se pidió la aplicación de protocolos. Sucede que el 14 de ese mes un adulto mayor falleció con sintomatología asociada a la enfermedad. El 1 de mayo la nacionalidad Siekopai (Secoya) exigió al Gobierno medidas urgentes y pidió a los organismos internacionales de Derechos Humanos permanecer vigilantes. Un día después, el 2 de mayo se confirmó la presencia del nuevo coronavirus. El MSP aplicó 42 pruebas rápidas, de las cuales 14 resultaron positivas. Se usó una prueba PCR que también dio positivo.

El 1 de junio, falleció otro miembro de esta nacionalidad por la COVID-19, tras varias semanas en terapia intensiva. Eduardo Payaguage tenía 59 años, fue uno de los primeros profesores siekopai, oriundo de Sucumbíos. En un comunicado emitido el 2 de junio, de los Siekopai exponen que: “ante la insuficiente acción del Estado central y seccional, ha sido nuestra propia gestión y el apoyo de las organizaciones aliadas aquello que nos ha permitido conseguir alimento para nuestros compañeros y pruebas para ser aplicadas en nuestras comunidades”.

No son casos aislados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el 30 de mayo "alarma" por la propagación del nuevo coronavirus en los pueblos indígenas amazónicos de Ecuador, donde se registrarían más de una decena de muertes vinculadas. "La CIDH expresa alarma por la propagación de covid-19 entre los pueblos indígenas amazónicos Kichwa, Waorani, Achuar, Shuar, Siekopai y Shiwiade", publicó el organismo en su cuenta de Twitter. HHHHHH

Desde hace varias semanas Ecuador Chequea buscó vocería del MSP para conocer las medidas y protocolos específicos que se aplican para atender a las poblaciones indígenas. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

El 11 de junio, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional convocó a 5 secretarios del Estado para que expliquen las acciones realizadas durante la pandemia por el covid-19 en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, afroecuatorianos y montubios. Entre las autoridades convocadas constan los Ministros de Gobierno, María Paula Romo, de Salud, Juan Carlos Zevallos. También la ministra de Educación, Monserrat Creamer; Gerente de CNT, Martha Moncayo y el Ministro de Inclusión Social, Iván Granda. Este llamado fue a raíz de que el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas acudiera ante la Comisión de Derechos Colectivos.